En plena crisis de subida del IPC, el Gobierno vasco no acaba de arrancar con las labores de control de los precios de la cadena alimentaria para que todos los eslabones reciban una compensación justa y los productos no disparen sus costes cuando lleguen a los consumidores. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha encargado la elaboración de una serie de informes sobre los precios de los productos de diferentes sectores a lo largo de la cadena alimentaria. Estaba previsto que los resultados de estos informes se conocieran después del verano como primera base para establecer un control de los precios desde el sector primario a la llegada al comercio, pasando por transporte o envasado, e intentar corregir aquellos precios que no se consideren ajustados. Sin embargo, el Departamento de Arantxa Tapia reconoce en una respuesta parlamentaria que dichos informes siguen sin estar listos para su publicación, aunque prevé que pueda realizarse “en los primeros meses” de este año, sin establecer una fecha fija. En concreto, se trata de informes sobre el precio de la leche de vaca, que en septiembre se señalaba desde el Gobierno que era uno de los más avanzados, la leche de oveja, la carne y las uvas.
En una respuesta parlamentaria a Itxaso Etxebarria, de EH Bildu, la consejera Arantxa Tapia sí señala que se ha creado una estructura metodológica para extraer los datos de las operaciones estadísticas oficiales, fundamentalmente a partir de la operación estadística “Red Contable Agraria Vasca-RICAV”. “De forma que, una vez obtenido el coste unitario de cada producto, los componentes de éste se actualizan desde el último año publicado por la Red Contable Agraria Vasca, mediante la información aportada por la estadística oficial 'Índices de precios percibidos por los agricultores', para de esa manera conocer los costes en el momento presente”, indica.
Según detalla el departamento, este trabajo se ha llevado a cabo por personal técnico de Hazi Fundazioa“ que desarrolla ya su actividad dentro del Área de Observatorio y Estadística, donde en la actualidad trabajan 11 personas”. “A efectos de estimación de recursos económicos, se han destinado en horas de trabajo, y a los efectos de los cálculos de los costes de referencia, una suma hasta la fecha de 73.097,71 euros”, detalla Tapia en su respuesta.
El hecho de que todavía no se hayan culminado y publicado estos informes supone un nuevo retraso en el control de la cadena alimentaria desde el punto de vista de los precios en un momento muy tensionado por el alza de la inflación, ya que el Ejecutivo considera que estos informes, que permitirán conocer los precios, supondrán una base para poner en marcha todo el engranaje de control, porque como ya han señalado en diversas ocasiones desde el Departamento, no es el Ejecutivo el que puede fijar los precios de los productos para no alterar la libre competencia.
También sigue sin fecha la creación de un servicio de inspección para evitar precisamente que no se descompensen los precios en los diferentes eslabones. La forma de poner en marcha este servicio de inspección se estaba analizando desde función pública para determinar si se creaba un organismo propio o se integraba más personal en áreas ya exitentes, algo que todavía está por determinar.
En su repuesta, Tapia no concreta cómo será esta labor inspectora pero, tras recordar que desde la Dirección de Agricultura y Ganadería “se llevan abordando las inspecciones del Control Lechero, y cuando ha habido alguna denuncia se ha intervenido”, señala que la pretensión del Gobierno es reforzar la inspección con “incorporación de personal en el primer cuatrimestre de 2023”. Este de personal tendrá “funciones de inspección, de asesoría jurídica y de administración”. Para el refuerzo del servicio de calidad y control del fraude el Gobierno vasco cuenta con un presupuesto de un millón de euros.
Fue la propia consejera la que desveló en el mes de julio en una respuesta parlamentaria por escrito a Elkarrekin Podemos-IU que estaban intentando crear este servicio de inspección y que habían solicitado al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que hiciera las gestiones pertinentes. Pero a día de hoy la iniciativa está todavía en un estado muy incipiente, pese a que el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, del que el departamento quiere que cuelguen todas las iniciativas en este ámbito, se presentó en la primera mitad de 2022.
Este Observatorio, según detalla Tapia en la pregunta de EH Bildu, en el ejercicio 2022, “entre personal propio y servicios externos, supuso un coste total de 1.085.31 euros. ”Aglutina mucha información proveniente de diferentes fuentes de información, y sobre todo la dedicación de horas del conjunto del Área de Observatorio y Estadística, y no solo vinculadas al cálculo de costes“, puntualiza. ”El Observatorio se ha ido reforzando desde el tradicional servicio de estadística de la Fundación Hazi a un área más potente en recursos humanos“.
Las iniciativas relacionadas con el control de los precios de la cadena alimentaria acumulan muchos retrasos pese a que desde el sector primario llevan tiempo insistiendo en la necesidad de que haya un control. La Ley de Cadena Alimentaria está vigente desde 2013. Esta normativa establece que el responsable de hacer cumplir la Ley sea el Estado en el caso de que la cadena alimentaria (producción-transporte-distribuidor-consumidor) se dé en más de una comunidad autónoma. En el caso que la cadena empiece y finalice en una misma comunidad autónoma, es el Gobierno de dicha comunidad -en este caso el vasco- es el responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y que en toda la cadena alimentaria a los operadores se les cubra el coste del producto o servicio. Es decir, el Gobierno vasco tiene esa responsabilidad de control desde 2013, sin que hasta ahora se haya hecho nada más allá de crear el citado Observatorio en el mes de mayo, cuando la situación inflacionista y la crisis de Ucrania ya estaban acuciando a los productores y entramos en 2023 sin más avances en este sentido, pese a que esta por ver de qué forma puede influir el hecho de que se reduzca el IVA de determinados productos, como ha aprobado el Gobierno central, en el resto de la cadena alimentaria.