La Audiencia Nacional ordenó en abril la expulsión de España y la prohibición de entrada al territorio durante diez años de un confidente de la unidad antiterrorista de la Ertzaintza, actualmente conocida por las siglas OCI (Oficina Central de Inteligencia). Se trata I.B., de 42 años, residente en Vitoria y expresidente de una asociación de argelinos en Euskadi. Lo considera un peligro para la “seguridad nacional”. Fue arrestado en 2018 por la Policía Nacional acusado de adoctrinamiento y captación de yihadistas, y condenado a cinco años por la Audiencia Nacional; pero el Tribunal Supremo lo absolvió de todos los cargos en 2021 tras un juicio en el que una comisaria de la OCI declaró en su favor y explicó algunas de sus misiones. En este cuerpo han acogido la noticia, que fue explicada parcialmente por El Correo, con “indignación”. Entienden que la Policía Nacional traslada con ello un “mensaje” a posibles informantes de otros cuerpos ya que, en su momento, I.B. no quiso colaborar con ellos.
El arresto de I.B. se produjo en diciembre de 2018 en el barrio vitoriano de Ariznabarra. Lo ejecutó por la noche un equipo de Intervención de la Policía Nacional y se distribuyeron imágenes tanto de ese momento como de su traslado posterior a los vehículos policiales, como la que acompaña esta información. Una investigación previa lo consideraba colaborador de la organización terrorista Daesh (el autoproclamado Estado Islámico) y reclutador de jóvenes. “Juro por Dios que no soy terrorista. Soy antiterrorista. Lo juro por Dios”, gritaba, no obstante, el detenido, que pasó una temporada en prisión preventiva hasta que quedó absuelto de todos los cargos casi tres años después, como recogió este periódico.
Eran los meses posteriores al atentado de Las Ramblas de Barcelona, que se produjo en agosto de 2017 y que ha sido el segundo más relevante en España de una célula yihadista desde el 11M de Madrid. La Ertzaintza, que tras el final de ETA quiso especializarse también en la lucha contra el terrorismo internacional, lo captó en una visita a una mezquita. La OCI nunca ocultó que hizo una ronda por todos los templos islámicos más representativos. Este joven, con los ertzainas presentes, se quejó del trato recibido por la Policía Nacional, a cuyos agentes acusó de “brutalidad”. Y ahí empezó una relación.
En medio, surgió la figura de Amira Chafchaf. Bajo este alias se escondía, en verdad, una agente encubierta de la Policía Nacional autorizada en una investigación iniciada en 2016. I.B. contactó con Amira por Facebook y, un día después, avisó a la Ertzaintza, aunque no le proporcionó todos los datos reales. Era mayo de 2018. La OCI le “agradeció” su “colaboración” y le pidió que no contactara más con esa mujer ya que habían constatado que era un perfil ficticio y que había hasta tres muy similares.
La investigación contra I.B. puso de manifiesto los mensajes que se cruzaron. Amira era, aparentemente, una joven de 19 años residente en Granada que buscaba consejo para enrolarse en la yihad. Su interlocutor la desanimó de viajar a Siria pero sí le empujó a que leyera textos religiosos y estudiara marketing y comunicación para hacer proselitismo. Llamó mucho la atención de la Policía Nacional que I.B. adoptara medidas de seguridad como ir cambiando de plataforma de comunicación para hablar con Amira hasta acabar contactando con un QR que había que escanear para poder hablar. La historia acaba con I.B. queriéndose traer a Amira de Granada a Vitoria para casarse con ella bajo la promesa de cobrar “1.100 euros” de ayudas sociales del Gobierno vasco. En diciembre, este cuerpo decidió intervenir y registró su casa. La Ertzaintza admitió que estuvo siete meses sin tener noticias de su confidente, pese a lo cual lo defendió expresamente en el juicio.
La Audiencia Nacional condenó por terrorismo a I.B. Pero el Supremo le enmendó la plana. Se da la circunstancia de que ahora, de nuevo, es la Audiencia Nacional la que considera que este hombre es un peligro para la seguridad nacional. La Comisaría General de Información, que es la máxima unidad antiterrorista de la Policía Nacional, presentó un informe con argumentos similares a los desestimados por el Supremo para lograr su expulsión de España. La abogada de I.B. recurrió, esta vez a una sala central de lo contencioso-administrativo, recordando que un procedimiento administrativo no puede juzgar de nuevo hechos que ya han sido descartados en la vía penal.
Pero el tribunal, compuesto por los magistrados José Luis Gil, Alicia Sánchez, Margarita Pazos, Fátima Blanca de la Cruz y Eduardo Hinojosa, entiende que hay “hechos probados” que, aunque no sean suficientes para ser considerados un delito, bastan para acreditar que I.B. vulnera el artículo 54 de la normativa de Extranjería, que fue aprobada por las Cortes Generales en 2000. En concreto, estima que hay “evidencias” de que este sujeto representa “una amenaza para la seguridad nacional con independencia del devenir que haya tenido” el proceso penal. “En definitiva, el conjunto de las actividades del recurrente ponen en peligro la seguridad nacional”, sentencia la Audiencia Nacional.
En seis folios, esta resolución judicial aparecen atribuidas a I.B. algunas frases. “Quiero venganza y tienes que ayudarme. España tierra de guerra. Vas a coger con tu mano la venganza” es una de ellas. Y de nuevo emerge una figura oscura y poco explicada, la de un testigo protegido que ya apareció en el juicio. Se trata de una persona que colabora con la Policía Nacional y que recibió un mensaje del hermano de I.B. tras el arresto. Le acusaba de chivato: “La Ertzaintza sabe que has sido tú”.
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