El juicio del 'caso De Miguel', tras el parón por la doble festividad de San Prudencio y el Primero de Mayo, se retoma este lunes y encara unas semanas decisivas en las que se analizarán distintas operaciones de cobro de comisiones con el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo 'Txitxo' De Miguel, como presunto beneficiario. El caso, el mayor de corrupción en Euskadi y cuyo juicio se prolongará hasta octubre al menos, se originó cuando en 2009 la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi denunció que De Miguel y otro dirigente nacionalista, Aitor Tellería, la habían presionado para que les pagara una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. Pero la investigación demostró que había indicios de que no era la primera 'mordida' solicitada por De Miguel, que dirigía una tupida red de mercantiles que pudieron ingresar del orden de 700.000 euros (800.000 con la fallida de Miñano).
Una de las operaciones más llamativas son los 44.514,06 euros que pagó al político el constructor y contratista habitual de la Administración Prudencio Hierro, uno de los empresarios procesados, tras serle adjudicado un contrato teledirigido. Hierro no pagó en efectivo, sino en especie, haciéndose cargo de las facturas de la reforma de la casa de la esposa de De Miguel en Gorliz, en la costa vizcaína.
El contrato del que resultó adjudicatario Hierro -a través de una sociedad llamada Ezkibel cuyo capital social fue aportado por De Miguel y que él controlaba a través de su hermana Aintzane, contable de toda la trama- procedió del Industrialdea de la Llanada Alavesa. Se formalizó en 2008. Hasta 2007, cuando pasó a ser diputado de Urbanismo de Álava, Txitxo era gerente de dos Industraldeak en Álava, dependientes como el de la Llanada Alavesa de la sociedad pública del Gobierno vasco Sprilur. Además, el responsable de la contratación bajo sospecha era primo del entonces presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena, amigo de De Miguel, quien estaba llamado a sucederle al frente de la organización territorial.
Ezkibel había sido creada en enero de 2007. De Miguel aportó los 3.000 euros de capital social pero fue nombrado administrador Hierro, que tenía el 95,01% del accionariado. El 9 de julio de ese año se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el anuncio de que el Industrialdea buscaba empresas para la construcción de pabellones en Salbarte, en el municipio del Valle de Arana. Unos días después, el 24 de ese mes, el constructor devolvió al político los 3.000 euros aportados, si bien éste continuó gestionando la “facturación y fiscalidad” de la sociedad, según la Fiscalía.
Ezkibel, sin medios ni experiencia, fue invitada por el primo del presidente del PNV para optar a la construcción de pabellones. Como es preceptivo en estos formatos de concurso “restringido”, se invitó también a otras dos compañías, si bien todas estaban interrelacionadas. Fueron Construcciones Hierro, la empresa del padre y de los hermanos de Prudencio y que fue la encargada de la sede del partido en el centro de Vitoria a instancias de De Miguel, y Construcciones Etxezilu, en el que la apoderada era Blanca María Ganzabal, secretaria de Hierro, y el administrador Martín Vicente Merino, socio del empresario. Ezkibel falseó su currículum e hizo suyos los trabajos de Construcciones Hierro, entre ellos contratos públicos como la reforma de la sede del Gobierno vasco en Lakua.
Fue el 26 de junio de 2008 cuando se completó el proceso y Ezkibel resultó adjudicataria por 519.224 euros de la construcciones de pabellones para el Industrialdea. Se da la circunstancia de que en este proceso el Industrialdea contó con la asistencia técnica de la empresa Stoa, un estudio de arquitectura del amigo de De Miguel Sergio Fernández Oleaga, otro de los imputados. Unos pocos días después, el 2 de julio, el encargado de las reformas en la casa de De Miguel y su mujer, Ainhoa Bilbao, pasó la factura de las obras a una UTE llamada Bidegana en la que participaba Hierro y su familia. La factura tenía el concepto falso de “trabajos de contrucción y decoración de oficina-txoko en obra Kliner Metal de Vitoria”.
“De Miguel me dijo que para cobrar llamara a una chica que se llamaba Blanca”, explicó en la fase de investigación el autor de las obras, Íñigo Aparicio, de la empresa Emociona. “Blanca” es Blanca Ganzabal, la secretaria de Hierro y según Aparicio estaba al tanto de los detalles del 'acuerdo' entre Hierro y Txitxo. En efecto, los pagos, que sumaron 44.514,06 euros, salieron directamente de las cuentas de Hierro en cuatro abonos: 29.000 euros, 3.480 euros por dos veces y 8.554,06 euros para liquidar definitivamente la factura.
El fiscal del caso, Josu Izaguirre, utilizó este ejemplo para desmontar el argumento de los acusados -y de algunas voces en el entorno del PNV- de que en el 'caso De Miguel' no ha habido lucro personal. “El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas”, ironizó al inicio del proceso Izaguirre.
En la fase de instrucción, las explicaciones que ofreció Hierro, a quien Txitxo siempre se refiere como 'Pruden', fueron confusas en torno a este pago. Alegó que costeó las obras para que De Miguel pudiera ahorrarse el IVA, ya que una empresa se lo puede descontar y un particular no. De Miguel, por su parte, no sólo rechazó ser el beneficiario de una comisión, sino que incluso se permitió afirmar preguntado por las obras que “el alicatado de la cocina y el baño” los hizo mal la empresa de Aparicio. Su esposa manifestó que “nunca” había sido consciente de que una empresa se había hecho cargo de la reforma de su casa familiar, aunque sí recordaba que de las empresas investigadas ella y su marido tomaron 'prestados' otros 33.000 euros para adquirir un coche.