Euskadi gestionará los permisos de trabajo de extranjeros desde el 1 de julio y podrá emitir alertas meteorológicas

Los Gobiernos central y vasco han firmado a primerísima hora de este jueves en Madrid, con un ligero retraso por motivos de agenda, la transferencia a Euskadi de las competencias plenas de meterología y una nueva materia que incrementa los poderes autonómicos en materia de inmigración, la gestión de los permisos de trabajo desde el 1 de julio. De momento, no hay ni acuerdo económico ni de traspaso de funcionarios porque, técnicamente, no ha sido una “comisión mixta” sino una “comisión bilateral”. Esta parte se cerrará “de modo telemático” y “en los próximos días”, según fuentes del Ejecutivo vasco.

En el caso de meteorología, ya coexistían la agencia estatal, Aemet, y la autonómica, Euskalmet. Han operado juntas desde hace años sin un traspaso como tal. Ahora se ha cerrado una “delimitación” de funciones, qué puede hacer cada cual. También debería haber un acuerdo económico que reporte a Euskadi ciertos fondos adicionales que, hasta ahora, tenía que aportar de recursos propios para costear su servicio meteorológico. Este dato se ofrecerá en la comisión mixta, indican las fuentes consultadas.

“Tras las inundaciones de 1983, el Gobierno vasco creó su propio sistema de predicción y previsión meteorológica, Euskalmet, y desde entonces la agencia estatal de meteorología -Aemet- y la vasca han operado de forma concurrente en Euskadi. Tras el acuerdo hoy firmado, quedan delimitadas las competencias y relaciones en materia de meteorología, fomentándose una mayor colaboración y coordinación entre ambas. Esta competencia será gestionada por el Departamento de Seguridad”, ha explicado el Ejecutivo vasco también. Entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre lo acordado está que Euskadi “podrá emitir avisos y alertas de impacto meteorológico”. “El traspaso tiene una vinculación directa con las políticas de prevención de catástrofes naturales y también con la lucha contra el cambio climático”, entiende la parte vasca. Como ya se había explicado, Euskalmet tendrá voz en organismos internacionales. Son la Organización Meteorológica Mundial, el Foro de Usuarios Copernicus, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo o el Grupo de Observaciones de la Tierra, se ha indicado. “Euskadi tendrá voz propia y una presencia mayor en las instituciones europeas y en las instituciones internacionales”, ha señalado el Gobierno vasco.

El traspaso incluye la cesión de la antigua sede de Aemet en Donostia, Villa Etxaide Borda. “Euskadi formará parte del Observatorio Histórico de Igeldo, estación que perteneció a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que estrenó sede en 1905, y su fundador fue el jesuita Juan Miguel Orcolaga de Hernani. En 1940 se integró en el Servicio Meteorológico Español y ahora Euskadi volverá a ser partícipe de este centro centenario que se dedica a la observación meteorológica, así como a la observación fenológica”, se ha indicado también.

Esta comisión “bilateral” y no “mixta” -el matiz es muy relevante, porque no es definitiva, aunque se había publicitado como tal por parte de la delegación vasca- se ha celebrado en medio del debate sobre la “delegación” de las competencias de inmigración a Catalunya acordada entre el PSOE y Junts. El Gobierno vasco ha mostrado su “interés” por ese pacto y “por supuesto” que estaría dispuesto a incrementar sus poderes en esa materia, aunque ya han ido produciéndose acuerdos relacionados en estos meses y, además, con carácter de “transferencia” y no de “delegación”, es decir, definitivos. Uno de ellos es precisamente el de los permisos de trabajo. Se hará efectivo el 1 de julio.

Se ha explicado que ahora el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) podrá complementar todo el proceso formativo y de orientación con la tramitación de los permisos. “Servirá para poder completar los criterios de acogida” de las personas migrantes y “facilitar su integración”, ha explicado la consejera Ubarretxena.5.000 personas no han podido completar el proceso de inserción laboral en Lanbide por la ausencia del último trámite.

Se ha indicado que Euskadi “calificará las autorizaciones de trabajo por diferentes motivos, como la cura de la enfermedad, por motivos de estudio o servicios de voluntariado o actividades formativas”. Mientras, el Estado “podrá participar en las contrataciones en origen y el Gobierno vasco se encargará de verificar algunos asuntos para luego facilitar la obtención del permiso de residencia que emite el Gobierno central”. La competencia recae en la parte socialista del Gobierno vasco.

La comisión “bilateral” que ha formalizado los acuerdos ha estado copresidida por el ministro Ángel Víctor Torres y por la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que también es la portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales. Han participado también, del lado estatal, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia y, del lado vasco, el vicelehendakari Mikel Torres y los consejeros Bingen Zupiria y Noël d'Anjou, entre otros altos cargos.

Estas dos transferencias, ya cerradas políticamente desde semanas atrás pero aún no firmadas definitivamente, se enmarcan en el acuerdo alcanzado por el PNV con Pedro Sánchez en puertas de la investidura de 2023. Entonces se estableció 2025 como la fecha para completar definitivamente el Estatuto de 1979. En este tiempo se han ido formalizando otros acuerdos, tales como la gestión de Cercanías -aunque el operador continúa siendo el estatal, Renfe-, de la gestión del litoral de las ayudas a la cinematografía o de temas asociados a la política migratoria como la más atribuciones de acogida, la homologación de títulos académicos obtenidos en el extranjero -paralizada por un recurso judicial- o la mayor presencia de la Ertzaintza en puertos y aeropuertos. El gran asunto pendiente es el régimen económico de la Seguridad Social, incluidas las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y las materias pendientes de la Inspección de Trabajo. Nunca se ha cedido antes a una comunidad autónoma.

Asimismo, el PNV y los socialistas vascos discrepan sobre el alcance de otras materias como la gestión de puertos y aeropuertos, ya que la Constitución blinda para el Estado las infraestructuras de “interés general”. En Catalunya se han creado dos redes de aeropuertos, una autonómica con las instalaciones de menor relevancia, y otra en manos de Aena, incluido el Josep Tarradellas-El Prat. En cuanto a los puertos, todos salvo los de Bilbao y Pasaia ya están en manos autonómicas y, en esos dos casos, la Administración vasca propone a sus gestores, que históricamente han estado vinculados al PNV. Los nacionalistas estiman en 25 las competencias pendientes.