En vísperas del día europeo de homenaje a las víctimas del terrorismo (11 de marzo, jornada en la que se produjo el atentado yihadista en Madrid en 2004), el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, un órgano que sienta al Gobierno autonómico y a asociaciones como la AVT, Covite o la Fundación Fernando Buesa, entre otras, ha alumbrado un documento después de casi cuatro años de trabajo para dar nuevos pasos en el “reconocimiento y reparación” de los afectados por la violencia de ETA, de los GAL o de otras organizaciones. Entre las medidas propuestas se plantea ampliar el programa 'Adi-adian' por el cual las víctimas acuden a las aulas a ofrecer su testimonio a “personas que ejercieron la violencia y con posterioridad han realizado una profunda reflexión autocrítica de su propio pasado y del recurso a la violencia con fines políticos”. También se menciona retomar los denominados “encuentros restaurativos” entre víctimas y victimarios y “lograr la erradicación, de manera urgente, tanto de la justificación de todo tipo de terrorismo como de los homenajes públicos a terroristas y la exaltación de sus símbolos”.
En las conclusiones de este foro de participación se asume que “ha habido importantes déficits” en materia de víctimas durante años y, aunque “es mucho lo realizado”, “la tarea no ha finalizado”. Toca “esforzarse por promover y garantizar el derecho a la información judicial” de los damnificados y que la Justicia, particularmente la Audiencia Nacional, sea transparente en por qué hay cientos de casos sin resolver. Cada víctima -reza el documento presentado- debería tener “un documento de declaración oficial de la injusticia padecida y de la verdad histórica”. Se abre la puerta a reformar la ley vasca de víctimas “para su mejor adecuación a la nueva realidad” y para amparar también a posibles afectados por el yihadismo y se solicita que se generalicen iniciativas como las de Vitoria o Donostia -comunes en muchas ciudades europeas con las víctimas judías del holocausto- de “señalizar los lugares en que se produjeron los atentados”.
El documento da mucha importancia a la educación y a la formación de las nuevas generaciones para evitar la repetición de la violencia pretérita y, de hecho, repite constantemente que el mensaje de 'nunca más' ha de ser “pedagógico e intergeneracional”. Se da mucho valor al testimonio presencial de las propias víctimas supervivientes en las aulas, pero también de los hijos o nietos de personas asesinadas. Es dentro de este programa cuando se considera oportuno explorar abrir la puerta a exterroristas arrepentidos. En el pasado, en el marco de la denominada 'vía Nanclares', ya hubo varios expresos de ETA que se reunieron con víctimas. De hecho, se menciona también “la generación de espacios que faciliten que aquellos presos que hayan hecho este recorrido” de alejamiento de la violencia puedan “encontrarse” con sus víctimas, siempre “desde el máximo respeto” a la libre decisión de éstas.
El presidente del Consejo, José Luis de la Cuesta, ha remarcado en una pequeña alocución la importancia de que cualquier iniciativa parta de un “mínimo ético insoslayable”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación con los miembros del foro, ha destacado también el alcance del acuerdo. “Este documento no es flor de un día. Es el resultado de un largo proceso de reflexión, diálogo y debate a lo largo de más de tres años”, ha aplaudido Urkullu, que ha agradecido la “voluntad constructiva” y de “convivencia” de las asociación presentes. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, no ha podido desplazarse a Vitoria por las restricciones de la pandemia pero, según las fuentes consultadas, ha avalado telemáticamente el acuerdo.
El texto y Urkullu en su discurso han subrayado que ha sido ETA “la más grave violación del derecho a la integridad y a la vida” en Euskadi en las últimas décadas, pero “sin equiparaciones y sin exclusiones” se reconoce también el sufrimiento de los asesinados por los GAL, el Batallón Vasco Español o el GAE, entre otras organizaciones. El acuerdo recoge que se rechaza “de plano [...] cualquier confusión de victimizaciones o pretensión de utilizar la existencia de una violencia como argumento de contrapeso o legitimación de otra de signo diferente” pero también que “ocultación o negación” de que hubo víctimas más allá de ETA.
La pandemia de la COVID-19 ha impedido la celebración del tradicional evento de homenaje a las víctimas de cada año por el 11 de marzo. En la reunión del Consejo, no obstante, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria, ha señalado el lehendakari. Se da la circunstancia de que en 2020 este acto fue uno de los últimos antes del estado de alarma y el confinamiento general. En el parque de La Florida de Vitoria, entonces ya duramente golpeada por el coronavirus (200 de los 261 casos hasta entonces se concentraban en Álava), se reunieron decenas de personas, aunque fue la primera vez en que se instalaron dispensadores de gel hidroalcohólico para los invitados. Allí, Urkullu abrió la puerta por vez primera a la posible suspensión de las elecciones del 5 de abril, que efectivamente pasaron al 12 de julio.
elDiario.es/Euskadi
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