Euskadi recibe las llaves de las cárceles vascas: cambio de escudos y rótulos pero con los mismos directores

Euskadi ha recibido este viernes las llaves de las tres cárceles vascas -y también del viejo penal de Nanclares de la Oca- de manos del Estado. Se cumple así, 42 años después, la previsión de la transferencia de Prisiones recogida en el Estatuto de 1979. Hasta ahora, el Gobierno central solamente había cedido esta competencia a Catalunya. El cambio se ha simbolizado a primerísima hora de la mañana, al amanecer, en uno de esos centros, el de Basauri en Bizkaia. Se ha organizado un sencillo acto institucional presidido por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en quien recae esta nueva área. Se han cambiado los rótulos -donde estaba el escudo de España está ahora el del Gobierno vasco- y las cárceles de Basauri y de Martutene pasan ahora a ser las de “Bizkaia” y “Gipuzkoa” para no estigmatizar a esos lugares. La de Zaballa, aunque se conoce así, ya llevaba el nombre de la provincia de Álava desde su apertura. Por el contrario, Artolazabal también ha apostado por la continuidad con la renovación en sus cargos de los directores de las tres cárceles, Vicenta Alonso, Benito Aguirre y Marian Moreno.

“Hoy en un día histórico al hacerse realidad, cuarenta años después, una muy significativa competencia del Estatuto de Gernika. Hoy es también un día más en la vida de los centros penitenciarios vascos. Un día histórico, pero también una jornada más de trabajo y servicio público con el objetivo de que internos e internas no noten diferencia en su día a día”, ha señalado Artolazabal en Basauri. “Es un día señalado el de hoy, sí. Hace 85 años se aprobó el primer Estatuto vasco y hoy lo celebramos dando un nuevo paso en el refuerzo de nuestro autogobierno”, ha solemnizado, por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento, en Vitoria, en la que Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han preguntados sobre esta cuestión.

Según los datos oficiales, la población reclusa en las cárceles es de 1.397 personas, 778 en Zaballa, 326 en Basauri y 283 en Martutene. Solamente 80 son mujeres, 56 en el penal Alavés y 24 en el guipuzcoano. En régimen abierto hay 99 personas en Martutene, 90 en Zaballa y 185 en Basauri. Aunque la plantilla prevista para dar servicio en estos recintos ronda los 700 funcionarios, la realidad es que son 593 los que saltan del Estado a la comunidad autónoma, 469 nombres y 124 mujeres. Esta semana se ha alcanzado un acuerdo entre el Ejecutivo vasco y el sindicato principal de este colectivo, ACAIP-UGT, para mantener las actuales condiciones laborales e introducir algunas mejoras desde la primera nómina mientras se deja un margen de dos años para establecer un nuevo marco. Sin embargo, al menos el 49% de los trabajadores actuales han pedido el traslado para marcharse fuera de Euskadi.

El Gobierno vasco se ha esforzado en las últimas semanas en mimar a este personal y en destacar su buen trabajo en los últimos años. No obstante, ya ha manifestado en un documento la necesidad de articular un nuevo modelo más enfocado a la reinserción que a lo punitivo. Para ello, Artolazabal ha fichado como asesor en materia penitenciaria al juez Jaime Tapia. No obstante, la máxima responsable política de Prisiones en la estructura del Gobierno vasco será viceconsejera de Justicia, Ana Aguirre, ahora en un segundo nivel pero que con Juan José Ibarretxe fue consejera de Industria. Asimismo, en su equipo están Eugenio Artetxe y Jon Uriarte. Bajo su mando quedan los tres directores ahora ratificados.

Fuentes del Gobierno indican que es un equipo que tiene la máxima confianza política de los nuevos gestores y que se trata de un nombramiento indefinido y no transitorio.Este mismo viernes, el Gobierno ha entregado a los tres directores otros tantos documentos, el primero un manual de seguridad y régimen interior, el segundo otro de gestión penitenciaria y el tercero un protocolo de “intervención” penitenciaria, que prevé dar un impulso a la denominada “justicia restaurativa”. “El modelo penitenciario, cuyas bases fueron aprobadas con amplio consenso en el Parlamento Vasco, empieza hoy a dar sus pasos. Sin prisa, pero sin pausa. Tenemos clara la hoja de ruta y sabemos el destino al que queremos llegar. El espejo en el que nos miramos con orgullo es el sistema vasco de justicia juvenil. Sus valores y su experiencia nos inspiran”, ha dicho Artolazabal citando una política que se gestionaba ya desde la Administración autonómica. Euskadi también tenía ya transferida la sanidad penitenciaria.

“El proyecto de presupuestos de 2022 contemplará el compromiso de gasto preciso para implantar nuestra hoja de ruta. Y espero que todas estas preocupaciones. [...] Será esa hoja de ruta la que fije también las bases para el desarrollo del modelo penitenciario vasco. Conocen esta hoja de ruta, que ha sido presentada en esta Cámara”, ha añadido desde la Cámara Urkullu en respuesta a la oposición. Según se explicó, la transferencia está valorada en 70 millones de euros, una cantidad que Euskadi descontará cada año del Cupo que abona al Estado por los servicios que presta en la comunidad autónoma.

Desde la oposición, EH Bildu ha asegurado que la transferencia tiene “un gran calado” y lo ve como “una oportunidad para dar a las personas presas un trato digno”. Su portavoz en la materia, Julen Arzuaga, que ha comparecido con una camiseta con el lema 'Etxera' ('a casa') ha pedido que se “supere” la “excepcionalidad” en la política hacia los presos de ETA, que son del orden de 70 de un total de más de 1.300. Arzuaga ve con “preocupación” que el Gobierno de PNV y PSE-EE habla de que no habrá trato diferenciado para ellos mientras fija “condiciones expresas” para ese colectivo. La coalición se ha venido reuniendo con los directores de las cárceles antes de la transferencia y ha insistido en que dispone de un documento “alternativo” al del Ejecutivo de Urkullu con 100 medidas para gestionar Prisiones, también con “reconocimiento” para las víctimas. Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha mencionado que existen “incógnitas” aún por aclarar en torno al nuevo modelo.