Euskadi tendrá nueva sede en París... pero no el histórico palacio de Marceau
Lo anunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su discurso de apertura del curso político ante el Parlamento Vasco el pasado 16 de septiembre y la noticia se ha ido difundiendo en los últimos días: el Gobierno va a abrir una nueva delegación internacional y lo va a hacer en Francia, concretamente en París. Ya se conoce que costará 1.052.324 euros su puesta en marcha -según los presupuestos de 2022- y que tendrá seis trabajadores. El representante de Elkarrekin Podemos-IU Íñigo Martínez ha preguntado en la Cámara por la ubicación concreta de la 'embajada' y, sin dar ningún detalle, el Ejecutivo ha preferido simplemente por quedarse en que “la previsión de su emplazamiento es París”. Euskadi, según fuentes de la Presidencia vasca, busca unas “oficinas de trabajo” y tiene “varias opciones” ya en cartera pero lo que está claro es que no podrá regresar a la histórica sede de la avenida de Marceau, cerca del Sena y del Arco del Triunfo. Ahora es propiedad del Gobierno de España, que ha instalado allí la sede parisina del Instituto Cervantes.
“La apertura de una delegación de Euskadi en Francia responde al compromiso del Gobierno de proyectar a 'Euskadi-Basque Country' en el exterior. Es una proyección que requiere del refuerzo de la red institucional de las delegaciones de Euskadi en el exterior en países prioritarios y el ecosistema de internacionalización”, argumenta el Ejecutivo ante el Parlamento. Ahora mismo, esa red internacional está compuesta por legaciones en España (en Madrid) y en la Unión Europea (con sede en Bruselas) pero también en Estados Unidos (Nueva York), en México (Ciudad de México), en Mercosur (con base en Buenos Aires, Argentina) y en Chile, Perú y Colombia (la oficina está en Santiago de Chile). Estos 'embajadores' son los altos cargos de la Administración autonómica cuyas nóminas son más altas, más incluso que la del lehendakari. En los últimos años, el titular de la delegación de Estados Unidos ha llegado a alcanzar los 128.000 euros anuales.
Ante la pregunta de Elkarrekin Podemos-IU, el Gobierno de Urkullu defiende con vehemencia la necesidad de esta nueva sede: “A nivel institucional, la relación de Euskadi con Francia es sólida. En los últimos años han sido frecuentes los contactos de altos cargos del Gobierno vasco con los diferentes embajadores y personal de la embajada francesa en Madrid, así como con el Consulado General de Bilbao. En el marco transfronterizo, el Gobierno vasco participa en instituciones, redes y foros de colaboración que impulsan las relaciones con distintas entidades territoriales francesas en un amplio abanico de sectores. Francia es el segundo socio comercial de Euskadi. En el año 2020 las exportaciones ascendieron a un valor de 3.232 millones de euros y las importaciones a 1.560 millones de euros, lo que refleja una balanza claramente positiva para Euskadi. Más de 120 empresas vascas desarrollan actividad productiva o comercial en ese país y 86 empresas francesas tienen inversiones en Euskadi. Francia es un país clave en el plano de las infraestructuras [...], las Universidades vascas mantienen estrechos contactos con Universidades francesas [y] con respecto al fomento e impulso de la lengua y cultura vascas cabe destacar la cátedra Jean Haritschelchar iniciada en 2017 y la red académica de estudios vascos de la que forman parte tres universidades francesas [...]. La comunidad vasca es significativa y se agrupa en torno a cinco 'euskal etxeak' ubicadas en Burdeos, París, Pau, Marsella y Montpellier”. “Los datos vertidos confirman a Francia como un país prioritario”, insiste el Ejecutivo.
Estos 'embajadores' son los altos cargos de la Administración autonómica cuyas nóminas son más altas, más incluso que la del lehendakari. En los últimos años, el titular de la delegación de Estados Unidos ha llegado a alcanzar los 128.000 euros anuales
Pero el desembarco del Gobierno vasco en París adquiere también un significado histórico. El primer Ejecutivo de la entonces conocida como Euzkadi (escrita con 'z') se constituyó en octubre de 1937, en plena Guerra Civil. Se ocultó en el hotel Carlton de Bilbao. En las escaleras de acceso a este alojamiento todavía hoy se conservan los respiraderos de una sala subterránea donde se escondía aquel gabinete liderado por José Antonio Aguirre, el primer lehendakari. La derrota republicana motivó el exilio y el Gobierno vasco se instaló en Francia. En Baiona tenía la sede central el Servicio Vasco de Información o SVI (la CIA vasca) y en París estaban las oficinas de la Presidencia. En concreto, se utilizó un edificio adquirido unos meses antes por nacionalistas vascos en la avenida de Marceau, en la zona de los mejores bulevares. El palacete había sido levantado en el siglo XIX y es de estilo haussmaniano.
