Euskadi implantará en 2024 una nueva ayuda para la emancipación juvenil y quiere volver a niveles salariales de 2010

Euskadi ha presentado este martes su estrategia “para favorecer la emancipación juvenil” desde una doble constatación. Por un lado, la edad media para vivir de modo independiente supera los 30 años, cuatro más que la media de Europa. Y, por otro lado, el salario neto medio para este colectivo es de 1.297 euros cuando era de 1.424 euros en 2010, hace doce años. El plan tiene también dos retos, bajar a los 29 en 2025 y a los 28 en 2030 la edad de emancipación y, en cuanto a la renta, recuperar esos 1.424 euros aunque el equivalente actual de esa cantidad, actualizada con la inflación, superaría ya los 1.800 euros. Para lograr estos objetivos se ha diseñado una batería de medidas. Algunas de ellas son nuevas, como una nueva renta diferenciada de la RGI (renta de garantía de ingresos) y del IMV (ingreso mínimo vital), específica para lograr la emancipación. Otras muchas, en cambio, ya estaban presentadas, como la subida a 300 euros de las ayudas del programa de alquiler Gaztelagun -que de hecho ha visto disparada un 62% su demanda-, la flexibilización de los requisitos de la RGI para personas jóvenes, el programa Trapezistak o las ayudas de 200 euros mensuales por hijo durante tres años para fomentar la natalidad.

El documento ha sido presentado tras el Consejo de Gobierno por el 'consejero' de Juventud, Jonan Fernández, que ha acompañado al portavoz, Bingen Zupiria. No es habitual que miembros del gabinete que no tengan ese rango comparezcan en la rueda de prensa semanal, aunque no es la primera vez que interviene en este foro Fernández. Eso sí, es su estreno como máximo responsable de estas políticas. Es el hombre para todo del lehendakari, Iñigo Urkullu, con quien ha ejercido como responsable de derechos humanos o de coordinador de las medidas contra la COVID-19. Fue en septiembre cuando se decidió sacar las políticas de Juventud del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para darles mayor rango y transversalidad desde Presidencia. Se han adscrito a la oficina responsable de la Agenda 2030, que es la cartera actual de Fernández. La exconsejera del ramo, Beatriz Artolazabal, admitió que hasta ahora el enfoque había estado centrado en la asociación de “juventud y tiempo libre”.

El diagnóstico del plan afirma que la emancipación tardía genera “trastornos” en los proyectos vitales y también en las tasas de natalidad. Es una causa más del envejecimiento de la población. La “edad deseable” es de 24,5 años y la real supera esos objetivos en seis o más años. La dificultad de acceso al mercado de la vivienda y la precariedad laboral son dos “obstáculos” que explican este problema. Euskadi plantea un pacto “intergeneracional” para atender las demandas de la juventud, un término que ya se suele emplear con los acuerdos para garantizar el sistema de pensiones de las personas mayores.

El primer pilar del plan es el empleo. Con todo, se establece como “meta” para los jóvenes “recuperar” niveles de renta de 2010 -200 euros más que la actual pero 400 por debajo de la inflación- y “aumentar la tasa de quienes tienen más de 600 euros”. Se estima, en todo caso, que no solamente hay un problema de salarios sino también de condiciones y parcialidad. Se desea un acuerdo en los foros de diálogo social para garantizar la “calidad” del empleo juvenil y se promete dotar específicamente con 82 millones de euros un “plan de choque” específico para este colectivo que debería desembocar en la “creación de 13.500 empleos en el período 2023-2024”. El segundo eje es la política de vivienda. Además de continuar con Gaztelagun, se plantea que “en todas las promociones públicas de vivienda” se aplique una reserva del “40%” para menores de 36 años o incentivar el “cohousing” y el “coliving”, así como la “masovería”, es decir, reducciones de rentas de alquiler a cambio de rehabilitación de una finca.

Sin embargo, la medida más novedosa es la apuesta por la creación de una nueva prestación específica para la emancipación ideada para personas de 25 a 29 años. Cuando se reformó la RGI y Elkarrekin Podemos-IU demandó más facilidades para que todos los mayores de 18 años accedieran a ella en caso de necesidad, el Gobierno de PNV y PSE-EE aceptó algunos retoques pero quiso remarcar que la RGI no debía convertirse en una ayuda a la emancipación. Este modelo es “incompatible” con ella -y con el IMV-, según recalca el Gobierno, y ha de establecerse su compatibilidad con las tres ayudas al alquiler vigentes, PCV, PEV y Gaztelagun. Se avisa de que se pedirá un “período previo de empadronamiento” que aún no se precisa, que las ayudas “tendrán una duración máxima acotada en el tiempo”, que habrá que acreditar una “renta mínima” para cobrarla -y no exceder de una máxima- y que, si se solicita en pareja o con amigos, implicará una “minoración” por hogar. No se ha ofrecido una estimación presupuestaria ya que es una medida “pendiente de estudio previo”. La idea es “activarla a lo largo de 2024”. Todas las prestaciones autonómicas de vivienda son en la actualidad de 275 euros mensuales y subirán a 300 este próximo mes de enero.

Asimismo, se alude a la “puesta en marcha de GAZ”, un servicio “online y presencial” de “información, orientación, intermediación y asesoramiento y acompañamiento integral”. Se da la circunstancia de que desde 2014 ya existe la ventanilla Gazte BizHitza. Sobre este servicio, este periódico publicó un informe que mostraba que la Dirección de Juventud del Gobierno vasco gastó entre 2014 y 2017 151.438,53 euros en la promoción del programa, aunque apenas 1.834 personas recurrieron a él.

Preguntado por los periodistas por las muchas medidas del plan que ya eran conocidas, Fernández ha respondido que ello no supone un problema: “Afortunadamente no partimos de cero. Por lo tanto no ha sido idea de esta estrategia plantearlo como si fuera un folio en blanco. El criterio rector es compactar en un mismo plan iniciativas que ya están en marcha o previstas con nuevas actuaciones. Por citar alguna nueva actuación, destacaría la ayuda a la emancipación”. Sobre que el objetivo sea llegar a un nivel de renta ya alcanzado en 2010, ha añadido: “Es un plan a 2030 con objetivos por etapas. En materia de empleo y de renta esperemos que las ayudas contribuyan a alcanzar los objetivos”.