Durango presenta la primera querella por el bombardeo fascista de 1937 en busca de “justicia y reparación”
- La iniciativa judicial, que cuenta con el apoyo unánime de la Corporación, se dirige contra los 46 miembros del Ejército italiano dirigidos por el general Vicenzo Velardi 'Velani' que ayudaban a Franco en su estrategia de “aniquilamiento” y de “aterrorizar” a la población civil en el frente norte
El bombardeo de Gernika de abril de 1937 entró en la historia, entre otras cosas, de la mano del cuadro 'Guernica' de Picasso. Pero la estrategia de “aniquilamiento de la población civil” y el ensayo de nuevas técnicas de guerra -que posteriormente se utilizarían por los nazis y los fascistas italianos en la Guerra Mundial que ya estaba en ciernes- tuvo otros escenarios y con muchas más víctimas. Casi todas civiles. Uno de esos ejemplos fue el bombardeo de la villa de Durango, en marzo de ese mismo año, en el que murieron 336 personas y 304 casas resultados afectadas, entre ellas varias iglesias y conventos y diez edificios, según se recoge en la querella criminal que presenta el Consistorio este 18 de julio en los juzgados de Durango contra 46 miembros de la aviación italiana de la época, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. En la querella, se tipifican los hechos como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y se pide, entre otras cosas, la declaración de los querellados vía comisión rogatoria internacional.
El 31 de marzo de 1937, tres bombarderos Savoia 81 de la famosa Aviazione Legionaria italiana (conocida con el sobrenombre de Pipistrelo) -aunque en el origen de la operación eran cuatro, pero uno de ellos tuvo que volver por un problema técnico a la base de Soria-, escoltados por nueve cazas con base en Agoncillo (Logroño) (conocida como 'La Cucaracha'), realizaron dos pasadas sobre esta localidad vizcaína, descargando un total de 14.840 kilos de explosivo. En la primera de ellas, iniciada sobre las 8.30, cae a plomo la mortífera carga sobre la zona del casco viejo de Durango, el área más densamente poblada de una localidad que entonces tenía unos 10.000 habitantes entre autóctonos y refugiados de otras zonas afectadas por la Guerra Civil.
Los italianos no respetaron ni a niños, ni a mujeres, ni a curas. Los aviadores no respetaron ni a Dios. Las bombas cayeron sobre la Iglesia San José del colegio de los Padres Jesuitas. El padre Rafael Billalabeitia Mauroñagoitia quedaría sepultado junto a buena parte de sus feligreses. Las bombas arrasaron la iglesia y el pórtico de Santa María de Uribarri, donde celebraba misa el sacerdote Carlos Morilla, junto al monaguillo Rafael Cuevas. “El padre Morilla murió por efecto de la bomba que estalló en el momento que alzaba el cáliz”, recuerda un de los supervivientes. Se da la circunstancia de que el padre Morilla se había refugiado en Bizkaia procedente de Asturias, huyendo de la quema de iglesias y de la persecución religiosa.
La carga destrozó también dos conventos más y un sin fin de casas, comercios y calles de Durango. “Fueron siete minutos” de terror, según precisó en su día el médico de Gernika que acudió tras el bombardeo a socorrer a las víctimas, Claudio Alegría Mendialdua.
El segundo pase se produjo al comenzar la tarde, sobre las 16:30. Las bombas se esparcieron por la zona del cementerio, donde habían sido trasladados los fallecidos en el bombardeo de la mañana. La zona estaba llena de gente. De nuevo, todos civiles. 22 bombas de 100 kilos y 56 de 50 kilos fueron a parar ahí, mientras que otros pilotos dejaban caer el resto en la parte de la localidad donde estaba la estación y los talleres cercanos. Ahí se arrojaron 12 bombas de 100 kilos, 20 de 50 kilos y otras 55 de 15 kilos, éstas últimas incendiarias. Durango ardió, como poco después ardería también Gernika. De las 304 casas afectadas, 294 estaban en el casco viejo y zonas circundantes.
Tras el bombardeo, los cazas que hacían de escolta entraron en faena y ametrallaron a la población civil que, incrédula ante lo que veían sus ojos, huía despavorida. “Durango quedó humeante y llena de escombros. La intensidad del ataque y el número de muertos que ocasionó no tenían precedentes hasta ese momento”, recuerdan los testigos presenciales Josep Solé y Sabaté y Joan Villarroya al rememorar la crueldad del ataque.
“Sin oposición de ningún arma y en campo libre, esta población civil fue ametrallada por los caza a su antojo. Ametrallamientos realizados a baja altura”, precisan los investigadores, “desde la cual los pilotos italianos distinguían perfectamente que las víctimas de sus acciones eran principalmente niños y mujeres, es decir población civil o beligerante”. Algunos autores consideran el de Durango -y Elorrio, de ese mismo día- el “primer bombardeo sobre población civil de la historia”, según se recoge en el escrito de querella.
Todos estos detalles desgranados a lo largo de 34 páginas del escrito están recogidos en el estudio realizado por el historiador Jon Irazabal. Cuando se cumplió hace unos meses el 80 aniversario de este ataque contra la población civil, la agrupación cultural Gerediaga de Durango reveló que había identificado a los pilotos y las tripulaciones de esos tres aviones. La investigación, dirigida por Jon Irazabal y que se adjunta íntegramente en la querella, descubre los nombres de los miembros del ejército italiano relacionados con el bombardeo. Es tan precisa y meticulosa que, en diez casos, se ha logrado fijar hasta sus alias.
