El Parlamento Vasco al fin ha aprobado, 31.848 días después del golpe de Estado de 1936, la primera ley de memoria histórica de Euskadi. Ni su tramitación ha sido sencilla ni sus precedentes habían resultado exitosos. Pero a las 11.18 horas ha sido recibida entre aplausos. “¿Histórico? No. Muy histórico”, ha señalado al término de las votaciones Josu Ibargutxi, portavoz de una plataforma de víctimas. La normativa que ahora ha sido promulgada va completando las políticas de reparación a diferentes colectivos que han sufrido vulneraciones de derechos humanos, como las víctimas de ETA y de otros terrorismos (amparadas por ley en 2008) o de las de violencia policial (en 2016). El texto ha concitado el apoyo de 68 de los 75 parlamentarios vascos, es decir, los de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Pero también se ha llevado el ‘no’ rotundo de las derechas, de PP, de Ciudadanos y de Vox, que han argumentado que el texto olvida a las víctimas del bando franquista y a las de ETA.
La relevancia del hito parlamentario se ha demostrado al término del debate, cuando en el vestíbulo del hemiciclo el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha bajado a saludar una por una a las víctimas invitadas e incluso ha pronunciado unas palabras de satisfacción. Luis María Ormazabal, militante del PCE de 98 años, era probablemente el mayor de todos ellos. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha destacado que es una ley “patrimonio común” de los demócratas vascos.
El texto visado hoy por el pleno de la Cámara lo propuso en 2021 el Gobierno. Lo hizo la entonces consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, predecesora de Melgosa. Sin embargo, en 2022 se conoció que el texto que estaba trabajando el Parlamento era diferente al presentado por el Ejecutivo. Aunque el Gobierno de Iñigo Urkullu tenía asegurada la aprobación con su mayoría absoluta, en febrero se anunció un acuerdo para aceptar enmiendas de la coalición que incluye al PCE, Elkarrekin Podemos-IU. Y, antes del verano, trascendió igualmente que EH Bildu se sumaría también.
Sin embargo, la ley de memoria histórica no figuraba en el calendario legislativo de la primera legislatura de Iñigo Urkullu. En la segunda, el “borrador” se presentó tan al final del mandato que no dio tiempo a tramitarla. Además, en ese cuatrienio 2016-2020 los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, entonces de la mano de la derecha, tumbaron una iniciativa legislativa popular de las asociaciones memorialistas y, después, un texto similar fue asumido por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU (entonces también con Equo) e igualmente no prosperó. Tampoco se dio el visto bueno a una propuesta más concreta para anular los procedimientos judiciales de la represión franquista, aunque aquí al PNV se le desmarcaron los socialistas y un parlamentario muy singular, el sobrino del lehendakari José Antonio de Aguirre, Iñaki.
La ley recoge, por ejemplo, sanciones económicas (administrativas) por la exhibición de propaganda que enaltezca la sublevación y la dictadura. Van de 200 euros en lo casos más leves hasta 150.000 euros en los muy graves. ¿Qué supuestos son esos? La destrucción de una fosa, la ocultación de documentación que pruebe la vulneración de derechos humanos o el ataque a monumentos en homenaje a las víctimas. Pero estará penado igualmente la realización de actos, homenajes o similares. Además, se promete que el Instituto de la Memoria (Gogora) actuará de forma “proactiva” para que las víctimas busquen respuestas de la Justicia ordinaria. Todas ellas tendrán derecho a un documento “personalizado” que reconozca su estatus.
El portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, que se ha despedido del Parlamento para centrarse en su labor de portavoz en Álava, ha querido enfatizar que “el de hoy no ha sido el primer paso” en materia de memoria histórica. “Euskadi ha sido siempre pionera, desde principios de la década de 1980”, ha enfatizado. “Estaba tardando en llegar”, ha apostillado el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, que ha considerado que la normativa nueva autonómica está “alineada” con la estatal.
El secretario general del PCE y parlamentario de IU, Jon Hernández, ha sido el negociador de su coalición en esta tramitación legislativa. Ha lamentado que el PP, al que ha calificado como “heredero del franquismo” porque su fundador fue Manuel Fraga, ministro del dictador, no se haya sumado al pacto. “Parece que no están dispuestos a romper con su pasado oscuro”, ha señalado. Elkarrekin Podemos-IU ha puesto en valor que han logrado “catorce” mejoras al texto. Destacan, por ejemplo, la “reparación económica” de las víctimas y que no esté sujeta a disponibilidad presupuestaria o a la voluntad política del Gobierno de turno. Asimismo, se felicitan por que sean víctimas no solamente los fallecidos, sino los “guerrilleros antifranquistas”, los heridos “supervivientes” o incluso los “voluntarios internacionalistas”. Asimismo, se apunta a la consolidación de un banco de ADN con recogida de muestras gratuitas para incidir en las identificaciones de desaparecidos. La cuarta pata del acuerdo, EH Bildu, ha lamentado que el texto “podía haber sido más ambicioso” pero ha considerado positivos los avances logrados. Julen Arzuaga ha citado a 17.000 represaliados vascos, incluidos los de Navarra.
Desde las bancadas de la derecha, el PP ha querido dejar claro que rechaza el franquismo. “La Constitución española es la mejor condena del franquismo”, ha señalado Carmelo Barrio. También lo ha manifestado así Ciudadanos: “En eso, por supuesto, estamos completamente de acuerdo”. Pero han coincidido en que en Euskadi no puede haber leyes de memoria sin menciones a ETA, aunque ya exista un marco propio. “Les voy a pedir un favor: dejen de utilizar a las víctimas”, les ha respondido el socialista Andueza, que ha citado a Consuelo Ordóñez, de Covite, que pidió expresamente un reconocimiento para las víctimas del franquismo.
Vox, con quien el PP pacta derogar leyes de memoria histórica como la de Cantabria, ha ido un paso más allá y ha considerado que la norma es “selectiva” porque obvia la represión republicana. Pero, en sus ejemplos, ha citado como “olvidado” a Ramiro de Maeztu, que en su Vitoria natal tiene una calle e incluso un colegio. Es más, el actual Parlamento fue la anterior sede de esta histórica institución educativa. En la capital vasca también queda un escudo franquista en el edificio gubernamental de Olaguíbel, ahora en obras, y una calle dedicada al segundo alcalde de la dictadura, José Lejarreta.
“Que nadie crea que esto es el final. Es el inicio. Pedimos que se aplique mañana mismo”, han enfatizado las víctimas tras la votación. No será posible. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y, según fuentes del Gobierno, aún no hay un calendario definido. Pero, indubitadamente, no volverán a pasar 31.848 días.
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