El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo (Bilbao, 1972), recibe al diarionorte.es en su despacho en la sede del sindicato en Bilbao. Destila cierto enfado por la actitud de los diferentes ejecutivos en relación a la mayor preocupación ciudadana: el desempleo. “Los Gobiernos se limitan a analizar el paro como si fuera un efecto meteorológico”, censura. Sobre el diálogo social, cree que el lehendakari debe optar ya: pactar con los que se quieren sentar en la mesa o dar alas a ELA, que solo “aspira a hacer de la acción sindical una especie de lobby sobre la política”. “La política de austeridad es ya antieconómica, no solo antisocial”, asegura, mientras critica al lehendakari por criticar la austeridad dictada desde el FMI y luego aplicarla en Euskadi.
¿Se entera o no se entera la clase obrera de la que está cayendo?
Por la vía de los hechos, porque es la que ha sufrido los efectos más brutales de la crisis, con el paro y el deterioro del marco de derechos laborales que ha habido. Aunque la despolitización anterior a la crisis ha hecho que las personas perdieran las referencias de cómo se estaba creciendo y el modelo económico que se estaba imponiendo y sus debilidades. Y con esa despolitización se han perdido las pistas para entender lo que estaba pasando. Pero sí ve las consecuencias negativas y reacciona con indignación y mala leche. Y no es fácil canalizar esa indignación a propuestas que recompongan los derechos laborales perdidos y el bienestar económico.
Seguro que es más difícil esa labor con noticias como la de Caja Madrid y el escándalo de las visas, que salpican también a CC OO.
Es cierto. Casos como el de Bankia y las tarjetas son algo inadmisible y que mina la imagen del sindicato y la moral de los
sindicalistas. CCOO ha suspendido de militancia a todos los implicados, se ha producido la dimisión de quien ostentaba cargos
ejecutivo en el sindicato, y se tomarán más decisiones en función de la investigación interna en la que estamos. Pero más allá de eso, es necesario establecer un sistema que imposibilite que cosas como estas vuelvan a suceder. Cualquier espacio de representación en el que esté el sindicato, cuando haya algún tipo de retribución debe ser conocida, transparente y justificada. Y si no, es mejor no estar en los sitios. Si hace falta una catarsis al respecto, debemos hacerla. No se pueden dejar espacios de duda. Las actuaciones del sindicato son legales y honestas. No podemos permitir que esto se vuelva a repetir.
¿CC OO Euskadi está libre de un escándalo de ese tipo?
Sin ninguna duda. Vamos a poner en negro sobre blanco los consejos o espacios en los que estamos. En la inmensa mayoría sin ningún tipo de remuneración. En las cajas vascas las dietas eran de 300 euros brutos a cada consejero. CCOO de Euskadi no tiene nada que ocultar. La participación en organismos sociolaborales es una conquista democrática que no puede quedar empañada por ninguna sospecha. Nosotros pedimos al Gobierno una ley de Participación Institucional que defina en qué ámbitos el sindicato tiene que participar, en cuáles de esos es de interés público y, en función de eso, si tiene que haber o no una retribución con luz y taquígrafos.
Le pregunto esto porque ELA ha sido muy crítico con cómo están organizados los fondos públicos de la formación para el empleo con la participación de los sindicatos. Dice que ustedes se financian por esa vía.
Es rigurosamente falso que CC OO Euskadi se esté financiando con los recursos para la formación con el empleo. Sobre este tema hemos ofrecido los datos sobre la gestión de la formación, de los planes que se ejecutan, el nivel de control, que en Euskadi es exhaustivo, junto a las inspecciones físicas que se hacen. Yo nunca diré que es imposible, pero sí terriblemente difícil que haya un sistema del fraude para la formación del empleo en Euskadi. Son recursos finalistas y no hay un euro de retorno para el sindicato.
La sensación que da es que la sima en el sindicalismo vasco no para de crecer, entre ELA y el resto, y a veces también entre los sindicatos nacionalistas y el resto de centrales.
El esquema de división sindical es algo que perjudica a la clase trabajadora, a la negociación colectiva y al sistema de relaciones laborales en Euskadi. Aunque es imposible bailar dos cuando uno de ellos no quiere. Y ELA tiene claro que su estrategia es de disputa y competencia sindical para ejercer una hegemonía política. Y no va a entrar en un espacio de mínima unidad con el conjunto de los sindicatos. Es imposible buscar escenarios de unidad sindical con ELA.
