El Gobierno vasco va a pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para poder utilizar el denominado 'pasaporte COVID', que indica una vacunación completa o la existencia de una prueba diagnóstica negativa, con fines diferentes a los que se concibió, el viajar con seguridad entre países de la Unión Europea. La decisión llega tras un fuerte repunte de la COVID-19 en las últimas semanas. “No vamos bien y tenemos que tomar medidas”, ha enfatizado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Se aplicaría en locales de ocio nocturno, en conciertos y restaurantes de más de 50 comensales y a personas vacunables, es decir, de más de 12 años, ha precisado en una comparecencia ante los medios de comunicación
Esta decisión, que sigue al debate abierto en Navarra o a la decisión de Galicia, supone una enmienda de totalidad al posicionamiento anterior del Ejecutivo vasco, que había rechazado esta posibilidad de manera tajante y que incluso había cuestionado la capacidad de que instancias no oficiales sean las encargadas de controlar su validez. Incluso 24 horas antes de este anuncio el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, había recalcado que Euskadi no tiene “competencias” para regular esa medida y había pedido unas directrices de aplicación “uniforme” de este certificado en el conjunto de España.
La relación entre el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y los jueces de lo contencioso-administrativo del Superior vasco no ha sido pacífica en esta pandemia. De hecho, solamente han logrado la validación de la última de las medidas propuestas, la prohibición de las palomitas en los cines. El tribunal, presidido por el polémico magistrado Luis Garrido, ha tumbado en otras ocasiones restricciones incluso bajo la cobertura jurídica de un estado de alarma, como el cierre de la hostelería en municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Ahora, Euskadi propone esta regulación sin estado de alarma y también sin emergencia sanitaria.
La tasa de incidencia de la pandemia en Euskadi es ya de 196,25, de las más altas de España. “Todavía no tenemos, es cierto, los niveles de presión asistencial de otras olas, pero tenemos que estar alerta”, ha enfatizado la consejera de Salud al presentar este primer paso atrás en las medidas tras el final de la emergencia sanitaria del pasado mes de octubre. En Euskadi hay 143 personas ingresadas, 27 de ellas críticas en la UCI. Ha asegurado que es necesario evitar que se llegue a 200 personas hospitalizadas, 150 en planta y 50 en UCI. “No vamos bien. La pandemia sube con una gran velocidad de crecimiento”, ha recalcado en euskera Sagardui, que ha insistido en que el contexto es “preocupante”. “La previsión para los próximos días es que sigamos creciendo”, ha apostillado. “Es esencial frenar la progresión de la pandemia antes de que vaya a mayores”, ha zanjado.
Sagardui ha admitido el viraje de 180 grados, pero ha justificado la propuesta por el nuevo contexto de repunte. “Por un lado, es el momento en el que nos encontramos. Siempre he dicho que en cada momento utilizaremos aquellas medidas que consideremos que puedan responder mejor a la necesidad para responder a la pandemia. En este caso, para su puesta en marcha, es preciso contar con la autorización judicial. Intentamos que sirva de acreditación para poder acudir a ciertos espacios en los que el riesgo de transmisión es alto. Más de una comunidad la está solicitando al Estado para que pueda establecerse el marco que permita su utilización generalizada”, ha respondido a los periodistas sin negar sus declaraciones críticas previas. Euskadi acude a la Justicia “desde el mayor respeto” y entendiendo que la sala será “partícipe” de la situación epidemiológica. “Total confianza de que harán una valoración oportuna de nuestras argumentos y solicitud”, ha añadido.
“Medidas complementarias”
Asimismo, Sagardui ha planteado la necesidad de “medidas complementarias” para reforzar los protocolos ya en vigor en todos los municipios con una tasa de incidencia de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, independientemente de su población. Se trata de que los municipios afectados tengan capacidad para “posponer temporalmente” o “suspender” actividades en las que no se puedan garantizar las medidas preventivas en vigor, “poniendo especial interés en aquellas que lleven vinculada la ingesta de comida y bebida”. En todo caso, se pide que los eventos, “tanto en interiores como al aire libre”, se organicen con más “espacio” entre espectadores, “pasillos para el flujo ordenado de personas” y obligando a “delimitar los espacios de comidas y bebidas”. Se plantea siempre que sea posible que las actividades se hagan “en el exterior”. “El riesgo es mayor en espacios cerrados y con mucha gente”, ha destacado Sagardui, que ha anunciado que a partir de ahora se informará de la situación epidemiológica dos veces por semana, los lunes y los jueves, para “concienciar a la población”.
Sagardui ha recalcado que siguen en vigor otras medidas que nunca se retiraron. Son el uso de la mascarilla en interiores y también en exteriores cuando no se garantice en todo momento la distancia interpersonal de metro y medio. También el aforo del 80% en interiores o la prohibición de comer y beber en eventos o en los cines. La consejera ha señalado que no hay un plazo para revisar las nuevas medidas, aunque ha insistido en que los datos se van analizando “día a día”.