Delito de “lesa humanidad”
El fascista Benito Mussolini llevaba en el poder desde octubre de 1922 y en 1940 metió a Italia en la Segunda Guerra Mundial, iniciada un año antes por Adolf Hitler. El Gobierno italiano, conocedor de que la acción era totalmente ilegal porque no se había declarado la guerra a España, e Italia era, además, firmante del Pacto de No intervención desde el 8 de agosto de 1936, en el que se comprometía ante la comunidad internacional a no intervenir militarmente en la península, usaba alias en los pilotos y ocultó las matrículas de las aeronaves. La querella criminal, presentada por el Ayuntamiento de Durango, se dirige precisamente contra los 46 miembros del Ejército italiano dirigidos por el general Vicenzo Velardi 'Velani' que decidieron ayudar a Franco y al Ejército sublevado en el frente norte. 14 de los querellados son pilotos, el resto 14 aviadores, montadores y expertos motoristas y en armamento, varios radiotelegrafistas y un fotógrafo. El de mayor graduación era el teniente Coronel y piloto Ferdinando Rafaelli, pero hay también 6 tenientes, 7 subtenientes, 14 sargentos y dos capitanes. En el escrito se suceden alias de los militares italianos que intervinieron de una y u otra manera en los bombardeos: 'Constantino D´Angelo', 'Romualdo Bianchedi', 'Arturo Martori', 'Angelo Tranca', 'Pasencei' o 'Ricci'.
El escrito de querella -presentado por la abogada catalana Anaïs Franquesa Grisso en nombre del consistorio en el juzgado de Durango- recuerda que “en el período entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 1937 la ciudad vizcaína de Durango fue bombardeada intensamente por ataques aéreos realizados por el cuerpo de l’Aviazione Legionara”. Un cuerpo formalizado como tal el 28 de septiembre de 1936 y que encuadraba a 6.000 combatientes que utilizaron 759 aviones del ejército italiano.
La querella criminal, que cuenta con el apoyo unánime de la Corporación, se dirige contra los 46 miembros del Ejército italiano dirigidos por el general Vicenzo Velardi 'Velani' que ayudaban a Franco en su estrategia de “aniquilamiento” y de “aterrorizar” a la población civil en el frente norte. “Se trata de abrir un proceso penal para que se reconozca la verdad de lo que pasó, se produzca una reparación y se active una presión política para el Gobierno italiano pida perdón por este bombardeo ilegal”, señala la letrada que lleva el caso.
Los pilotos, en el caso de seguir vivos, deben tener entre 96 y 98, según los cálculos de la letrada. Entre la prueba solicitada está librar una comisión rogatoria internacional para que el Instituto Nazionale Previdenza Sociale (Suguridad Social) informe si alguno de los querellados está recibiendo algún tipo de pensión, prestación o subsidido, y también a la Agenzia Delle Entrate (Agencia Tributaria) para conocer si tributan en Italia y su domicilio fiscal. Se reclamaba, además, que se informe sobre la fecha y lugar de nacimiento y cualquier otra información relevante de todos ellos “a fin de determinar si siguen con vida y de localizarlas”.
También se solicita al Archivo del Ejército español para que informe del expediente de los querellados y de sus “condecoraciones por su participación en la Guerra Civil española” y al Ministerio de Hacienda y de Defensa para saber si “están recibiendo en la actualidad pensión o cantidad económica alguna” por parte de España.
La información de Irazabal y de los grupos memorialistas -sacada muchas veces con sacacorchos, respuestas del Ministerio de Defensa español y, sobre todo, visitas al Archivo de Roma- ha sido vital para construir la querella criminal. La información ha sido obtenida después de un exhaustivo trabajo en el Archivo General e Histórico del Aire de Villaviciosa de Odón de Madrid y el Archivio Stato Maggioren Aeronautica Militare Italiana de Roma.
El Ayuntamiento de Durango, 80 años después del bombardeo ejecutado por pilotos italianos, califica en la querella criminal los hechos como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por una acción en la que murieron.“Lo que esperamos ahora es que toda esta información haga posible que la querella sea admitida a trámite”, ha recalcado la alcaldesa de Durango, la peneuvista Aitziber Irigoras. Toda la Corporación está detrás de esta iniciativa. Hay un precedente, impulsado también por la letrada catalana, relacionado con los bombardeos de la aviación italiana sufridos en Barcelona en 1937 y 1938. Tras un archivo inicial de una denuncia similar, la Audiencia Provincial de Barcelona, en un auto de 22 de enero de 2013, -calificado entonces de histórico por los grupos memorialistas- obligó al juzgado a investigar la denuncia, entre otras cosas por ser hechos de “extrema gravedad”, un “ensayo de mecanismos de aniquilamiento de la población civil” o “laboratorio de pruebas para futuros bombardeo civiles”. El tribunal de Barcelona calificó indiciariamente los hechos de, “al menos, como delitos de lesa humanidad, recordando la imprescriptibilidad universal de este tipo de delitos. La demanda sigue viva en los juzgados catalanes.