Los tribunales, mayoritariamente, están dando la razón a los sindicatos en la defensa de la ultraactividad en los convenios. Pero las nuevas contrataciones, temporales y con salarios a la baja, muestran una doble velocidad laboral.
En las grandes cifras es verdad que no está habiendo un deterioro salarial generalizado en Euskadi, no se han dejado de aplicar los convenios a todo el mundo, pero se está creando una arquitectura donde el derecho laboral deja de serlo y la negociación colectiva está perdiendo capacidad de protección a los trabajadores: un 60% de los trabajadores tiene un serio riesgo de perder el convenio colectivo, y esto implica que se pueden generar dobles y triple velocidades en el mercado de trabajo en función de a quién se le aplica el convenio, quién entra después, etc. Es un esquema muy peligroso, muy perverso para el futuro, muy de generar agravios comparativos dentro de las empresas y de propiciar una bajada salarial más generalizada. Podemos llegar a un esquema en el que solo el 30 o el 35% de los trabajadores esté cubierto por convenios colectivos. Y si esto se consolida puede haber una conflictividad latente, y antes o después va a estallar.
¿Le sorprendieron las palabras del presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en las que apuntaba, como usted afirma, que la estrategia sindical de batalla empresa por empresa al final daba cobertura a muy pocos trabajadores?
Es objetivamente cierto lo que dijo. El 60% de los trabajadores tiene el convenio bloqueado, en el 2013 fueron poco más de 120 convenios de empresa nuevos. La cobertura frente a los convenios sectoriales es infinitamente menor. Esa es la estrategia que está detrás de la reforma laboral, que la defiende además una parte del empresariado y desgraciadamente es parte de la estrategia de ELA, que en esa menor cobertura de convenio colectivo, interpreta que la pelea empresa por empresa es más rentable para sumar afiliados.
Los 170.000 parados que tiene Euskadi parecen una maldición bíblica: el lehendakari ya asume que este año no se creará empleo neto y en 2015, muy tímidamente.
La lucha de los Gobiernos contra el paro es meramente estadística, esa parecer ser su aspiración. Que baje el conjunto del paro registrado o que en las EPAs se mejoren las cifras de paro aunque eso tenga que ver en realidad con que más de la mitad de los trabajadores ya no tenga un contrato indefinido, sino que es temporal o a tiempo parcial, o ambas cosas. O que se trabajen menos horas. Y los Gobiernos se limitan a analizar el paro como si fuera un efecto meteorológico. Pero están para impulsar medidas contra el paro.
¿Por ejemplo?
El Gobierno vasco se debería tomar en serio que desde lo público se pueden impulsar planes de empleo concretos en sectores que generen un valor añadido y mejores empleos. Hay planes de empleo que están en el plan del Gobierno que sigue en el cajón sin dotación presupuestaria.
¿Cuáles?
Planes sobre la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética que permitan a personas que vienen del paro en la construcción recualificarse. Planes que generen valor añadido y actividad en las empresas y no planes que solo sean un sumidero por donde se van los recursos públicos. La política social puede también generar empleo: hay necesidades sociales que no están suficientemente bien cubiertas.
Pues en ese campo solo se ven recortes en todos los Presupuestos.
Se recorta ahí, se genera menos empleo y peor atención a las personas. Si se reducen las prestaciones sociales, la gente puede consumir menos y por tanto hay menos actividad económica. La política de austeridad es una política antieconómica, no solo antisocial, y esto lo dice ya más gente que los sindicatos o las izquierdas. Empieza a ser una necesidad dar la vuelta a estas políticas, y probablemente eso requerirá de medidas de carácter fiscal porque si no no se puede financiar ese incremento de la actividad del sector público que tiene que acompañar una revitalización del sector privado. No solo desde lo público se va a salir de esta. Pero lo público debe hacer de palanca y aceleración de salida de la crisis. Desde Euskadi a Europa, una salida global. Aquí no va a haber una salida desde el txoko. Una especie de 'Plan Marshall' que destine el 2% del PIB de la zona euro a través de una serie de figuras impositivas que se podrían habilitar sobre las transacciones financieras y otras para impulsar políticas de desarrollo industrial en países que por sí solos no van a salir de esta crisis o lo harán en décadas.
