Cuatro de cada diez vascos no quiere vivir en un barrio en el que haya gitanos. Tampoco les alquilaría una casa y haría todo lo posible porque sus hijos no compartan aulas con menores de etnia gitana. Un informe de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, no deja lugar a dudas: En Euskadi pervive un “antigitanismo estructural” que “dificulta la convivencia intercultural”. El informe de Ikuspegi presenta una “dura fotografía” que casa poco con una sociedad vasca que parece cada vez más abierta a otras culturas a través de la inmigración. Contrasta, por ejemplo, esa percepción negativa ante las personas de etnia gitana con un índice de tolerancia hacia la inmigración en máximos históricos, constatado también en un informe de Ikuspegi del pasado mes de octubre. La buena noticia puede estar en que la sociedad vasca es consciente de la discriminación que existe hacia al etinia gitana, lo que para la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, puede suponer el primer paso para la solución: “La sociedad vasca es consciente de la situación de discriminación e insuficiente integración que sufre la población gitana y gracias a esa consciencia, sabemos que conseguiremos frenar este y otros tipos de discriminación”.
La encuesta, denominada 'Nertu 2022: Percepciones y actitudes hacia las personas gitanas' es la primera que realiza este observatorio en este campo, y muestra que, aunque la mayoría de los vascos se declaran abiertos “hacia la diversidad en general”, “reconoce la existencia de realidades discriminatorias en Euskadi y manifiesta una actitud de rechazo frente a las mismas”, la cosa cambia respecto a determinados grupos. “Estas tendencias generales positivas se vuelven algo más comedidas en relación con algunos grupos, entre los que destacan las personas gitanas o las musulmanas”, según señala Julia Shershneva, directora de Ikuspegi. “Sobre todo en lo que se refiere a los espacios de relación íntimos” en los que existe una convivencia.
Los datos lo dejan claro: Menos del 40% de los encuestados por Ikuspegi declaran que aceptarían vivir en el mismo barrio o bloque en el que vivan muchas personas gitanas, mientras que el 40,9% intentaría evitarlo y el 15,3% lo rechazaría de plano. A la hora de alquilarles una vivienda , algo más de cuatro de cada diez personas reconocen que evitarían alquilar o no alquilarían su vivienda a una persona gitana. Y este mismo porcentaje se aplica a los que no quieren que sus hijos compartan aulas con menores gitanos: Cuatro de cada diez encuestados evitarían o directamente rechazarían para sus hijas e hijos un centro escolar en el que estudien muchos menores de etnia gitana.
Tampoco las personas gitanas lo tienen fácil a la hora de busar un empleo. Según el informe “casi tres de cada diez personas declaran que, si tuvieran que contratar a alguien, a igualdad de formación y experiencia, evitarían contratar o no contratarían a una persona gitana”.
Todos estos datos contrastan con las respuestas cuando se pregunta a los encuestados por relaciones e interacción con personas gitanas: La gran mayoría, más de nueve de cada diez personas encuestadas, manifiesta no tener problema en cuanto a relacionarse con personas gitanas en el contexto laboral y educativo, ni con que estas desempeñen un rol superior (de dirección) o igual (compañero de trabajo o estudios).
Fruto de esta encuesta Ikuspegi ha elaborado un índice sintético que resume la actitud y la posición del conjunto de la población hacia las personas gitanas en Euskadi. Este Índice vasco de apertura hacia la población gitana 2022 mide el grado de apertura, la actitud más o menos abierta y las posiciones más o menos tolerantes que la sociedad presenta hacia las personas gitanas y se mueve entre los 0 puntos (posiciones más cerradas e intolerantes) y los 100 puntos (posiciones más abiertas y tolerantes). La puntuación obtenida este primer año es de 54,36 puntos. Poder cifrar este índice permitirá a Ikuspegi ver su evolución y monitorizar futuros cambios.
“Una deuda social que nos atañe a todos”
En la presentación del informe, la consejera Beatriz Artolazabal ha hecho hincapié en que “la lucha contra el antigitanismo no es solo una cuestión gitana, es una deuda social que nos atañe a todas y todos, a las instituciones, a los colectivos que representan al Pueblo gitano, y al resto de individuos que conformamos nuestra sociedad”. Artolazabal ha considerado que, pese a la “dura fotografía” que muestra el barómetro, la percepción de discriminación que comparte el conjunto de la ciudadanía con el pueblo gitano vasco sirve para reforzar, “con evidencias científicas”, el trabajo que se viene realizando con los colectivos que representan a las personas gitanas en Euskadi, así como las medidas puestas en marcha a través de la 'Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2022-2026'.
Además, considera necesario un 'Pacto Social contra el Antigitanismo'. El Departamento de Políticas Sociales se ha comprometido a iniciar este año la elaboración del Anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que tendrá en el antigitanismo, uno de sus ejes.
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