Tras el acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi -que estará valorada en unos 188 millones, como adelantó este periódico-, el Gobierno de Iñigo Urkullu negocia ya con el de Pedro Sánchez para cerrar a corto plazo el traspaso de la gestión de los ferrocarriles de Cercanías. Asimismo, ha enviado propuestas para recepcionar las competencias de Meterología, gestión del litoral y fondos cinematográficos. Eso sí, en palabras de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, el verdadero “paso importante” que supone el IMV es el hecho de ser una prestación que afecta a la Seguridad Social, lo que permite abrigar esperanzas al Gobierno autonómico de que será posible una negociación en torno a la cesión completa del régimen económico de la Seguridad Social, nunca hasta ahora puesta en manos de ninguna comunidad autónoma y que ha suscitado grandes controversias en el pasado por el carácter “único” de la caja de las pensiones.
Garamendi ha comparecido ante los medios de comunicación este martes tras el Consejo de Gobierno semanal. Lo ha hecho fruto de una decisión de última hora, ya que inicialmente no había sido anunciada. En su intervención, se ha felicitado por el avance “cualitativo” del IMV para mejorar las prestaciones sociales, por un lado, y para iniciar el camino hacia el anhelado traspaso de la Seguridad Social, por otro. “Evidencia que nada es intocable”, ha señalado Garamendi tras destacar que el acuerdo con el Estado se ha hecho “sin romper nada” y “en beneficio de una mejor atención” para la ciudadanía, ya que el IMV se imbricará con la RGI propia. En todo caso, aunque el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a transferir a Euskadi todas las demás materias pendientes del Estatuto de 1979, en el caso de la Seguridad Social simplemente ha prometido que lo “estudiará”. Además, el Estatuto ya acota que en ningún caso es posible una Seguridad Social propia vasca como la Ertzaintza u Osakidetza, sino que la comunidad autónoma puede asumir la “gestión” del “régimen económico”, esto es, puede ejercer de pagador de las prestaciones que decide el Estado. De hecho, en el texto de 1979 se menciona expresamente el carácter unitario del sistema de pensiones español.
En cuanto a Cercanías, Garamendi ha optado por la prudencia y la discreción, ya que está embarcada en el proceso negociador. “Estamos en un momento importante en el sentido de que desde la Administración General del Estado se trasladó una propuesta para esta materia. Hemos trasladado todas nuestras alegaciones. Es un momento delicado que requiere de un marco de discreción. Me permitirán no dar mayor detalle”, ha despejado la consejera a este respecto. En Euskadi ya se gestionan parcialmente los servicios de Cercanías a través del operador autonómico Euskotren, pero Renfe sigue teniendo líneas en Donostia y en el gran Bilbao, así como también las heredadas de la extinta FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha).
Garamendi ha asegurado que el Gobierno vasco va a ser “proactivo” para completar el Estatuto y ha respondido a EH Bildu que no están aceptando rebajas en el autogobierno. “Espero que el IMV sea un punto de inflexión y que sigamos avanzando sin retrasos”, ha señalado la titular de Gobernanza Pública y Autogobierno, que no ha sabido precisar la fecha de la comisión mixta que rubricará el traspaso del IMV. Ha dicho que el Estado “tiene una deuda pendiente” con el autogobierno vasco y que la está saldando ahora “42 años después de su aprobación”. No es el caso del IMV, una prestación creada en 2020, aunque aquí la consejera ha asegurado que hay “16 meses de retraso” desde que se prometió por vez primera, allá por el confinamiento por la COVID-19. Esta prestación será gestionada por el ala socialista del Ejecutivo vasco de coalición y fuentes del Departamento de Idoia Mendia, que comparten la necesidad de la transferencia, matizan que la ley que regula el IMV fue aprobada en España en diciembre de 2021.
elDiario.es/Euskadi
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