La estrategia de los tres exdirigentes del PNV de Álava que se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Álava acusados de corrupción a través de la mercantil Kataia Consulting, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, es que ni solicitaron ni cobraron comisiones por hacer uso de sus influencias políticas para facilitar contratos públicos a empresarios afines. Lo es de nuevo después de que la semana pasada, sorpresivamente, se echarán para atrás en bloque y se negaran a aceptar la oferta de la Fiscalía para rebajar su condena a cambio de una admisión de los hechos. Así lo han reiterado Tellería y Ochandiano en sus declaraciones de este miércoles en el juicio del 'caso De Miguel' al igual que quien da apellido al caso lo hizo el lunes y martes en repetidas ocasiones. Sin embargo, al mismo tiempo buscan exprimir todas las opciones de anular pruebas clave de la existencia de una trama de cobro de comisiones y dinero negro.
El abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, intentó el lunes mostrar una presunta manipulación en las grabaciones que aportó a la Fiscalía en 2009 la denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, en las que se escucha que el pago de mordidas entra “dentro de lo normal”. Y este miércoles, el letrado de Ochandiano, Carlos Chacón, ha buscado sembrar la duda sobre el registro y posterior atestado de la Ertzaintza en el domicilio de su cliente, en cuyo camarote apareció dentro de un archivador azul un cuaderno rojo con notas manuscritas con referencias a las operaciones económicas más relevantes del caso, a comisiones, a porcentajes y a pagos en “negro”.
Si ya en su momento acusó a la Policía de “enriquecer” ese cuaderno con otros elementos -extremo que no era correcto y le obligó a pedir disculpas-, ahora ha sugerido que las pruebas no se embolsaron adecuadamente y que en el informe fotográfico de los efectos decomisados en el domicilio de Ochandiano no aparece ese cuaderno. En este atestado policial, en cambio, la prueba, que tiene el código B14, aparece dentro del archivador azul.
Ochandiano, como De Miguel, se ha limitado a responder a preguntas de su defensor, sin querer atender ni a la Fiscalía ni a las otras partes. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha tratado de suplir esta ausencia de preguntas comprometidas exhibiéndole el cuaderno, pero se ha acogido también a su derecho a no contestar. “Mi abogado me ha recomendado que no habla de ninguna prueba nula”, ha sentenciado para matizar, poco después, que se refería a pruebas que se ha solicitado que sean anuladas.
Sin tener que dar explicaciones sobre el cuaderno, Ochandiano ha podido explayarse sobre su versión de los hechos. Una de las notas manuscritas elaboradas por él alude a un porcentaje del 4% que se recaudaría como consecuencia de contratos (“obra 4% Kataia”). Los informes de la Ertzaintza ubican las presuntas mordidas en los municipios de Zigoitia y Lapuebla de Labarca, gobernados por el PNV. Aplicado el porcentaje de las adjudicaciones mencionadas en las notas a los contratos recibidos por el beneficiario, Jon Iñaki Echaburu, de Construcciones Loizate, se logran unas cantidades que luego facturó la empresa hermana de Kataia Consulting, Errexal.
Según Ochandiano, Errexal no tenía nada que ver con Kataia Consulting -era simplemente un cliente al que esta mercantil llevaba la contabilidad y asesoraba- y en esta firma no hay pagos equivalentes al 4%. Ha bromeado que no tenía una calculadora a mano para demostrarlo y que seguramente no se le permitiría sacar el móvil para hacer los números. Ello, sin embargo, no justifica las notas con esos porcentajes. ¿Cómo las ha explicado? Según Ochandiano, Kataia Consulting preveía ofertar a Loizate un servicio de prevención de riesgos laborales -en principio fuera del objeto social de la empresa- y que eso se facturaba con un 4% de una parte del contrato total. Echaburu, sin embargo, explicó durante de la investigación que el 4% que pagó a Errexal era por servicios como la instalación de cartelería de obra o traducciones. La semana que viene comparecerá en el juicio el empresario y se podrá contrastar si las versiones son coincidentes.
Tellería, con las “botas de goma puestas” en Zambrana
Tellería, por su parte, también ha insistido en que Kataia Consulting era una empresas con una actividad normal y no una “pantalla”, como sostiene la Fiscalía. En su caso, ha manifestado que coordinó los trabajos de asesoría que aparentemente realizaron para la promoción de un polígono industrial en Zambrana, al sur de Álava. De Miguel, consultado por la alcaldesa 'jeltzale' del pueblo, María Justina Angulo, situó como intermediario del proyecto a su amigo Josu Arruti. Éste captó como inversores a los catalanes de Construcciones Riera, con quienes firmó el 29 de septiembre de 2005 un acuerdo de tres millones de euros. En 24 horas, Kataia Consulting recibió 130.000 euros.
Arruti y los empresarios catalanes son algunas de las personas que han decidido colaborar con la Fiscalía y reconocer los hechos a cambio de mejorar su situación procesal. La previsión, si no hay sorpresas de última hora en forma de retractaciones o presiones, es que reconozcan que estos pagos se hicieron por nada real y que fueron comisiones. Ello comprometería la situación de De Miguel, Tellería y Ochandiano. Entretanto, la terna defiende que el dinero se correspondía a trabajos en Zambrana. Tellería, gráficamente, que estuvo en su calidad de ingeniero agrícola “con las botas de goma en Zambrana durante cinco meses”, además de “coordinar” a las dos subcontratas que pagaron para ayudarles con el asesoramiento, Urazca y Loizate.
Tellería, en su declaración, ha tratado de explicar que puso a nombre de su mujer Kataia Consulting por un motivo terrenal, no con ánimo de ocultación: para no perder su prestación de desempleo por el riesgo de que la empresa no funcionara. Es cierto que a finales de 2005 estaba en el paro, pero también lo es que cuando se creó esta mercantil estaba dado de alta en Oihanberri, una sociedad envuelta también en la polémica durante su liquidación, y lo estuvo hasta finales de octubre de 2005, cuando ya estaba aparentemente “con las botas de goma puestas en Zambrana”.
Su abogado, Jesús Villegas, le ha preguntado por su conocimiento de algunas empresas que han aparecido en el 'caso De Miguel'. “Hay varias que ni siquiera conocía”, ha afirmado Tellería, que ha parecido incluir entre ellas a Riera. Sin embargo, la empresa catalana fichó al político como delegado de su filial para Zambrana, Riera Urbanizer. Concretamente, estuvo dado de alta desde abril de 2007 hasta octubre de ese año. Se da la circunstancia de que en las mismas fechas, exactamente 24 horas antes de empezar con Riera, Tellería fue dado de alta igualmente como trabajador del PNV en su sociedad instrumental Landaburu Etxea, de la que cobró unos meses y que estaba controlada por De Miguel.