¿Se quedó entonces corta la reforma fiscal pactada entre PNV y PSE?
Sí. Los efectos se verán en el futuro. Pero la reforma fiscal no tiene que ver tanto con los tipos nominales del impuesto de sociedades o al IRPF, como en el magma de exenciones y bonificaciones fiscales que existen, eso que se llama la elusión fiscal. Las grandes empresas pagan entre el 8-10 o el 12.
El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, decía que gracias a cuidar a esas empresas se podían financiar los servicios sociales en Bizkaia.
Las diputaciones han sido muy proclives a esas políticas, que están detrás de lo que ha pasado con las vacaciones fiscales: la competencia a la baja en materia fiscal. Pero es una política que nos lleva al desastre porque antes o después la hacienda de al lado o la del país limítrofe harán lo mismo. Hacen falta marcos integrados en materia fiscal para toda Europa. Esta especie de Suiza vasca que algunos propusieron en su momento en materia fiscal creo que es un modelo fracasado.
¿Hemos dejado atrás lo peor de la crisis, como dice el lehendakari?
Cuando todo el mundo estaba en ese debate se empieza hablar de la posibilidad de una tercera recesión porque se paran las economías alemana y francesa y el BCE deja en ridículo los discursos excesivamente optimistas de alguno. Creo que no hay elementos objetivos para decir que vayamos a abandonar la crisis en un periodo de plazo corto ni medio.
¿Dejará el consejero Juan Mari Aburto encarrilado el diálogo social? Parece que existe un miedo reverencial por este Gobierno a que ELA no esté ahí. Y LAB tampoco va a participar.
Tengo dudas. De ahí lo que tienen que salir son medidas concretas con su dotación presupuestaria, planes de empleo, mejora de las prestaciones sociales. Y si es así, estaremos y suscribiremos acuerdos. Tanto el Gobierno como Confebask tienen que decidir si apuestan por ese escenario o no lo hacen porque no quieren dotar de presupuesto a esas medidas o porque tiene vértigo a impulsar una mesa donde ELA y LAB queden fuera. Y el Gobierno debe tomar una decisión para antes de fin de año. Y si no es así, el Gobierno dará alas a quien aspira a hacer de la acción sindical una especie de lobby sobre la política y a quien aspira a que nada sirva para nada.
Mucho tiempo no tiene porque la conflictividad es creciente: Ertzaintza, Sanidad, Función Pública… Y acompañado con un planteamiento de Cuentas para 2015 “ajustadas”. ¿Le suena a más recortes?
Suena a renuncia a influir en la deriva de la situación económica. Es un discurso como muy liberal, justo cuando se necesita más aporte del sector público como acelerador y motor de arranque. No parece de recibo que en un momento en el que mejora la recaudación vayamos a uno Presupuestos restrictivos como los de 2014. No tiene sentido que el lehendakari vaya al Guggenheim a decirle al FMI que la austeridad es una política fracasada, pero luego en casa se haga política de austeridad. Es preocupante, y va a mantener el nivel de conflictividad en el sector público. A veces la precarización de las subcontratas de la Administración tiene que ver con que se ha reducido los presupuestos públicos.
El papel del sindicato en el proceso de bancarización de las cajas ha sido muy criticado.
El proceso de bancarización de las cajas lo marca la ley. Nosotros estuvimos en contra de la ley de fundaciones bancarias y cajas que aprobó el PP y el PNV porque suponía cambiar la naturaleza de las cajas. La ley se ha llevado el sistema de cajas por delante.
¿Y propuestas como las del diputado general de Gipuzkoa de ‘regalar’ las acciones?
En junio, antes de la conversión de BBK y Vital, nos reunimos con EH Bildu. Y no tenían ningún plan encima de la mesa. Solo decían que se perdían las cajas. Esa propuesta es muy posterior. ¿Se van a donar las acciones? ¿Con qué coste fiscal? ¿Qué anclaje legal? No contestan nada. Otros han ridiculizado la propuesta, nosotros no. Pero hablamos de una entidad con unos activos superiores a los 60.000 millones y fundamental en el tejido de las pymes y en el crédito a la sociedad. Ante esta absoluta indefinición, avalar ese modelo es una irresponsabilidad.