En la web oficial del Gobierno vasco se explica que “la caída de la capital francesa en manos de los nazis en mayo de 1940 provoca su desmantelamiento y la ocupación posterior de las oficinas por parte de la Policía franquista”. El propio Aguirre siguió su periplo internacional y acabó en Nueva York, donde puso el SVI al servicio de la OSS, como se conocía entonces a la CIA. Pero, en 1945, en el marco de una operación secreta de la OSS, un grupo de vascos fueron entrenados en una abadía a las afueras de París, en concreto la de Notre Dame de Vaux en Cernay-la-Ville, a 50 kilómetros de la capital y propiedad del barón de Rothschild. Estados Unidos adiestró a este pequeño comando de 114 hombres (y un capellán llamado Iñaki Azpiazu). Se trataba de conformar un brazo paramilitar operativo para llevar a cabo operaciones de ‘hit and run’ (‘golpear y correr’, en inglés) en un escenario en el que preveían resistencia e insurgencia alemana tras la caída de Adolf Hitler. Una de sus 'asignaturas' era la de “muerte silenciosa”: “Técnicas de eliminación de personas sin ruido”. Estos planes secretos fueron destapados en 2017 por los investigadores Guillermo Tabernilla y Pedro J. Oiarzabal y publicados por este periódico.
Terminada la II Guerra Mundial, la delegación vasca volvió al 'hotel' de Marceau pero un tribunal francés ya había autorizado su desalojo durante la ocupación y el colaboracionismo. El desahucio se produjo finalmente en 1951, cuando el edificio quedó definitivamente en manos de las autoridades franquistas, que arguyeron que la sociedad mercantil gestora del edificio había obtenido los fondos desviándolos del tesoro español. Las autoridades autonómicas en el exilio se tuvieron que trasladar a la rúa de Singer, primero a un piso y luego a semisótano ocupado hasta que en 1979 se aprobó el Estatuto. En 1991, el Gobierno democrático español reacondicionó la casa de Marceau para abrir la sede del Instituto Cervantes, un organismo internacional para la enseñanza y la difusión de la cultura hispánica. Todavía hoy mantiene esa actividad y, además, el edificio ha sido remodelado. “No puedo tener ninguna posición en un asunto que escapa a mis competencias. Nos limitamos a cumplir con las funciones que tenemos encomendadas y a desarrollar nuestro programa de actividades, algunas de las cuales se desarrollan en el edificio de Marceau, recientemente restaurado”, explica por correo electrónico el director de la sede de París, Domingo García Cañedo.
Nos limitamos a cumplir con las funciones que tenemos encomendadas y a desarrollar nuestro programa de actividades, algunas de las cuales se desarrollan en el edificio de Marceau, recientemente restaurado
El veterano dirigente del PNV Iñaki Anasagasti recuerda que ya en los acuerdos con el PP para la investidura de José María Aznar (presidente de 1996 a 2004) se reclamó la restitución de la sede. “Nos dijeron que sí, pero [Xabier] Arzalluz no quería que eso constara públicamente”, cuenta Anasagasti, participante de aquel acuerdo y de las reuniones con un colaborador de Francisco Álvarez Cascos para solucionar este asunto. “Pero Lizarra lo dejó en 'stand by'”, afirma sobre el pacto del PNV con la izquierda abertzale de 1998. Si el edificio era sede oficial del Gobierno de Euzkadi, parte del Estado republicano, y ahora es de titularidad pública, ¿cuál es problema? Matiza Anasagasti que la compra se produjo en 1936, cuando no existía tal autonomía, y que la gestionó el partido con donaciones de vascos de la diáspora. En 2003, el Tribunal Supremo no vio motivos para indemnizar al partido por la incautación -pedía 1.752.518.000 pesetas, unos 10,5 millones de euros al cambio de entonces- si bien sí accedió a pagar 8,8 millones de euros por otros 'batzokis' en similar situación.
El PNV lo siente como una usurpación y, de hecho, en los últimos años tanto su presidente, Andoni Ortuzar, como el propio Urkullu han visitado el lugar para reclamar su devolución. El propio Anasagasti realizó iniciativas también en los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En 2016, el lehendakari dejó en el buzón del Instituto Cervantes una carta manuscrita en euskera y con el membrete presidencial en este sentido. Publican 'El País' y 'La Vanguardia' que la próxima Ley de Memoria Democrática podría abrir una puerta legal para lograr una salida intermedia. La norma reconocería la propiedad del PNV y habilitaría a que cobrara una indemnización millonaria -de hasta 17 millones de euros- mientras el Instituto Cervantes podría mantener sus actividades. En su día, costó 1.460.000 francos franceses.
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