El PP vasco ha denunciado este martes la “cerrazón injustificable” del Gobierno vasco a debatir su propuesta para endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de “ponerse orejeras para no afrontar una reflexión necesaria” del sistema de ayudas.
El PP registró el pasado 10 de mayo una proposición de ley en el Parlamento vasco que endurece los requisitos de acceso a la RGI y excluye de esta prestación a las personas sin permiso de residencia, a quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi y a quienes tengan antecedentes legales por determinados delitos.
En un comunicado, los 'populares' han hecho referencia al informe desfavorable aprobado este martes por el Consejo de Gobierno a la proposición de ley presentada por el PP porque, en estos momentos, una Comisión Técnica del Departamento de Políticas Sociales trabaja en un informe que identificará los aspectos a mejorar en cuanto la gestión de la RGI, por lo que considera que no debe desarrollarse “ninguna modificación” hasta que no se tengan los resultados y recomendaciones.
Para el PP, esta decisión del Ejecutivo muestra la “incapacidad del gobierno de promover un cauce parlamentario para mejorar lo que ahora mismo no funciona por su mala gestión”. “El Gabinete Urkullu ni hace ni deja hacer, dando un nuevo portazo a una importante demanda social”, ha censurado la portavoz del PP vasco, Laura Garrido.
Garrido ha acusado al Gobierno de “ponerse orejeras para no afrontar una reflexión necesaria que garantice un sistema de protección más justo, solidario y sostenible” y ha asegurado que este cambio está “apoyado por 40.000 vascos”.
UNA GESTIÓN “NEFASTA”
“Pese a la nefasta gestión de la RGI, reconocida por el propio Gobierno vasco, el Ejecutivo Urkullu se mantiene en la parálisis sin dar respuesta a miles de vascos que pidieron mejorar el modelo de ayudas”, ha criticado.
En este sentido, ha afirmado que “la desastrosa gestión de Lanbide se plasma en dos aspectos muy evidentes, como son los 133 millones de euros en pagos indebidos y una tasa de intermediación laboral que alcanza apenas al 3,1 por ciento de las ofertas de empleo”.
“Tenemos un sistema que no actúa como puente para la integración laboral, sino que cronifica a los perceptores perpetuándolos en un modelo que no les ofrece oportunidades de futuro”, ha insistido.