La Fiscalía de Álava ha presentado una querella criminal contra los promotores de Hiriko, el fallido proyecto de crear un coche eléctrico en Euskadi, al considerar que pudieron incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros, según señala la agencia Efe.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha precisado a Efe que esta misma mañana ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria nada menos que 35 cajas con toda la documentación recabada hasta ahora en la “compleja y exhaustiva” investigación desarrollada por la Fiscalía y la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza.
Este fallido proyecto, desarrollado por un grupo empresarial vasco y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), obtuvo una subvención de unos 15 millones de euros del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y otros 2,7 millones del Gobierno Vasco.
La Fiscalía acusa a los responsables de Hiriko de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Junto a la presentación de esta querella, la Fiscalía ha decidido hoy archivar otra investigación paralela abierta sobre las patentes del proyecto Hiriko, al entender que en este caso no hay riesgo de un delito de alzamiento de bienes, como denunció EH Bildu.
La formación abertzale pidió al Ministerio Público que investigase si dos de las tres patentes registradas por Hiriko podrían quedar liberadas al no haberse renovado las tasas correspondientes, por lo que se corría el riesgo de que una empresa privada desarrollase el prototipo de coche eléctrico de Hiriko, que había recibido cerca de 17 millones de ayudas públicas.
Una vez cerrado este caso paralelo sobre las patentes, la Fiscalía se ha centrado en la investigación sobre el propio proyecto de Hiriko y ha interpuesto una querella criminal contra “los responsables de las diversas asociaciones y entidades mercantiles” relacionadas con el mismo.
El fiscal jefe ha precisado a Efe que la querella va dirigida contra responsables de Afypaida, la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción, “empresa matriz” del proyecto, así como contra directivos de otras muchas firmas que dependían de esta agrupación.
Cuando se presentó el proyecto se citó como promotores del prototipo de coche eléctrico a Afypaida, junto a las empresas Guardian, Sapa, TMA, Forging Products, BRW-Basque Robot Wheels, Ingeinnova y Maser Mic, coordinadas todas ellas por Denokinn, el Centro vasco de Innovación, Emprendizaje y Desarrollo de Nuevos Negocios con sede en Bermeo (Bizkaia).
De hecho, este proyecto y el de Epsilon, consistente en crear un coche para competir en la Fórmula 1 y que también fracasó, fue objeto de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que en su dictamen final atribuyó responsabilidades políticas a personas del PNV que ocupaban cargos en el Gobierno Vasco y en las tres diputaciones forales en 2007.
Este mismo mes se ha sabido además que el Tribunal de Cuentas del Estado fiscalizará a lo largo de 2015 las ayudas públicas que recibieron ambos proyectos, unos 48 millones de euros en el caso de Epsilon, y cerca de 17 para el coche eléctrico Hiriko.
La repercusión pública que tuvo el prototipo de Hiriko durante su desarrollo fue muy destacada y en 2012 hasta el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, se puso en Vitoria al volante de una de ellos.
El prototipo del coche eléctrico biplaza, plegable al aparcar, con tracción y dirección a las cuatro ruedas y una autonomía superior a los 100 kilómetros, fue presentado ante la Comisión Europea en Bruselas en enero de 2012 y se decía que en 2013 estaría preparada la primera cadena de montaje para iniciar la producción, a razón de 7 a 8 unidades a la hora, cuyo precio para particulares rondaría los 12.500 euros.
El proyecto fue uno de los estandartes de la tecnología vasca del futuro y se firmaron distintos acuerdos internacionales para su distribución, pero finalmente no se llegó a comercializar ni a concluir su desarrollo al alegar problemas presupuestarios.
Ahora un Juzgado de Vitoria desarrollará la investigación tras la querella de la Fiscalía, al tiempo que el Tribunal de Cuentas fiscalizará las ayudas públicas que recibió.