En el juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, el exdirector de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles (PNV), se expone a 18 años de prisión por haber adjudicado contratos 'a dedo' a las empresas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, vinculadas a la trama articulada en torno al ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel. Según ha certificado el propio Ejecutivo autonómico, la mayoría de esas contrataciones hasta sumar 210.000 euros no están justificadas, no hay constancia documental en los archivos de la Administración de que las empresas realizaran los trabajos por los que cobraron. Sin embargo, la defensa de Sánchez Robles sí ha aportado en el juicio un supuesto informe justificativo de una de las adjudicaciones. Pero ese documento está plagiado.
Se trata concretamente de una supuesta memoria de un curso de “Dinamización juvenil” que Sánchez Robles adjudicó a Errexal y por el que esta empresa, administrada por el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan y cuya contable era Aintzane de Miguel, hermana del principal imputado del caso, cobró 19.984 euros (IVA incluido). El contrato fijaba los días comprendidos entre el 10 y el 19 de septiembre de 2008 como fecha en que se impartió la actividad, que tendría lugar en la sede del Observatorio Vasco de la Juventud en Bilbao.
El curso no consta en ningún lugar en el registro histórico de cursos del Observatorio, accesible en su portal de Internet. De hecho, ni siquiera figura que nunca se haya realizado algo sobre esa temática en la entidad pública. El Gobierno tampoco tiene constancia de que Errexal impartiera las charlas en aquellas fechas.
Sin embargo, Sánchez Robles ha aportado un informe justificativo de aquellas jornadas con el ánimo de demostrar que no hubo ninguna irregularidad en las contrataciones con las empresas vinculadas con De Miguel. El documento, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, tiene 32 páginas y reproduce en su integridad contenidos de dos manuales de una academia de Galicia especializada en este tipo de actividades formativas. Se pueden leer en ambos lugares frases como “lo marcarán como delincuente, vicioso, bárbaro, responsable del mal del mundo, escoria de la sociedad, inmundicia,...y, así el dulce, travieso e inocente chico de 7 u 8 años será abandonado y condenado por los mismos que un día prometieron defender sus Derechos de Niño”.
Este periódico ha confirmado con responsables de la academia gallega la autoría de estos manuales sobre políticas de juventud. Estas mismas fuentes explican que llevan más de dos décadas especializados en la materia y que nunca han trabajado ni en Bilbao ni en ningún otro lugar de Euskadi, como tampoco han cedido material al Gobierno autonómico o a empresas vascas contratadas para la Administración. Asimismo, desde este centro de formación consideran absolutamente inflado un presupuesto de casi 20.000 euros para una actividad semejante. Estiman que un precio de 3.000 euros sería más ajustado a la tipología de actividad ofertada.
El documento plagiado de Sánchez Robles incluye también un sello aparentemente oficial del Departamento de Cultura del Gobierno. El escrito de defensa del abogado del exalto cargo, Javier Beramendi, adjunta igualmente carátulas -pero no el contenido- de otros cinco supuestos informes de Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga que justificarían nuevamente contrataciones bajo sospecha.
Como adelantó este periódico, hay elementos que apuntan a una falsificación de esos sellos. Uno de ellos tiene fecha de 29 de febrero de 2007, un día que no existió. En otros dos hay diferencias tipográficas evidentes a simple vista entre los sellos presentados por Sánchez Robles y otros de la misma fecha debidamente compulsados que constan en el sumario del 'caso De Miguel'. Además, ninguno de los timbres incorpora un número de registro. Un informe solicitado por la Fiscalía al Gobierno vasco muestra que en los seis casos no consta entre los asientos del registro de entrada del Departamento de Cultura que esos documentos fueran entregados realmente. Sánchez Robles aseguró que existía una copia de todos los trabajos en su disco duro del Gobierno, pero la sociedad informática autonómica (EJIE) negó que existiera ninguna copia de seguridad del equipo del político.
El juicio del 'caso De Miguel' se centra en exclusiva estas semanas en las irregularidades en Juventud, una de las patas de este macroproceso que incluye también acusaciones de cobro de comisiones ilegales tras la adjudicación de contratos públicos y una fallida recalificación urbanística valorada en 65 millones de euros en la localidad alavesa de Zambrana. En la última sesión del juicio, celebrada el pasado miércoles, Sánchez Robles se vio solo ante las acusaciones de corrupción.
Uno de los momentos clave fue cuando un testigo, Imanol Agote, con una larga trayectoria política y técnica en distintas instituciones dirigidas por el PNV, señaló la responsabilidad exclusiva del director en las contrataciones de Juventud. Lo llamativo es que estaba propuesto por la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, superior de Sánchez Robles en el Gobierno e imputado igualmente por ser él quien firmaba los expedientes de adjudicación propuestos por la dirección de Juventud. El letrado de Larrañaga, Miguel Alonso, ya destacó en la fase de cuestiones previas que en Cultura sólo se habían detectado problemas en una de las cuatro direcciones, la de Sánchez Robles.
Asimismo, el abogado del Gobierno vasco, que hasta ahora se había mantenido en un segundo plano en el juicio, formuló un duro alegato contra el exdirector. Según Javier Otaola, el Ejecutivo “ha testimoniado” que muchos de los trabajos contratados a Errexal y la totalidad de los que recayeron en Ortzi Muga y Kataia Consulting no se realizaron. E incluso criticó que de repente, de cara al juicio, la defensa de Sánchez Robles haya aportado sin explicar su origen una “fotocopia” de la carátula de algunos de ellos para probar que no hay ninguna irregularidad.
Errexal se llevó de Juventud un total de 15 contratos por valor de 201.683,34 euros, de los cuales 118.628,4 estarían injustificados, entre los que se incluyen los casi 20.000 del curso de dinamización juvenil. Kataia Consulting sumó 34.075 euros en tres adjudicaciones, todas presuntamente irregulares. Ortzi Muga, por su parte, obtuvo seis contratos, cinco de ellos injustificados por valor de 57.715,8 de un total de 73.607,8 euros. El dinero justificado corresponde a un trabajo que no realizó esta empresa, sino Errexal. Estas dos últimas mercantiles ni tenían personal ni su objeto social tenía que ver con la cultura o las políticas de juventud.