Euskadi se limita a prometer el fin “progresivo” de las cuotas de la concertada que llevan décadas prohibidas

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, se ha limitado a prometer medidas “progresivas” para garantizar que los colegios privados que reciben fondos públicos no cobren cuotas, una práctica prohibida desde hace décadas pero que sigue muy vigente en Euskadi, la comunidad con mayor proporción de enseñanza concertada. Es el único compromiso adquirido en el Parlamento Vasco ante las peticiones expresas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para que se garantice ya la gratuidad de la concertada de modo que los pagos encubiertos no generen una barrera para segregar en la pública al alumnado con menor nivel socioecónomico.

Sin criticar en ningún momento a los centros que mantienen estas prácticas, Bildarratz ha asegurado que no son ciertas las conclusiones de un informe publicado por este periódico que indicaba que en Euskadi las cuotas habían subido un 60% desde 2020 y que estaban ya en 160 euros mensuales de media. Además, ha dado a entender que es responsabilidad de la Administración darles más recursos a los colegios privados para que tengan los medios “necesarios” y no tengan que recurrir a otro tipo de financiación. “Estamos ante un proceso progresivo. Debe dotarse a todos los centros de los recursos necesarios. Vamos a seguir dando pasos para cubrir el coste de la prestación efectiva”, ha replicado Bildarratz ante las preguntas de Ikoitz Arrese (EH Bildu) e Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU).

“Las cuotas deben desaparecer ya”, ha exigido Ikoitz Arrese desde la bancada abertzale. EH Bildu demanda que el Ejecutivo cumpla cuatro puntos básicos en torno a la concertada: un análisis del coste real de cada plaza, la puesta en marcha de una inspección especializada, que se supervisen las actividades complementarias que sí son susceptibles de tener un coste adicional y que en ocasiones se han empleado como cuotas encubiertas y auditorías a todos los centros que reciban fondos públicos.

Elkarrekin Podemos-IU ha encajado como “sorprendente” el discurso de Bildarratz porque “desde el siglo pasado”, en referencia a dos disposiciones estatales de 1985 y 1987, el cobro de cuotas está prohibido en tanto que los conciertos cubren una demanda de un derecho básico no atendida por falta de plazas en la red pública, que es la principal. “Han pasado casi 40 años y las cuotas están cada vez más fuertes. Y el Gobierno sigue dándoles dinero. Siguen impunes. Si no se pone ya en marcha un mecanismo de control, Educación será cómplice del mal uso del dinero público”, ha enfatizado. González ha mencionado también el caso de la ikastola Zubimusu de Villabona, que tendrá que devolver 140.000 euros que en su día recibió para concertar dos aulas en las que se había inflado la matriculación para obtener la financiación.

Este debate tiene su relevancia política ya que el Gobierno ha pactado tanto con EH Bildu como con Elkarrekin Podemos-IU las bases para la reforma educativa. Particularmente la segunda coalición ha sido muy beligerante con la necesidad de primar a la escuela pública en el nuevo modelo e incluso ha amagado con romper el acuerdo, cerrado en abril, si no es así. Bildarratz ha indicado que el proceso de reforma de la ley avanza y que ya se han recibido 25 alegaciones de los agentes sociales al borrador que trascendió en septiembre.