Desde 2012 hasta 2016 la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social detectó en Euskadi 9.993 empleos ‘sumergidos’ –trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social o que cotizaban menos de lo debido- e hizo recuperar a la caja de la que se abonan las pensiones de jubilación y otras prestaciones algo más de 210 millones de euros. Éste es el balance del plan específico contra el fraude impulsado en 2012 y matiza en algunos centenares la cifra adelantada hace unos meses en Vitoria por la propia ministra del ramo, Fátima Báñez, que habló de “más de 10.500” empleos irregulares detectados en esta campaña.
“El País Vasco ha sido tradicionalmente una comunidad cumplidora. No podemos decir que fuera el paraíso del fraude. Pero igual hemos vivido ilusionados en esa idea aunque la realidad, sobre todo en tiempos de crisis, ha acarreado comportamientos con índices de gravedad importantes. Pensábamos que no se producía y sí se ha producido”, ha reflexionado Carlos García, director territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en Euskadi, quien ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto al delegado del Gobierno, Javier de Andrés, que ha dinamizado el papel de la Administración central desde su toma de posesión en sustitución de Urquijo en ámbitos más allá de los recursos judiciales y las políticas de seguridad.
Según De Andrés, era necesario dar a conocer una labor de investigación “importante” con resultados significativos. “Es fundamental que los trabajadores tengan esos derechos”, ha abundado el delegado, que ha reclamado “colaboración ciudadana” para evitar infracotizaciones, horas extraordinarias sin Seguridad Social y otro tipo de irregularidades relacionadas con la 'caja única'. También el Gobierno vasco, que tiene competencias inspectoras en materia laboral, ha habilitado un buzón antifraude para evitar irregularidades en los contratos a tiempo parcial o en los horarios, según anunció la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José. Según ha remarcado De Andrés, los funcionarios estatales y autonómicos “coordinan la planificación de sus actuaciones”. Ambas Administraciones cuentan con un total de 99 técnicos entre inspectores y subinspectores, 56 de los cuales están adscritos al Gobierno central.
Esos 210 millones recuperados –a los que hay que sumar los ingresados por sanciones y también los ingresos fiscales ordinarios por IRPF de los empleos legalizados- permitirían abonar la pensión media –Euskadi tiene la más alta de España- a 13.239 jubilados durante todo un año, el 2,2% del conjunto de beneficiarios. El debate sobre esta fraude de las empresas, sin embargo, tiene mucha menos proyección pública que el de las ayudas sociales, principalmente el de la renta de garantía de ingresos. Esta ayuda, con un presupuesto anual de 500 millones, acredita un 1% de irregularidades después de una revisión de más de 130.000 expedientes.
De Andrés y García han señalado que el trabajo de control se mantendrá en 2017. Hay ya programadas 6.724 actuaciones programadas en materia de Seguridad Social y 9.469 adicionales para empleos no regularizados. La hostelería es un “clásico” como sector más opaco, aunque también se vigila la construcción, el comercio y los servicios. García ha avisado de que los controles se realizan en todo momento, especialmente en turnos de noche, festivos o fin de semana.