Seis años clamando justicia contra el Opus Dei: “Ahora toca empezar a vivir”

El 30 de diciembre de 2012, unos padres angustiados y apocados contaron públicamente por vez primera la historia de su hijo, entonces adolescente, que había padecido graves abusos sexuales y que el responsable era su profesor o tutor. Aquella situación, además, generó la burla de sus compañeros y graves episodios de acoso escolar y 'ciberbullying'. Los hechos se produjeron cuando el joven cursaba el primer ciclo de Secundaria en un colegio masculino del Opus Dei en Leioa (Bizkaia), que mantiene un concierto con la Administración. Gaztelueta es el más antiguo de las escuelas vinculadas a esta prelatura en España. Ahora, a punto de cumplirse seis años de aquella entrevista, esa familia recibe con “satisfacción” -“que no es lo mismo que alegría”- una sentencia judicial que, por vez primera, certifica que el pequeño, ahora mayor de edad, no mentía. Su preceptor, José María Martínez Sanz, numerario y familiar de una alta autoridad del Estado, ha sido condenado a 11 años de prisión por la Audiencia Provincial de Bizkaia a pesar de que en el juicio, celebrado en octubre, incluso lloró porque se sentía perseguido e injustamente señalado.

El tribunal tiene muy claro que la versión del chico es creíble. La sentencia de los magistrados Alfonso González-Guija, Juan Manuel Iruretagoyena y Jesús Agustín Pueyo, fechada a 13 de noviembre pero conocida este jueves, desgrana a lo largo de 70 páginas que no hay “ningún motivo” para dudar de una denuncia que, tras varios intentos fallidos, interpuso la propia víctima como último cartucho al poco de cumplir la mayoría de edad y antes de su décimo noveno cumpleaños, cuando habrían prescrito los delitos. Destaca también que sólo se ha perseguido justicia, nunca “venganza”.

Destaca que todos los profesionales que le han tratado corroboran que su relato es sólido y sin fisuras, al margen de pequeños detalles confusos fruto del estrés postraumático y de su corta edad, madurez e inexperiencia sexual en el momento de los hechos. Es más, recuerda el tribunal que sólo los peritos contratados por la defensa sostiene la teoría del relato inventado o falso recuerdo y les afea que plantearan esa hipótesis únicamente desde la “teoría” y no basándose en hechos reales, cuando ese tipo de comportamientos son tremendamente excepcionales.

“Aislamiento”

Se dan como “hechos probados” que Martínez Sanz sacaba a la víctima para sesiones de tutoría individuales con más frecuencia que al resto de alumnos y que esas preceptuaciones se hacían en un despacho de Gaztelueta que, en aquellas horas, ofrecía “clandestinidad”. También se ha constatado que el maestro se prevalió de su “autoridad” e “influencia” para ir ganando confianza y satisfacer su ánimo libidinoso.

Los abusos comenzaron con preguntas sobre la vida sexual del estudiante -en aquella época tenía entre 11 y 13 años- y siguieron con un primer contacto físico cuando el maestro lo sentó en sus rodillas con la excusa de mostrarle unas notas en la pantalla del ordenador. Según los jueces, no era precisamente un móvil el elemento duro que notó el chico, como arguyó el abogado del acusado, Eduardo Ruiz de Erenchun, en su alegato final de conclusiones. Y vinieron más tocamientos, así como “indicaciones” para llevara a cabo en su presencia prácticas sexuales explícitas.

La reiteración de esas tutorías -hasta dos veces a la semana con una duración de incluso 50 minutos- generó que muchos de sus compañeros se burlaran de él, aunque el tribunal no ve “acreditado” que el acusado incitara estos comportamientos directamente o que los conociera. Ya en su momento la Fiscalía de Menores condenó a varios alumnos de Gaztelueta por estos hechos, que siguieron una vez que la víctima dejó el centro para el segundo ciclo de Secundaria. Precisamente este 'bullying' motivó una primera crisis del joven, que vio que su pesadilla continuaba aun alejado del colegio de Leioa, y que empezara a verbalizar los hechos ocurridos en los dos cursos anteriores.

