Ochandiano lo fía todo a anular su cuaderno con notas de comisiones y dinero negro: “La Ertzaintza lo manipuló”
“El cuaderno de Koldo Ochandiano nos va a llevar a todos a la cárcel”, ironizaba hace unas semanas un letrado en los pasillos de la Audiencia Provincial de Álava, donde desde enero se celebra el juicio del 'caso De Miguel'. La prueba etiquetada como B14, un cuaderno de pastas rojas con membrete de las Juntas Generales de Álava, apareció en 2010 en el camarote del exdirigente del PNV alavés y socio de sus compañeros de partido Alfredo de Miguel y Aitor Tellería en la mercantil Kataia Consulting, donde era el “cerebro económico”, según la Fiscalía. En él, con notas manuscritas, Ochandiano desglosa los planes de negocio de la empresa e incluye referencias a comisiones y dinero negro y a movimientos económicos con terceros que luego, en efecto, se pudieron constatar. La tesis oficial de la defensa de Ochandiano, como la de De Miguel, es que no hay pruebas de corrupción y que esas notas no son “literosuficientes” para sostener una condena. Sin embargo, el abogado del contable, Carlos Chacón, ha cerrado el juicio como lo inició, haciendo todos los esfuerzos y más para que esa prueba sea considerada “nula”.
No ha escatimado en calificativos el veterano penalista durante su alegato de conclusiones en este fase final del macroproceso. Según Chacón, su incautación no consta en las actas del registro del domicilio de Ochandiano y de su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia, también imputada como las parejas de De Miguel y Tellería, que eran las administradoras nominales de Kataia Consulting. También ha dicho que lo que el fiscal Josu Izaguirre llamó la “pistola humeante”, la prueba clave del caso, estuvo “escondido” y “apareció a los siete días”. Finalmente, se ha preguntado si la Ertzaintza lo “manipuló” o “enriqueció” ya que en un informe de 2011 en el que se volcó parte de su contenido, una reproducción -nunca el original- se acompañó de unas páginas del Boletín Oficial para explicar algunos de los contratos de los que se preveían cobrar comisiones del 4%. Y ha respondido que hizo esa “ingeniería” para que “cuadraran” las cifras con operaciones reales. En su comparecencia, Ochandiano retó a que le dejaran una calculadora para demostrar que esas cifras no son reales.
Según las actas policiales -que acompañan a esta información- el cuaderno apareció en un archivador de color azul junto a otros papeles. Toda la lista de documentos está relacionada en esos informes policiales, que se acompañan de una fotografía de la carpeta azul etiquetada como B14. Para Chacón, “en el archivador azul no cabe el cuaderno”. En al menos tres ocasiones ha dicho que se trata de una prueba nula y manipulada. “Si B14 es la pistola humeante, el cuerpo del delito, hay que cuidarlo y protegerlo, y aquí parece que eso no se ha hecho”, ha remachado el letrado.
¿Los números de Zambrana no encajan?
Chacón -que abandona la abogacía tras este procedimiento después de una larga carrera- ha culminado su intervención como su compañero Gonzalo Susaeta, defensor de De Miguel. Ha apelado a la existencia de una “duda razonable” y ha tratado de esgrimir varias versiones alternativas a las acusaciones del fiscal.
El punto más comprometido ha llegado cuando ha tratado de asegurar que la confesión de Josu Arruti -que explicó que procuró a Kataia Consulting a petición de De Miguel una mordida derivada de una recalificación en Zambrana- no se ajusta a las cifras reales de los ingresos de la empresa. Sin que su cliente esté imputado por ese cohecho, Chacón ha tratado de mostrar unos “datos objetivos” que, a su juicio, prueban que “es imposible” cuadrar esos números. A su entender, Kataia Consulting percibió de la empresa de Arruti (Sidepur) unos 129.000 euros en total y en varios pagos, cuando la facturación real es de 191.000 euros, aproximadamente. Solamente el primer pago fueron 130.000 euros y se produjo en 2005. Luego en 2006 fueron dos (20.000 y 11.600 sin factura) y hubo otro en 2007.
