El Gobierno vasco ha realizado un total de 147 inspecciones a vertederos de Gipuzkoa y Bizkaia durante los tres últimos años, de las que sólo 32 han sido “no programadas”. En este periodo, desde 2022 hasta este mismo año, se han resuelto únicamente siete expedientes sancionadores por infracciones en la actividad del vertedero, entre ellos algunos sobre los que son habituales las quejas vecinales o de grupos ecologistas, como es el caso del de Cespa en Zalla, el vertedero de Artigas, o el de Verter Recyling, en Zaldibar, este último sobre todo por irregularidades en el proceso de sellado de las instalaciones en las que murieron dos trabajadores en febrero de 2020 tras derrumbarse. Precisamente es este vertedero el que acumula un mayor número de inspecciones desde el año 2022. También se ha sancionado al vertedero de Angio, a dos empresas del vertedero de Arburusaieta y a Deydesa Igorre.
Según la información facilitada al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el vertedero de Verter Recycling es el que se ha sometido a un mayor número de inspecciones, 19 en total a lo largo de estos tres años, de las que sólo tres han sido programadas, el resto se han llevado a cabo sin previo aviso. A raíz de estas inspecciones se han detectado múltiples irregularidades, que han derivado en expediente sancionador. Según detalla el consejero Jauregi a preguntas de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba, entre otras irregularidades los incumplimientos probados de la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar, que ahora está en liquidación, van desde no realizar en el plazo establecido de la solución transitoria de sellado, la construcción de canales perimetrales, la construcción del sellado definitivo del depósito DS1 o la realización del sellado provisional del vaso de vertido original.
Además, a lo largo de estos tres años se ha detectado durante las inspecciones otras irregularidades como no disponer de prestación de fianza; superar los valores límite de vertido de lixiviados; no realizar ninguna actuación con el fin de reducir la generación de lixiviados; no construir la totalidad de chimeneas de desgasificación del vertedero, ni realizar la documentación acreditativa de la instalación del sistema de desgasificación contemplado en el proyecto de sellado, en lo que se refiere a la ubicación de los pozos de extracción y tratamiento de los gases. También se recrimina a la empresa no realizar mediciones de ruido, ni controles de composición de los gases en las chimeneas ya instaladas y demás puntos establecidos en la autorización, la presentación del programa de vigilancia ambiental de 2021 fuera de plazo, la inexistencia de un sistema contra incendios operativo y la no actualización del análisis de riesgos ambiental teniendo en cuenta la nueva configuración y fuentes de riesgo del vertedero.
El vertedero de Artigas de Garbiker, es el segundo que más inspecciones ha recibido en tres años, 12 en total, de las que nueve han sido no programadas. Las irregularidades probadas se centran en la superación del valor límite de eficiencia en un foco, la no adopción de medidas correctoras para garantizar la minimización de las molestias por olores, la no adopción de medidas encaminadas a la reducción de las emisiones difusas durante la carga y descarga, no garantizar la efectividad del sistema de depuración de lixiviados, la dispersión de residuos en el entorno de la vaguada derecha y canales perimetrales de la misma, así como en torno al Konpostegi. La admisión de tierras procedentes de una excavación con residuos de construcción y demolición y material férreo, la no ejecución del sellado de la vaguada izquierda del vertedero y la superación de la superficie máxima de residuos expuesta a la acción directa de las aguas de lluvia
El vertedero de Cepsa en Zalla ha recibido tres inspecciones, una por año y todas ellas programadas, según la información del Gobierno vasco. En las inspecciones realizadas a este vertedero, que ha motivado en diversas ocasiones quejas vecinales, las irregularidades que han motivado expediente de sanción se refieren a la no segregación de aquellos residuos valorizables; la eliminación de residuos no contemplados en la autorización; no disponer en el momento de la inspección de documentos de aceptación negativos para los residuos cuya gestión requerirá la previa autorización del órgano ambiental y residuos valorizables cuya gestión requerirá la previa autorización del órgano ambiental; o la superación de la superficie máxima de residuos expuesta a la acción directa de las aguas de lluvia. También se han detectado incumplimientos relativos al Programa de Vigilancia Ambiental, como la no remisión de gráficos de evolución temporal de los movimientos y asentamientos y la no realización de mediciones con la frecuencia establecida en la AAI; la no remisión del control de la instrumentación, no remitir los análisis de los resultados obtenidos durante el año, además de no comunicar alguna de las incidencias ocurridas en el vertedero.
Deysa Igorre ha sido sancionada por la no comunicación de una incidencia ocurrida, mientras que José Sarraioa, de vertedero de Angio, el vertedero de Arburusasieta, de la empresa Otegui-González SL y Construcciones Moyua en este mismo vertedero, por no disponer de la preceptiva autorización de vertedero en los tres casos.
Todos estos vertederos han sido inspeccionados tras la fecha de resolución de cada uno de los expedientes sancionadores para verificar cumplimiento de las infracciones y la subsanación de las mismas.
El consejero señala en su respuesta que teniendo en cuenta que sólo hay siete sanciones sobre un total de 147 inspecciones, muestra que “la mayor parte de las instalaciones cumplen en líneas generales sus respectivas autorizaciones y normativa sectorial”.
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