El Gobierno vasco permitirá ampliar varios vertederos para contrarrestar el déficit de capacidad tras los cierres de las instalaciones de Zaldibar -clausuradas tras el derrumbamiento en el que fallecieron dos trabajadores- y también las de Larrabetzu y Mutiloa. En este año 2022 este déficit de capacidad puede ser cercano a las 400.000 toneladas. Las ampliaciones previstas se llevaran a cabo en las instalaciones de vertido de Igorre, Bistibieta y Betearte, las tres en Bizkaia, se reabrirá el vertedero de Epele, en Gipuzkoa, que está cerrado desde 2018, y se restaurará el de Artxanda, en Bilbao. Con ello se incrementará la capacidad de vertido en 4,7 millones de toneladas, lo que la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, considera que será “suficiente para hacer frente a las necesidades de vertido previstas en el Plan de prevención y gestión hasta 2030”. En caso de no construirse las plantas de valorización de residuos previstas en el plan de residuos, que suponen una reducción del volumen de vertido, “la administración se vería obligada a autorizar nuevos vertederos o la ampliación de los existentes”.
Tapia ha presentado este miércoles un paquete de actuaciones que serán la hoja de ruta con la que el Ejecutivo quiere dar “un giro completo al modelo de tratamiento de los residuos no peligrosos” que se generan en Euskadi. Es un modelo que se puso en cuestión tras la catástrofe del vertedero de Zaldibar, en la que fallecieron dos trabajadores. El horizonte fijado es el año 2030 con el objetivo de reducir notablemente el volumen de vertido de estos residuos, hasta que en ese año se sitúe en el 15% del total generado, y garantizar que a partir del año 2024 las instalaciones autorizadas tengan capacidad suficiente para recibir el vertido generado en Euskadi, sin necesidad de llevarlo fuera del territorio, con el coste que eso supone, tal y como se contempla en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030, aprobado a finales de 2021.
“Las previsiones sitúan la necesidad de vertido en torno a 1,5 millones de toneladas anuales hasta el año 2024, en 825.000 toneladas por año entre los años 2025 y 2026, para reducirse hasta las 450.000 toneladas anuales en los dos siguientes años y terminar por situarse en 300.000 toneladas en 2029 y 2030”, ha señalado la consejera. Las medidas previstas “permitirán que a partir del año 2024 se pueda cumplir el principio de autosuficiencia y proximidad” y ha recordado que, desde el año 2020, “Euskadi lleva fuera del territorio 100.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos”. “En los próximos años se adecuará la capacidad existente en los vertederos públicos o con participación pública hasta alcanzar un máximo de 12 millones de toneladas que garanticen la capacidad de vertido hasta 2040”, ha incidido.
Durante los próximos años estarán operativos en Euskadi ocho vertederos para residuos no peligrosos: Gardelegi, en Araba; Epele y Aizmendi, en Gipuzkoa; e Igorre, Bistibieta, Betearte, Zalla y la futura restauración ambiental de Artxanda, en Bizkaia. De todos estos, solo se contempla que estén abiertos cuatro después de 2030. Hasta ese año se clausurarán Betearte (Mallabia-Bizkaia) en 2024, Epele (Elorregi-Gipuzkoa) en 2025, Bistibieta (Lemoa-Bizkaia) en 2027 y en 2030, Artxanda (Bilbao-Bizkaia).
“Las clausuras irán acompañadas de trabajos de restauración y regeneración ambiental de esos espacios”, ha apuntado Tapia que ha recordado que, en la actualidad, “todos los vertederos tienen un control por parte de la Administración ambiental para un periodo de 30 años, durante el cual se vigilan las emisiones de gases, los lixiviados, las aguas subterráneas y superficiales, así como el asentamiento y desplazamiento del terreno”.
