El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 contará con una inversión de 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales de Euskadi. Desarrollado en colaboración con los diferentes operadores jurídicos, el objetivo es “transformar y mejorar” la gestión y prestación del servicio público de Justicia en la comunidad autónoma Vasca, según ha informado el Gobierno vasco. Jueces y fiscales son cuerpos nacionales pero los funcionarios están transferidos, al igual que los edificios y los medios materiales de la Administración de Justicia.
Tal como ha explicado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales este miércoles, el proyecto incorpora las reflexiones y las conclusiones del análisis realizado durante el último trimestre de 2019, los años 2020 y 2021, y los primeros meses de 2022, para diseñar, de forma estratégica, las actuaciones a realizar a medio plazo en el ámbito de la justicia en Euskadi. “Al finalizar este plan, nos imaginamos una Euskadi con un servicio público de justicia que es conocido y reconocido por la ciudadanía, por su propio personal y por el resto de operadores jurídicos y administraciones como amable, accesible, confiable, ágil, transparente y eficiente”, ha afirmado la consejera Beatriz Artolazabal, según informa Europa press.
Artolazabal ha indicado que en él se recogen como objetivos principales “la prestación de una especial protección a los colectivos más desfavorecidos, la garantía de los derechos lingüísticos de las personas usuarias de la administración de justicia, el desarrollo de los medios adecuados para la solución de controversias y la implantación de un modelo organizativo apoyado en personas motivadas, en la mejora de la gestión y en una justicia digital plenamente operativa”. Para ello, prevén consolidar la actual inversión en Justicia, “la más alta por ciudadano del Estado, superando a lo largo de la vigencia de este plan los 1500 millones de euros”.
El nuevo documento concreta el trabajo a realizar durante los próximos siete años en diez líneas estratégicas que pasan, entre otros compromisos, por el desarrollo estructurado de servicios que protejan más a los colectivos de personas más vulnerables; y por edificios judiciales, instalaciones y recursos materiales más seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables. También pretende lograr un expediente judicial electrónico totalmente implantado y funcional, una comunicación telemática con el resto de operadores jurídicos, un desarrollo progresivo de trámites digitales a través de la sede judicial electrónica y progresiva generalización de la videoconferencia.
Asimismo, se quiere avanzar en una justicia “comprensible, más rápida y predecible -que no ofrezca soluciones diferentes para casos aparentemente iguales- o por la creación de las condiciones estructurales necesarias para que se produzca un salto cualitativo y cuantitativo en la aplicación de la justicia restaurativa y de los medios adecuados de solución de controversias.
El Ejecutivo vasco precisa que, si bien la pandemia mundial por la COVID-19 ha alterado los tiempos como el proceso de elaboración del plan, han podido colaborar en su desarrollo miembros del equipo de la Viceconsejería de Justicia; de la Judicatura; de la Fiscalía; del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML); personas pertenecientes a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio; así como representantes de la ciudadanía, de las víctimas de delitos, de asociaciones y colegios representativos de los diferentes operadores jurídicos y de representantes institucionales, sociales y otros agentes relevantes del sistema de justicia en Euskadi.
En palabras de Beatriz Artolazabal, “este plan no es ninguna utopía” porque, aunque es “muy ambicioso”, también es “posible”, y nace de la percepción, por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de “la necesidad de conocer la realidad del sector y las necesidades y expectativas de los diferentes operadores jurídicos y de las personas usuarias”.
Entre las recogidas durante la fase de reflexión y consulta, destacan, como las más demandadas, “una mayor transparencia, más empatía, un lenguaje comprensible, mayor celeridad por parte de la Administración de Justicia, apoyo en el uso de las nuevas tecnologías o una justicia más asequible, al alcance de todos”. El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 afectará, de forma directa o indirecta, a más de 3.000 profesionales del ámbito de la justicia en Euskadi.