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Euskadi muestra su “apoyo incondicional” al primer sector: menos protección del lobo y control de precios antes de las elecciones

La consejera Tapia, con los diputados Arruti, Barredo y Atutxa, este miércoles en Vitoria

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, con importantes competencias en la materia, han querido escenificar este miércoles un “apoyo incondicional” al primer sector como reacción a las movilizaciones que “de modo organizado o no organizado, con sindicatos o sin sindicatos”, se están sucediendo en Euskadi, en España y en Europa. “No estamos dispuestos a dejarles solos ante las dificultades”, ha solemnizado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, acompañada de los titulares de la cartera de Agricultura en Álava, Amaia Barredo, en Bizkaia, Arantza Atutxa, y en Gipuzkoa, Xabier Arruti, todos del PNV. Las cuatro instituciones han consensuado un documento con diez objetivos y medio centenar de medidas, algunas de imposible cumplimiento en lo poco queda de legislatura vasca como una nueva ley de Agricultura Familiar. El plan, sin memoria económica concreta aunque Tapia ha destacado los 176 millones en ayudas en cuatro años (68 solamente en 2024), tiene compromisos tan variados como reducir la protección del lobo o aprobar ya en abril el decreto para reforzar las inspecciones de precios de la cadena alimentaria, pasando por programas de relevo generacional, promesas de incentivos fiscales o “armonizar” las políticas ambientales y contra el cambio climático con los intereses del sector.

“Sus retos también son los nuestros”, ha señalado Tapia, que ha querido repetir que el documento no es un “catálogo de ayudas” sino un plan de largo recorrido que da continuidad al trabajo ya realizado y que plantea soluciones “estructurales” desde la “unión institucional”. La consejera, que en su amplia cartera tiene también las competencias de Agricultura, ha prometido “mil reuniones” con el sector. En el caso de Álava, el territorio con más peso del primer sector, incluso se han planteado ya encuentros con los colectivos asindicales que están sacando sus tractores a la calle en Vitoria o en la Rioja Alavesa, la comarca vinícola por excelencia.

El plan arranca con una reivindicación competencial. Euskadi sostiene que ni Bruselas ni Madrid han permitido a las regiones más poder de decisión en la denominada PAC (la política agraria común). “La recentralización que han tenido en el diseño y la gestión de las políticas agrarias estos últimos diez años va en sentido opuesto a los marcos que necesitan las administraciones agrarias de Euskadi para simplificar y dar respuesta a las necesidades reales del sector”, apuntan los Gobiernos vasco, alavés, vizcaíno y guipuzcoano. También se reclama al Estado la transferencia plena de la competencia de seguros agrarios. En principio, el compromiso del Gobierno de España es cerrar todos los temas pendientes del Estatuto de 1979 en el plazo de dos años.

El documento parece atento a las peticiones del sector de las últimas semanas. Por ejemplo, Tapia ha planteado que los productos importados tengan “los mismos requisitos” que los de producción local. En el plan se menciona la ley autonómica de cadena alimentaria, que prevé informes e inspecciones para controlar los precios. Ha acumulado retrasos estos años y formaciones de la oposición en el Parlamento Vasco como Elkarrekin Podemos-IU así se lo han hecho ver a Tapia mucho antes de que se iniciaran las tractoradas. Admite la consejera que los controles, hasta ahora, han sido 'pruebas piloto' pero ha adelantado que “en abril” habrá un decreto nuevo que desarrollo ese servicio inspector, esto es, antes de las elecciones. Se vigilarán “todos los eslabones de la cadena”, desde la producción hasta el consumo. También se menciona una nueva ley, en este caso para regular y proteger la agricultura familiar, pero necesariamente no podrá ver la luz esta legislatura, como ha reconocido la consejera a preguntas de los periodistas.

El decálogo hace mención al relevo generacional -incluso cediendo suelo público a jóvenes- y también a buscar incentivos por la vía de una reforma fiscal. Actualmente, está prometida una revisión tributaria en los tres territorios forales, pero es un proceso que avanza lento y PNV y PSE-EE, los partidos de Gobierno, no tienen mayoría para sacarla adelante salvo en Bizkaia. Tapia ha bajado al detalle incluso de pedir que la conexión a Internet llegue al fin a todas y cada una de las explotaciones para la necesaria modernización y digitalización del sector. Toca “fortalecer” la agricultura, que tenga “una voz potente y decisiva dentro de la estructura administrativa de Euskadi”, en palabras de la consejera.

Tapia es a la vez responsable de Agricultura y de Medio Ambiente. No siempre ha sido así en Euskadi. Preguntada por la propuesta para rebajar la protección del lobo -una demanda de los ganaderos para poder actuar contra los ataques a sus animales- y la posible contestación ecologista, se ha mostrado claramente partidaria de hacerlo. “Desde luego, el nivel de protección es exagerado”, ha señalado apuntando que el Parlamento demandó al Gobierno un plan específico sobre el lobo y que se ha contado con el asesoramiento de “una persona experta reconocida” que apoya esta tesis. Sostiene también que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abogado por un planteamiento similar. Tapia ha indicado que ya se ha manifestado esta postura al Gobierno central, en concreto a la vicepresidenta Teresa Ribera. Otras comunidades como Aragón y La Rioja también se han pronunciado en idéntico sentido.

La diputada de Álava, el territorio con diferencia en el que más peso tienen agricultura y ganadería, ha indicado que la Diputación ya ha planteado sus propias medidas y ha agradecido la “coordinación” con otras instituciones para seguir planteando respuestas al sector. Barredo ha prometido “seguir recogiendo nuevas sensibilidades”. De hecho, está manteniendo encuentros tanto como las organizaciones profesionales (UAGA, principalmente) como con movimientos que están surgiendo más o menos espontáneamente. De hecho, en Gipuzkoa los sindicatos no sacaron los tractores a la calle -una excepción en Euskadi y en España- pero finalmente hubo protestas convocadas por WhatsApp y que llegaron a Donostia este mismo lunes.

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