El lunes se reanuda en la Audiencia Provincial de Álava el juicio del 'caso de Miguel'. Desde hace algo más de un mes, la Fiscalía, representada por Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, y los abogados de buena parte de los 26 imputados venían negociando un posible acuerdo que ha motivado sucesivos aplazamientos de esta vuelta tras el parón estival. Pero, a pocas horas de la cita y con un puente en medio, ese trabajo aún no ha cristalizado. Según ha podido saber este periódico, el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha rechazado una oferta del ministerio que supondría una rebaja sustancial de la petición original de penas (54 años de cárcel y responsabilidades económicas millonarias). Después de haber estado muy cerca de declararse culpable y de asumir buena parte de los hechos, quien todos conocen como Txitxo está dispuesto a retomar su estrategia original de no colaborar con la Justicia e insistir en la falsedad de todas las pruebas y acusaciones contra su persona.
De Miguel declarará “sí o sí” este lunes. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, dejó claro que no concederá más prórrogas para la negociación. Esté cerrado o no el acuerdo, el juicio se reanudará (la última sesión fue el 11 de julio) y precisamente con el interrogatorio a quien ocupa la primera silla en el gran banquillo de acusados. Con la perspectiva de que se llegue a ese momento sin acuerdo, varias fuentes conocedoras de la investigación coinciden en lo complejo del escenario que se abre a partir de ahora.
Si se confirma que no hay acuerdo -nadie es capaz de descartar que se pueda reconducir la situación en los días festivos e incluso el mismo lunes antes de las 9.30 horas-, la previsión es que Txitxo no responda a las preguntas de la Fiscalía y que escenifique a preguntas de su letrado, Gonzalo Susaeta, su versión exculpatoria defendida hasta julio con vehemencia. Su posición, sin embargo, quedará doblemente debilitada.
En primer lugar, porque ya ha mostrado sus puntos débiles en las conversaciones mantenidas por su letrado con la Fiscalía, en las que había una predisposición a asumir determinados delitos. Y, en segundo lugar, porque durante las cuatro semanas de negociaciones varios de los otros acusados sí han alcanzado preacuerdos con la Fiscalía para mejorar su posición penal -algunos para evitar la cárcel- y podrían implicar a De Miguel en los hechos. “Esto puede ser la guerra”, aventura un abogado defensor, que no es capaz de pronosticar cómo se desarrollará el juicio a partir de ahora.
Una de las derivadas en que el acuerdo parece cercano es en lo relativo a la operación urbanística de Zambrana, en la que unos inversores catalanes abonaron importantes sumas de dinero a un intermediario situado por De Miguel para impulsar el proyecto, Josu Arruti. Parte de ese dinero revirtió en sociedades del entorno del político. Los empresarios catalanes acusados ya hace varios días que ven satisfactoria la propuesta de asumir los hechos a cambio de una pequeña condena. Ello implicaría señalar la participación en la trama de Arruti y De Miguel, principalmente. Por el contrario, en estos días ha quedado mucho menos definida la posibilidad de que los imputados en otras ramas, como las contrataciones irregulares en el área de Juventud del Gobierno vasco o en el parque tecnológico de Miñano, asuman los hechos. Asimismo, hay un reducido grupo de acusados que en privado o en público ya rechazaron negociar desde el primer momento.