La futura Ley de Vivienda del País Vasco recogerá el derecho subjetivo a la vivienda, penalizará con un canon de manera progresiva a los dueños de casas deshabitadas y obligará a que todo el parque de pisos públicos sea de alquiler, entre otras medidas. En el caso del parque público de alquiler, la medida es progresiva y se fija un horizonte temporal de cinco años desde la aprobación de la ley para materializarla. Estas son algunas de las líneas maestras que figuran en el texto con el que trabajan PSE y UPyD y que cuenta con el visto bueno, en líneas generales, de EH Bildu. La suma de los escaños de estas tres formaciones supone la mayoría absoluta en la Cámara. El Parlamento aprobará el proyecto de ley previsiblemente el próximo mes de junio, una vez pasadas las elecciones locales y forales en Euskadi.
El tiempo que aún resta hasta que este texto se convierta en ley (primero debe transformarse en un dictamen y ser aprobado en comisión) podría hacer variar algún punto ya que se trata de “negociaciones muy delicadas” en la que aparecen dos bloques claramente enfrentados: EH Bildu, PSE y UPyD por un lado, y PNV y PP por el otro. Si finalmente la ley recoge estos aspectos el PSE verá culminado uno de los proyectos por los que más firmemente ha apostado en esta legislatura parlamentaria. Nada más estrenarla, los socialistas presentaron una proposición de ley de Vivienda, que recogía en su integridad los artículos del proyecto de ley que se quedó en el cajón durante la legislatura que gobernó Patxi López.
Como declaración de principios la Ley de Vivienda recogerá el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda “digna y adecuada”, es decir, un auténtico derecho subjetivo exigible ante los tribunales. La aplicación de un canon y alquiler forzoso de la vivienda deshabitada por parte de los ayuntamientos y, en su defecto, la administración general previa audiencia al ayuntamiento, es otra de las medidas.
Por otro lado, socialistas y UPyD han acordado que todo el parque público de vivienda sea de alquiler, aunque no de forma inmediata. En la actualidad, la mayor parte se destina a la venta. La idea supone una auténtica revolución con relación a la política desarrollada en los últimos 15 años, donde ha predominado la venta frente al alquiler.
Además, el acuerdo recoge la expropiación forzosa de aquellas viviendas que hayan conseguido los bancos mediante desahucios, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Principalmente, que las personas desahuciadas puedan caer en la exclusión social. La intención es que las casas sigan en manos de las familias bajo un régimen de alquiler, aunque pierdan la titularidad del inmueble.