“El Departamento de Salud no tiene intención, por el momento, de dejar de externalizar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas”, afirma el consejero, Alberto Martínez, en un documento entregado al Parlamento Vasco sobre la situación del derecho al aborto en Euskadi como respuesta a preguntas de la coalición Sumar. Los datos año tras año son consistentes y el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) apenas se encarga del 5% de estas intervenciones. Así se constata también en el reciente informe relativo a 2023, el último ejercicio completo, en el que de nuevo se mantienen esas proporciones.
Martínez explica que “sí” se practican interrupciones del embarazo en los hospitales públicos. En concreto, señala que “se realizan todas las [intervenciones con pacientes] con más de 14 semanas de gestación, es decir, las que se hacen por alguna causa médica”. “Las de menos de 14 semanas, por voluntad propia de las mujeres gestantes, se hacen en clínicas privadas especializadas y acreditadas”, abunda. Es así “desde 2010”, momento de entrada en vigor de la nueva regulación del aborto, y “así se ha continuado” hasta la actualidad.
Añade Martínez que este modelo casi totalmente privatizado no compromete la “seguridad clínica” de las mujeres gestantes porque los centros habilitados están “aceditados” por la Administración. Son siete en la actualidad. En concreto, se trata de Askabide y Florida 6 en Vitoria; Askabide y Dr. Prada en Donostia; y Euskalduna, Rekaldeberri y Carlton en Bilbao. “Las mujeres solicitantes pueden elegir una de entre las siete clínicas acreditadas, repartidas entre las tres capitales vascas. Teniendo en cuenta el elevado número de mujeres residentes en las tres capitales vascas y en sus poblados alrededores, y la escasa distancia de los municipios vascos a las tres capitales, la proximidad y la libertad de elección están garantizadas”, indica el consejero de Salud.
Según Martínez, no es optativo para las matronas el derivar o no un caso a clínicas privadas. Es algo automático. “Nunca han tenido entre sus funciones, ni la van a tener, la de decidir la derivación. Esa competencia es de las inspecciones médicas. Tampoco es la de asesorar a las mujeres. Simplemente deben apuntar la preferencia de la mujer solicitante, si es que expresa alguna preferencia”, responde el consejero.
La derivación de los abortos, sostiene también el Gobierno, “garantiza los tiempos de respuesta” para que se pueda ejercer el derecho libremente, como marca la ley, antes de la semana 14 del embarazo. Igualmente, se indica que está preservada la “intimidad” y la “confidencialidad” de las pacientes, así como la “gratuidad de la prestación”. “Ninguna mujer que solicite la interrupción voluntaria del embarazo a través de una matrona de Osakidetza tiene que hacer aportación económica alguna, ni adelantar el pago para ser posteriormente reintegrado”, abunda Martínez. Se añade que “todas” las mujeres que viven en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa pueden ejercer el derecho, “incluidas las mujeres extranjeras con residencia irregular o no empadronadas o difícilmente identificables”. En 2023, 65 mujeres de fuera de la comunidad autónoma fueron atendidas también en Euskadi, lo mismo que 67 vascas lo hicieron en otros lugares.
Euskadi cerró 2023 con 4.225 abortos, el máximo desde 1995. Se supera el anterior tope de 4.138 en 2011, el primer año con la nueva regulación. La tasa de casos por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 44 años) es de 11,92, superior al tope anterior de 11,09 de 2022. Bizkaia y Álava tienen datos superiores a la media (hasta 13,7 en el caso alavés) y Gipuzkoa la baja (10,3). La media española es de 11,68. En el caso vasco, se aprecia una década de crecimiento sostenido de estas intervenciones salvo por el frenazo de 2020 a causa de la COVID-19.
En detalle, el 50,4% de los abortos fueron “quirúrgicos” y el 49,6% “farmacológicos”. El 94,6%, casi mimético con el dato de pruebas externalizadas, fue “a petición de la mujer”. Hubo también 148 casos de “riesgo de graves anomalías en el feto”, 51 de “grave riesgo” para la madre y 28 de “anomalías incompatibles con la vida o enfermedades incurables”. Un millar de mujeres extranjeras ejercieron el derecho en 2023.
Por edades, las mujeres de entre 25 y 30 años son las que más solicitaron la interrupción del embarazo, en 920 ocasiones por 972 de las de 20 a 25 años. También lo solicitaron seis adolescentes de menos de 15 años y 32 mujeres de 45 en adelante. Aproximadamente un 9% de los casos es de mujeres de menos de 20 años. El perfil, aunque muy variable en función de la edad, muestra un 46% de mujeres con pareja y otras tantas que o viven solas o lo hacen con sus padres. Dos tercios son trabajadoras y casi otras tantas tienen estudios por encima de los obligatorios. El 48% de quienes abortan ya ha tenido antes un hijo. Para el 65%, la de 2023 fue la primera ocasión en la que solicitaron la interrupción de un embarazo. Más de la mitad lo resuelve antes de llegar a las sexta semana de gestación. Un 3,3% de los casos se producen de la semana 14 en adelante. En un 67% de los casos el embarazo fue consecuencia de la no utilización de un método anticonceptivo.
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