Movimientos económicos en Zambrana
El acuerdo entre Arruti y la Fiscalía limitó a los tres primeros pagos -que suman unos 161.000 euros- el alcance del dinero ilícito. La cifra fue precisamente la que la defensa de De Miguel estuvo a punto de asumir cuando negoció una confesión con el ministerio público a cambio de una rebaja sustancial de la petición de penas.
ETA y los documentos sellados de Sánchez Robles
Chacón también ha vuelto a mencionar que parte de los movimientos que Kataia Consulting realizó con dinero efectivo se debían a que De Miguel estaba amenazado por ETA. Esta línea de defensa la abrieron en 2011 el propio De Miguel y su esposa pero, en pocas semanas, un informe de la Policía Nacional incorporado a la investigación dirigida por el juez Roberto Ramos rechazó que el político fuera un objetivo real de la banda terrorista. Ninguno de los dos lo volvió a mencionar y Susaeta tampoco lo ha esgrimido en el juicio. Sin embargo, Ochandiano y su esposa sí lo mencionaron en sus declaraciones.
Para la defensa de Ochandiano también es incomprensible que la Fiscalía acuse a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga de no haber ejecutado los contratos que recibieron de la Dirección de Juventud del Gobierno. Chacón ha destacado que la defensa del exdirector de Juventud con el PNV, Xabier Sánchez Robles, aportó las carátulas “selladas” de esos informes en cuestión. Sin embargo, tanto el ministerio fiscal como el Gobierno vasco sostienen que esos timbres son “falsos” o incluso “fabricados” porque no consta en el registro de la Administración la entrada de esos documentos. La defensa de De Miguel, que antes del juicio sí aludió a esas pruebas de Sánchez Robles, tampoco las ha citado en sus conclusiones.
Para Chacón, es fundamental remarcar que el informe del Gobierno que prueba la inexistencia de esos documentos en el registro no se admitió como prueba por ser elaborado durante el juicio y no antes de su inicio. Ha añadido que él puede esgrimir también que ese informe dice justo lo contrario y que sería igual de válido que lo que afirma el ministerio público. “Esto me recuerda a una película, 'Tomates verdes fritos', cuando hay el juicio final. Resulta que el cura dice 'Voy a jurar ante mi Biblia'. Y jura y cuenta una bola. Luego ya descubrimos que no era la Biblia, que era 'Moby Dick'. Pues aquí es igual. Esgrime una cosa y nos quiere convencer de lo que no es”, ha expuesto.
La falta de credibilidad de la denunciante
En su alegato de conclusiones, Chacón también ha enumerado diez motivos por los que, a su entender, la denunciante del 'caso De Miguel', la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, no es creíble. Alberdi aseguró que De Miguel y Tellería -pero no Ochandiano- la presionaron para que pagara una comisión de 100.000 por la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. Según el letrado, el currículum de la denunciante es falso y denunció la existencia de una comisión que no pagó y que estaba “viciado” un contrato del que la principal beneficiaria fue ella, que al poco de terminar sus estudios facturó más de 400.000 euros. Además, ha apuntado que en las grabaciones que adjuntó como prueba de la extorsión se le escucha decir que se está “riendo” de De Miguel y de Tellería, entre otras cuestiones que, según Chacón, dan la sensación de “representación teatral” para incriminar a unas personas que eran “de su entorno más íntimo”.
A partir de esa denuncia, el fiscal Izaguirre -ausente en las últimas sesiones del juicio- “enriqueció” las acusaciones y el juez Ramos “las enriqueció mucho más”. Para Chacón, no hay trama alguna y es “doloroso” escuchar a la Fiscalía hablar de “mafia” y de “Sicilia”. “¿En base a qué pruebas?”, ha lanzado al aire el abogado, que ha asegurado que los movimientos económicos en este caso son “nimiedades” -“cantidades ridículas”- y que Izaguirre infla sus acusaciones porque no tiene “una cuenta en las Islas Caimán” que echar en cara a los imputados. “Yo he visto 'El padrino'. Yo he visto 'Los Soprano' [...]. Nadie ha demostrado que la señora Alberdi se encontrara la cabeza de un caballo en su cama. Es una cosa muy seria. ¡Muy seria!”, ha clamado.
