La construcción de un palacete en la costa guipuzcoana, entre Zarautz y Orio, en una zona protegida ha encendido otra polémica medioambiental en Euskadi. La megaconstrución (tiene 11 habitaciones y 11 baños) ha sido promovida por la concejal del PNV en Zarautz, Maite Garrastazu, y su familia, el Ararteko ha concluido, tras medio año de investigación, que incumple la ley vasca del Suelo y dos juzgados tienen abierta diligencias judiciales por la vía penal y contenciosa.
El caso parte de años atrás. La familia de la edil de Zarautz disponía de un caserío en ruinas en el alto que se sitúa entre Orio y Zarautz, el llamado paraje de Talaimendi, ubicado en el municipio de Aia. En 2010 presentó al consistorio una licencia para su rehabilitación pero dos años después solicitó otro permiso para erigir otra edificación, a más de 200 metros, que además duplicaba la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío. La planta del casoplón es 2,5 veces mayor que el caserío antiguo: 469 metros cuadrados frente a 183.
Las obras empezaron en noviembre de 2014 y, según sus promotores, ya están finalizadas. El palacete llama la atención, además de por su superficie, por las 22 estancias entre habitaciones y baños y una cocina con unas características más industriales que familiares por su tamaño.
Los denunciantes del caso son la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que ha creado la plataforma SOS Talaimendi, con el colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es un área además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.
Los parapentistas se dieron cuenta de la construcción del palacete hace dos años pero empezaron a movilizarse hace poco más de un año cuando varios montañeros se encontraron con el acceso a la cima cerrado por un vallado. Se presentó una denuncia en la Ertzaintza, un juzgado de Azpeitia abrió en septiembre diligencias penales por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio y desde diciembre el caso también está en el juzgado 1 de lo contencioso-administrativo de San Sebastián. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.
“Reconstrucción” del caserío
La demanda resalta que la familia de la concejal de Zarautz pidió la rehabilitación del caserío en ruinas en 2010 y apenas dos años después solicitó la “reconstrucción” del caserío pero en otro emplazamiento, que sitúan en “unos 50 metros” pero que la realidad constata que son más de 200 metros. En esta segunda petición no hay ninguna referencia al uso residencial, que sí se concretaba en la primera. El ayuntamiento de Aia aprobó la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha presentado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia.
Junto a la construcción del nuevo edificio, los parapentistas aluden a la ilegalidad del vallado colocado por la familia Garrastazu. Aportan un estudio de la sociedad de ciencias Aranzadi, firmado en diciembre pasado, que recomienda su eliminación por su afección al halcón peregrino. Además, esgrimen que incumple la normativa europea de la Red Natura 2000 que considera todo el área como Zona Especial de Conservación (ZEC). El suelo donde se asienta el casoplón está calificado como área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Los denunciantes creen que los Garrastazu quieren además utilizar el edificio para uso hostelero.
El Ayuntamiento de Aia, que ha aprobado las licencias de construcción de la megaconstrucción, tuvo que abrir un expediente urbanístico en julio del pasado año tras las denuncias de los parapentistas. Pero lo resolvió dos meses después decretando la legalidad de la nueva edificación y el vallado. Explica las grandes dimensiones del casoplón por la “atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa”. “Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”. Justifica que la reconstrucción se ejecute en “un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación” y alude a un “eventual riesgo de deslizamiento” esgrimido por los propietarios en un informe técnico. Sobre el vallado, defiende que está fuera de cualquier área protegida.
La actuación municipal en este caso ya motivó un tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa que, el 12 de abril, apercibió al Ayuntamiento de Aia de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitar el expediente urbanístico, pedido casi un año antes tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.
Informe demoledor
El Ararteko ha sido el que ha realizado un informe negativo más demoledor. El pasado 28 de enero, tras una investigación de medio año, concluyó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. “La posibilidad del cambio de ubicación está restringida única y exclusivamente a los caseríos demolidos por causa de expropiación forzosa”, lo que no se cumple en este caso. La Diputación de Gipuzkoa, en un informe del Departamento de Ordenación del Territorio firmado en mayo de 2015, concluye que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. Agrega que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que “es importante destacar” que la ley del Suelo “indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección”.
La familia Garrastazu ha defendido la legalidad de su vivienda y ha justificado el cambio de ubicación por los “problemas de estabilización de la ladera” que hacían “completamente inviable tanto económica como medioambientalmente” la reconstrucción del caserío ruinoso en su primitiva ubicación. Insiste en que las licencias de construcción son firmes “y no han sido recurridas” y acusa a la Federación de Deportes Aéreos de “intereses particulares” por el uso para practicar el parapente “terrenos privados” y “obteniendo incluso beneficios económicos”; “ofrecen cursos en la zona y cobran por ello”. Sobre el informe del Ararteko, sin entrar a debatirlo, se limitan a afirmar que “se extralimita en sus funciones”, ya que “no tiene competencia en materia urbanística”.
En la vía judicial, el pasado 25 de mayo el juzgado de Azpeitia que investiga posibles delitos penales ha decretado el archivo provisional y ha instado a los denunciantes a que el caso prosiga en la vía contencioso-administrativo. El juez no constata la existencia de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Considera legal la licencia aunque pasa por encima el cambio de ubicación y que se trate de una nueva ubicación. “No hay una infracción clara y patente de la normativa aplicable”, argumenta. Sobre el vallado, recalca que es “provisional”. Ahora la Audiencia de Gipuzkoa debe decidir si confirma el archiva u ordena seguir con la investigación.
La Ertzaintza, que en un año apenas ha realizado diligencias, ha retomado la investigación en el último mes y ha pedido datos sobre los dos aspectos esenciales del caso: que se construyera a más de 200 metros del caserío en ruinas de la familia y la gran ampliación respecto al edificio antiguo. Las diligencias judiciales en el área de lo contencioso estaban paralizadas a la espera de lo que pase en la vía penal.