El exdirigente del PNV alavés Koldo Ochandiano, condenado por corrupción, intentará también lograr el indulto

El tercer exdirigente del PNV de Álava condenado por corrupción en el 'caso De Miguel', Koldo Ochandiano, intentará también evitar la entrada en prisión prevista para los próximos días con una petición de indulto al Gobierno de España, según trasladan fuentes judiciales. La argumentación detrás de este intento es que aunque la pena global es de siete años, seis meses y quince días (seis años y nueve meses de cumplimiento efectivo) hay un único delito dentro de ese sumatorio que supera la barrera de dos años, que es la que habitualmente se toma como referencia para suspender las penas de cárcel. Se trata de la condena por formar parte de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y, en su caso, el castigo es de dos años y tres meses. Se buscará hacer ver que es una pena excesiva a la luz del paso del tiempo y de los hechos que se han constatado.

Ahora que se ha iniciado ya formalmente la fase de ejecución de las condenas contempladas en la sentencia firma del mayor sumario de corrupción en Euskadi, Ochandiano se suma sí a sus colegas en el Araba Buru Batzar y socios en la empresa pantalla Kataia Consulting, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería. Ambos expolíticos ya registraron la pasada semana sendos escritos en los que comunicaban a la Audiencia Provincial de Álava que habían solicitado una medida de gracia al Ministerio de Justicia. Hay un cuarto implicado que sí o sí debería entrar en prisión por lo elevado de su condena, el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, pero no constan aún movimientos en torno a un posible indulto. En todo caso, en su posición esta maniobra adquiere otra dimensión ya que su esposa, Josune Gorospe, es diputada del PNV en el Congreso de los Diputados, mientras que De Miguel, Ochandiano y Tellería llevan ya años sin ninguna relación con la formación política a la que pertenecieron. De hecho, el PNV ha afirmado con rotundidad que no tiene “absolutamente” ninguna relación con las peticiones de indultos y ha considerado un “bulo” la idea de que pudieran ser elemento de negociación con el Ejecutivo central, que es quien tiene la competencia.

En España, el indulto está regulado por una normativa de 1870. Esa ley establece que “pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación”. Pueden ser perdonados todos los delitos de manera total o parcial. Su concesión se hace en nombre del jefe del Estado, actualmente el rey Felipe VI, y la tramita el Ministerio de Justicia. Aunque la gracia está en manos del Gobierno, se requiere un informe del tribunal sentenciador sobre el caso concreto. El perdón es individual y no colectivo. Ello implica que se revisarían individualmente todas las solicitudes presentadas y que podrían tener resultados diferentes. El indulto, además, no borra las responsabilidades económicas añadidas a la estancia en prisión o las costas, cuya cuantía aún ha de ser establecida en este caso.

Eso sí, la estrategia de las defensas parte de dos presupuestos que no necesariamente serán realidad. El primero es que la sola presentación de la petición de indulto podría conllevar una suspensión de la entrada en prisión. Habitualmente, es un proceso de una duración de alrededor de un año y, según fuentes judiciales, la práctica habitual es que se acuerde posponer el ingreso en un centro penitenciario solamente en el caso de que la estancia sea tan corta que pudiera ser ineficaz un hipotético resultado positivo de la petición política al Gobierno. En el 'caso De Miguel', Ochandiano y Tellería tienen más de seis años de cumplimiento efectivo, Sánchez Robles siete años y De Miguel justo nueve. Y el segundo es que todas las partes están dando por hecho que se acordará una suspensión de penas si ninguno de los delitos supera los dos años aunque la suma global sí lo haga. Se trata de una posibilidad contemplada en el artículo 80.3 del Código Penal pero la última palabra la tiene el tribunal y previo informe de la Fiscalía, que aún no ha comunicado públicamente cuál será su posición. También se verían afectados por este supuesto otros dos implicados, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (Montés antes de cambiarse el apellido).

Ochandiano, contable de profesión y que ha ocupado algunos cargos de segunda fila en Osakidetza o en la Diputación de Álava, ejerció como arquitecto de la red empresarial capitaneada por De Miguel, si bien Kataia Consulting estaba a nombre de las esposas de los tres exdirigentes del PNV alavés. La mujer de Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, también condenada por este caso, realizó operaciones con billetes de 500 euros. Una de las pruebas fundamentales que han permitido acreditar la existencia de movimientos opacos de dinero fue un cuaderno manuscrito en el camarote de Ochandiano con continuas referencias a pagos en “negro”. Buena parte de los esfuerzos durante todo el proceso se centraron en anular esa prueba por supuestas irregularidades en la cadena de custodia que siempre fueron desechadas. En las últimas semanas, Ochandiano ha sido despedido de su puesto en el parque tecnológico de Miñano, sociedad pública dependiente del Gobierno vasco, y la Administración autonómica ha acordado también vetarle en una próxima convocatoria de empleo público y rescindir la plaza interina que tenía su esposa en el Departamento de Salud.