Euskadi mantendrá unas 25 viviendas para funcionarios de Prisiones en Basauri y una residencia en Martutene

Uno de los puntos del acuerdo transitorio sobre los alrededor de 700 funcionarios que serán transferidos a Euskadi este viernes, en el que la comunidad autónoma asumirá la gestión de Prisiones recogida en el Estatuto de 1979, es que el personal que disponga ahora de vivienda en los centros penitenciarios pueda continuar disfrutando de ella hasta que venzan las condiciones aunque ni se adjudicarán en el futuro más pisos ('pabellones', como son conocidos) ni es una fórmula exitente en la Administración vasca. Según fuentes de ACAIP-UGT, que es el sindicato mayoritario entre estos trabajadores ahora todavía dependientes del Estado, la medida afecta fundamentalmente a unas 25 viviendas adscritas al centro de Basauri, puesto que las del antiguo penal de Nanclares de la Oca se cerraron ya este año por estar en malas condiciones y en Martutene hay una residencia rotatoria y no pisos como tales, y además se clausurará cuando en 2023 se inaugure el nuevo complejo de Zubieta.

Este sindicato incide en que ha sido un punto que han llevado a la mesa de negociación porque son derechos laborales adquiridos y de cierta relevancia porque “el 85%” del personal de las cárceles vascas es de otros lugares de España y se desplazan desde allí para sus turnos. Además, remarcan que los beneficiarios abonan por ellas un canon mensual de unos 150 euros. La premisa de esta central ha sido la de que se mantengan todos los compromisos previos al menos durante dos años hasta que se negocio un marco propio para Euskadi. ELA y CCOO, por el contrario, no han avalado el pacto, mientras que LAB ni siquiera se sentó en la mesa.

El modelo, similar salvando las distancias al de las casas-cuartel de la Guardia Civil, es ajeno al de la Administración autonómica, que no ofrece en ningún caso esos servicios ni en la Ertzaintza ni en ninguna otra área. El compromiso del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que es el competente en materia de Prisiones y que está dirigido por Beatriz Artolazabal, pasa por que las dos docenas de funcionarios con pisos en Basauri sigan en ellos hasta que finalicen las concesiones, ya sea por jubilación, por traslado o por otra circunstancia. Después se destinarán esas casas a otros usos penitenciarios, según fuentes del Gobierno vasco. ACAIP-UGT estima que en no más de “cinco o seis años” el modelo ya habrá desaparecido del todo.

En Martutene la residencia -ideada como alternativa al mercado libre para el personal en tiempos de amenaza de ETA- cerrará sus puertas como toda la cárcel, en 2023, cuando se produzca el traslado a Zubieta, ya diseñado sin estos pabellones. Las obras de este recinto ya están en marcha después de años desde que se anunciara. En el caso de Zaballa, también moderna, no tenía viviendas pero se mantuvieron hasta 2021 -diez años- los pisos de la antigua penitenciaría de Nanclares de la Oca, aun con graves deficiencias de mantenimiento. En diciembre de 2020 estalló una caldera y cortó los suministros en pleno invierno y, finalmente, el Gobierno central decidió retirar las concesiones. En 2019, 170 de los 290 trabajadores residían allí. No obstante, las instalaciones viejas también están incluidas en la transferencia y el Gobierno vasco aún no ha decidido su destino.