Además, todos los vertederos clausurados tienen un sistema de recuperación de gases y sus promotores deben adaptar el espacio para un adecuado uso posterior, según marca la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Para conseguir el objetivo de reducción de residuos y por lo tanto de cierre de los vertederos, la consejera ha detallado varias actuaciones que se han puesto ya en marcha y, que según ha asegurado, están reduciendo el vertido “por debajo de lo previsto inicialmente cuando se diseñó el Plan de Prevención y Gestión de Residuos”. Entre ellas está la orden de limitación del vertido, que se aprobó en 2020 , que prohíbe llevar a vertedero determinados residuos, como residuos de demolición y construcción o escorias de acería, obligando a su traslado a plantas de tratamiento y reciclaje. A ella se suman otras actuaciones, como las ayudas a los proyectos de reciclaje y valorización y la previsión de aprobar en los próximos años hasta diez nuevos decretos que abren usos a los materiales secundarios y prohíben su vertido.
Canon por vertido de 20 euros por tonelada y más inspecciones
Por otra parte, a partir de 2024 se implementará el canon de vertido. A principios del año que viene entrará en vigor el canon estatal de vertido para los residuos no peligrosos, fijado en 10 euros por tonelada, pero en Euskadi se quierer subir esa tasa progresivamente para llegar a 20 euros por tonelada en 2025 y, ese mismo año, revisar esta cifra en función de los resultados obtenidos.
Por otra parte, y tras la experiencia tras la catastrofe del vertedero de Zaldibar, por la que ahora están imputados tres técnicos del Gobierno vasco, el Gobierno quiere “reforzar la implicación de la Administración pública en el seguimiento de la actividad de los vertederos y una participación directa de la Administración ambiental vasca en la gestión de las instalaciones que se amplíen temporalmente”.
Además está previsto ampliar el personal de inspección y sanción para 2025, de modo que se realicen inspecciones anuales de los vertederos activos e inspecciones periódicas en inactivos. Se establece, además, un límite máximo de vertido anual en cada instalación, en función de sus características.
También se realizarán revisiones de la Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones de vertido con el fin de adecuarlas a la legislación vigente, y se incluirán mayores garantías financieras para el sellado y postclausura a través de un mecanismo financiero específico, acordado con el Departamento de Hacienda, para “garantizar los 30 años de seguimiento” de los vertederos cerrados por parte de los gestores privados, ya que en algunos casos “no es el mejor” e incluso hay empresas que se declaran en “concurso”.
Partida de 100.000 euros para sufragar posibles sanciones
Este aumento de los controles intenta evitar que las sanciones que recaigan en vertederos por no cumplir la normativa acaben suponiendo un coste para la Administración. De hecho, los presupuestos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente contemplan una partida de 100.000 euros para sufragar posibles sanciones de la Comisión Europea a cuatro vertederos vascos. Según se recoge en una respuesta a una pregunta planteada por el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto, se trata de los vertederos de residuos inertes ubicados en Angio (Elorrio), Caserío Erratzugoi (Urretxu), Caserío Usandizaga (Azpeitia) y Cantera Jauregi (Hernani), cuyos propietarios son José Sarraoa Artabe, Santiago Salaberria Arrieta, lasaomendi, SA y José María Echezarreta Larburu.
Según detalla la respuesta del Gobierno “la infracción que supuestamente se atribuye se refiere a que los citados emplazamientos han venido soportando una actividad de vertedero de residuos inertes sin que se hubieran adoptado las medidas oportunas a tales efectos. De los cuatro emplazamientos objeto de este expediente dos son vertederos que se encuentran sin actividad desde hace tiempo y por lo tanto, se encuentran inactivos en este momento. El vertedero de Erratzu recibe tierras para su sellado y el cuarto emplazamiento es un hueco minero que ha sido restaurado con residuos inertes”.
El Gobierno vasco señala que ha realizado “diversas inspecciones y requerimientos, así como otro tipo de medidas como requerimientos de actuaciones de retiradas de residuos, ejecución de proyectos de sellado para garantizar el cumplimiento del marco normativo, actuaciones que en algunos casos han dado inicio a expedientes sancionadores”. Sin embargo, reconoce que “la Comisión Europea no sancionará a ningún propietario de vertedero, la sanción, caso de no satisfacer el sellado, recaerá sobre esta administración pública”, que debe actuar subsidariamente para evitar daños medioambientales, por lo que debe contemplar un dinero para hacerse cargo de la sanción, aún a riesgo de no recuperarlo, como ha ocurrido con los 29 millones que se invirtieron en el vertedero de Zaldibar en los trabajos tras el derrumbe y que Verter Recycling, la empresa propietaria, no ha devuelto a la Administración.