¡Habla, memoria!
Julen y Elisa Kalzada están preparados. Llevan tantos años esperando un momento como este que ya nada puede perturbarles. Junto al caserío de Julen, el mismo en el que su padre Teodoro vivió hasta aquel fatídico mes de abril de 1937 en el que las tropas franquistas arribaron en Busturia (Bizkaia), ha crecido un árbol sano. Un árbol con memoria. Y ahora está dispuesto a contarlo todo a la juez argentina María Servini de Cubria, que investiga los crímenes de la dictadura franquista que en España están vedados para la judicatura.
El árbol, una planta diminuta entonces, echó las primeras raíces hace décadas en el patio de la cárcel concordataria de Zamora, donde fueron encerrados los curas que no comulgaban ni con el Franquismo, ni con la jerarquía eclesiástica que, bajo palio, desfilaba junto a las autoridades de la dictadura española. Fue en primavera, como ahora. “Con la primavera, rescatamos en el sucio patio unas plantillas de no más de 3 o 4 centímetros que nos devolvieron las sonrisa. Una de las plantas se ha hecho un árbol frente al caserío de mi padre fusilado y mi hogar hoy”. Este testimonio forma parte de la declaración que, junto a decenas de otras más, se acumulan en la causa 4591/10 que instruye la jueza Servini en el juzgado bonaerense.
Servini ya dio un golpe de efecto hace meses cuando dictó una orden de busqueda y captura contra cuatro torturadores franquistas y, a su vez, decidió pedir su extradición para ser interrogados en el curso de la investigación de la querella. Dos de ellos ya habían fallecido. Pero a Jesús Muñecas, capitán de la Guardia Civil que represalió docenas de jóvenes en los cuarteles de Zarautz y Tolosa (Gipuzkoa), y al temido Juan Antono González Pacheco, Billy el Niño, conocido en Madrid por su crueldad con los detenidos arrastrados a la fuerza la siniestra Dirección General de Seguridad, les vino a visitar la memoria. Entraron en los juzgados de la Audiencia Nacional embozados y, por la puerta de atras de la prescripción de los delitos, lograron zafarse de sus responsabilidades.
Como esos cadáveres que la marea devuelve a la orilla, retorna el horror provocado por los torturadores y las estructuras franquistas durante 40 años. Y ahora sí tendrá quién lo escuche pacientemente. La jueza argentina María Servini tiene previsto llegar hoy a Euskadi para atender a los testimonios de varias de las personas que presentaron la querella contra los crímenes del Franquismo. Josu Ibargutxi viajó ya el viernes a Madrid para sumarse al resto de representantes de organizaciones memorialistas que llevan batallando desde hace años contra la impunidad a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). Ibargutxi forma parte de la asociación Goldatu, la asociación de presos y represaliados vascos de la dictadura franquista. Y es además querellante.
Cuando marchó en diciembre pasado a Argentina junto a otros denunciantes para estar con la jueza instructora percibió en Servini un interés real por investigar. Y por remover los obstáculos que todo el mundo sabía se iban a interponer en el camino. “Ha sido autorizada por la Corte Suprema de Argentina para acudir aquí a tomar testimonio a algunos querellantes, recabar documentación e investigar los crímenes del franquismo. Es un impulso a la investigación que nos llena de alegría. La desgracia es que tenga que venir una juez de fuera a investigar la dictadura franquista”, se lamenta.
Julen y Elisa Kalzada abrirán las puertas de su casa a la magistrada argentina. Al igual que Félix Padín, un miliciano de 97 años que luchó en la Guerra Civil y que, tras el triunfo de las tropas franquistas, pasó por varios campos de concentración, entre ellos el de Miranda de Ebro, donde fueron recluidos muchos antifranquistas vascos. La jueza Servini bien podría empezar esas conversaciones con una orden que en ningún caso sonará como tal: “Habla, memoria!”