Para los magistrados, hay que tener en cuenta la “gravedad” de los hechos pero también su “pluralidad y variedad” y que, además, fuesen cometidos por alguien “dedicado a la docencia” y encargado de tutorizar a menores. No es menos relevante, añaden, las “indudables repercusiones” que estos hechos han tenido en la vida de la víctima y de su familia, que se han traducido en intentos de suicidio, tratamientos médicos que todavía prosiguen e incluso un cambio de residencia de Euskadi a La Rioja. “Aislamiento” es la palabra que se emplea en el fallo para describir estos años en la vida del exalumno de Gaztelueta.

En este sentido, la condena de 11 años va mucho más allá de la pena solicitada por la Fiscalía, que pidió 3 en primera instancia y luego planteó una “alternativa” de 20 meses al término del juicio porque no creyó que los hechos más graves descritos por la víctima, verbalizados con el paso del tiempo y no en sus primeras declaraciones, estuviesen lo suficientemente acreditados. La abogada de la familia, Leticia de la Hoz, pedía una condena de 14 años (10 de cumplimiento efectivo) aunque ella y sus clientes están satisfechos con el resultado. El fallo lleva aparejada igualmente una orden de alejamiento de 15 años.

“Empezar a vivir”

“Estamos satisfechos. Son muchos años dando la cara. A veces el ser muy tenaz y estar ahí da sus resultados. Espero que esto suponga una herramienta para que mi hijo pueda empezar a vivir”, valora Juan Cuatrecasas, padre del denunciante y portavoz habitual de la familia en estos años. Desea igualmente “que todos los que se han dedicado a difamar y mentir rectifiquen”. “La sentencia es lo suficientemente contundente para que esas personas rectifican”, apostilla.

El tono del colegio Gaztelueta, en cambio, es muy diferente. El centro, en su comunicado oficial, obvia a la familia y a la víctima y muestra su sorpresa por la condena porque “varias instancias habían desestimado las acusaciones”. En realidad, ese relato esgrimido por la defensa era inveraz, puesto que éste ha sido el primer juicio celebrado al respecto, como queda patente en la sentencia:

- La Fiscalía de Menores que analizó (y probó) el acoso escolar no era competente para enjuiciar a un adulto.

- La causa abierta en 2013 por el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, tras las primeras noticias en prensa y que quedó archivada después no constituyó 'cosa juzgada' en ningún momento.

- Y la investigación de la Iglesia, que tampoco vio los abusos, no es homologable en un Estado de Derecho a los tribunales. Es más, la sentencia deja claro que la declaración de la víctima ante el instructor eclesiástico tiene muy poco valor: “Imaginamos el grado refractación que estas concretas personas pudieron provocarle”. El instructor de aquella causa, Silverio Nieto, es ahora miembro de la oficina creada por el Vaticano para aclarar los abusos en la Iglesia católica.

En general, la resolución judicial es muy crítica con el colegio. Censura, por ejemplo, la investigación interna realizada luego de que los padres, en 2011, se dirigieran al centro a pedir explicaciones. Afea, además, que los testigos de la defensa, antiguos profesores y alumnos, hayan seguido un discurso común: “Los testimonios de las personas vinculadas al centro escolar no nos han convencido porque han expresado un discurso tan homogéneo, tan simétrico y tan uniforme que induce a pensar en una estudiada estrategia defensiva”. En el juicio salió a la luz que el colegio había redactado (y pagado) unos escritos que rechazaban de plano que se produjeran abusos, unas actas notariales que empleó la defensa de Martínez Sanz para probar su inocencia.

El abogado Ruiz de Erenchun sostuvo también que la madre indujo a su hijo al relato y que el padre fue quien le mostró fotografías eróticas desde su 'blog' de cine. La sentencia no sólo lo rechaza sino que destaca el papel de ambos progenitores para sacar a la luz los hechos y ayudar a su hijo. “La conducta de los padres no puede ser calificada de otro modo que normal, la que seguiría cualquiera”, se puede leer en el documento judicial. Es más, muestran su comprensión a que en 2012 tuvieran que recurrir a la prensa para impulsar la investigación dada la cerrazón de Gaztelueta. Era “dar salida a un sentimiento de indignación”.

La familia espera que su caso ayude a otras personas en su misma situación. “Hemos estado en contacto con otras víctimas y lo que sí espero es que, a partir de ahora, todos los que pasan por estos trances puedan denunciar”. Con todo, la batalla judicial no se ha acabado: el condenado recurrirá “mientras pueda”.