La familia del preso muerto en la cárcel de Zaballa el pasado 28 de febrero, Malek, de 22 años, ha pedido al juzgado que se investigue si la administración penitenciaria, ahora ya el Gobierno vasco, ha obrado con “la diligencia debida” durante las semanas previas y el día mismo del fallecimiento. La familia se ha personado en la causa que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital alavesa y aportará al juzgado toda la información recabada “para contribuir a esclarecer lo ocurrido”.
Fuentes de la familia han emitido un comunicado en el que son especialmente duros con las instituciones vascas, a las que acusan de tener una “actitud fría y victimizante” hacia ellos. “Fuimos nosotras quienes contactamos con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en busca de ayuda y no al revés”, asegura la familia, quien también denuncia que desde las instituciones penitenciarias mostraron “asombro” cuando la familia pidió hacerse cargo del cadáver. “Nos llegaron a decir que había sido un 'mena' y que no tenía familia”, dicen. Asimismo, aseguran que no les permitieron decidir la funeraria que se haría cargo del cadáver y que éste “fue trasladado al tanatorio Lauzurica, donde los precios son muy elevados”. Denuncian también que “a pesar de haber insistido en la religión de Malek” tuvieron que “apartar cruces cristianas y propaganda de la sala” en la que se encontraba el difunto.
Los familiares critican en su comunicado el apoyo financiero que se les ha prestado, que consideran “insuficiente”. “La institución solo se hizo cargo de una parte de los gastos y nos vimos obligados a tener que trasladar el cuerpo a un tanatorio que pudiésemos pagar”, aseguran. “Hemos pasado más horas negociando con el Departamento de Justicia que llorando a nuestro muerto”, afirman. Critican que, en un principio, el Departamento ofreció únicamente 1.800 euros a la familia y que “fue tras varias horas de negociaciones cuando accedieron a pagar 5.000 euros”, “algo que la familia considera ”insuficiente“, ya que solo los gastos funerarios ascendieron a 7.000 euros, a los que hay que sumar los más de 5.000 de la repatriación” del cadáver.
Esta versión sobre el trato recibido contrasta con las manifestaciones de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, que, tras ser interpelada al término del Consejo de Gobierno por la denuncia de la familia, se ha mostrado sorprendida porque ella misma había estado con la madre del fallecido, que se había mostrado “muy agradecida” con la ayuda prestada por el Gobierno vasco, tanto “espiritual como psicológica”, ha asegurado. “Hemos estado con ellos, con el acompañamiento durante esos días tristes, por lo que no sé muy bien a qué se debe ahora la denuncia”, que no obstante ha señalado que analizarán. Incluso se ha mencionado la presencia de un imam.
La familia se ha quejado también de que el pasaporte del preso fallecido no les fue entregado en el momento porque “las instituciones no lo tenían en su custodia”. “¿Cómo es posible que las instituciones tengan una persona en su custodia y pierdan su documentación?”, se preguntan. Lo mismo sucedió con el certificado de defunción, que debería habérselo entregado la funeraria y el que tuvieron que ir a buscar al Juzgado de Paz de Nanclares de la Oca, cerca de Zaballa, “porque nadie lo daba”, lamentan. Y recuerdan que sin estos dos documentos los trámites de repatriación no pueden iniciarse. “La familia quiere mostrar el dolor sentido por el trato institucional lo que asegura ha dificultado de sobremanera el inicio de un duelo que ya en sí es muy doloroso”. En este trato incluyen también la presencia en su opinión de “policía secreta” durante el velatorio “haciéndose pasar por antiguos educadores de Malek”. Aseguran que entraron directamente e intentaron interrogar a la familia. “Había muchos niños que habían pasado por centros en el tanatorio. Nadie conocía a esos educadores que estuvieron un tiempo dando vueltas por las inmediaciones del tanatorio”, explican.
El cuerpo de Malek se encuentra todavía en Euskadi a la espera de poder ser repatriado a su lugar de origen. La familia se encuentra a la espera de que el Consulado Argelino emita un salvoconducto consular que dé vía libre para el traslado del cadáver. Los familiares sí han agradecido “el cariño y respeto” mostrado estos días por “diferentes profesionales” como “psicólogos, traductores, abogados o periodistas” y “en especial el de la Comunidad Musulmana que se implicó desde el primer momento en la recolecta de dinero para su repatriación”. En solo dos días han sido dos los presos muertos en cárceles vascas. Tras aparecer este preso muerto en la cárcel alavesa, 24 horas después de encontraba otro preso muerto en la cárcel de Martutene, en Donostia. Sobre ambos casos el Gobierno vasco tiene abierta una investigación.
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