Habrá que esperar hasta que el próximo día 22 Imanol Pradales jure su cargo como lehendakari en Gernika para saber cómo se reparten las carteras por áreas y quién se hace cargo del ámbito industrial en el Gobierno vasco en la legislatura que arranca. Pero el nuevo consejero -o consejera- se encontrará con una hucha llena para invertir en empresas tractoras y garantizar el arraigo empresarial. Son más de 200 millones de euros contenidos en el fondo Finkatuz que el Gobierno de Iñigo Urkullu no ha querido o no ha podido gastar hasta ahora. La última inversión es de 2022, y fue la entrada en la empresa aereonáutica ITP Aero, la tercera compañía en la que el Gobierno vasco tomó una participación a través de este fondo después de haberlo hecho en CAF y Kaiku. No hay más.
Finkatuz, el instrumento creado para propiciar participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas y evitar así que los centros de decisión salgan de Euskadi, lleva paralizado desde hace año y medio, un periodo en el que ha recibido aportación de los presupuestos generales vascos, pero no ha realizado ninguna inversión. Según la memoria anual de este organismo, que depende del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) adscrito al Departamento de Economía y Hacienda, y que se acaba de hacer pública, al cierre del año pasado el capital del fondo es de 307 millones de euros, de los que sólo se han ejecutado 104 millones, es decir, apenas el 34% del total, en las tres operaciones citadas, Kaiku, CAF e ITP. Durante el año pasado no se materializó ninguna. Esto supone que cuenta con un montante de 203 millones de euros para realizar “futuras operaciones” que, de momento, siguen sin concretarse.
Durante el año pasado la memoria de Finkatuz muestra unos ingresos de 982.000 euros a cargo de los dividendos repartidos por las empresas en las que tiene participación. Es una cantidad que se elevará el año que viene porque CAF vive un excelente momento que repercutirá en dividendos de los accionistas. El año pasado el Gobierno ingresó por esta empresa 886.000 euros, mientras que 96.000 euros corresponden a Kaiku. Tampoco está contabilizado aún en esta memoria el dividendo que ITP repartirá entre sus socios este año que ascenderá a 600 millones. En lo que se refiere a los gastos de Finkatuz, suman 209.000 euros por gestión y administración además de abogados y notarías. En total, 773.000 euros de beneficio, aunque el fin del fondo no es generar rentabilidad.
El fondo nació al calor de operaciones que hicieron saltar todas las alarmas industriales en Euskadi, como por ejemplo la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel, una empresa que ha recibido importantes ayudas públicas y que ahora se encuentra diluida en una gran multinacional y es poco más que una marca dentro del gigante Masorange, tras la fusión con Orange. Luego vinieron otras como la compra de Ibermática por parte de Ayesa o las polémicas sobre Gamesa, integrada en Siemens. Todas ellas empresas en las que las variaciones en el accionariado han alejado a la empresa de Euskadi, aunque mantenga la sede en territorio vasco porque las decisiones importantes se toman a miles de kilómetros de distancia.
Es decir, Finkatuz trata de ser un fondo preparado para poder responder a la necesidad de acometer inversiones en el capital de empresas para evitar en los posible que los centros de decisión y el accionariado quede completamente al margen alejados de los intereses vascos. Ese fue el motivo de la inversión en ITP Aero empresa, de la que el Gobierno vasco tiene un 6%, y cuyo accionista mayoritario es Bain Capital y en la que participa también el Gobierno central a través de la presencia de la Sepi en Indra. El Gobierno sienta un consejero en el Consejo de Administración de la empresa gracias a la toma de capital en la que invirtió alrededor de 65 millones de euros. También tiene un consejero en CAF de la que tiene el 3% del capital, al que ha llegado a través de dos operaciones de compra que han supuesto una inversión de 32 millones de euros. En Kaiku ha realizado tres inversiones para hacerse con el 7,31% del capital con una inversión de siete millones de euros.
Lo cierto es que no puede invertir en cualquier empresas y, de entrada, están completamente excluidas las empresas en crisis que tienen otras vías de ayudas. Tienen que ser empresas con un volumen de facturación superior a 100 millones de euros y cuyo nivel de empleo sea, al menos, de 50 empleados, que pertenezcan a sectores considerados estratégicos como aeronáutica, alimentación, automoción, biociencias, contenidos digitales, ecoindustrias, energía, maquinaria, productos e instalaciones siderúrgicas, tecnologías electrónicas y de la información, y transportes. La participación mínima oscila entre el 3% o 5%, en función de si son sociedades cotizadas o no, y un máximo de un 20% del capital, aunque los porcentajes pueden varias pero nunca superar el 49% del capital.
La fórmula, entrada en el capital del Gobierno, con poder de influencia en el consejo, es a la vez su ventaja y su mayor dificultad, porque en muchas ocasiones los accionistas privados no quieren que los votos del consejero que representa a un Gobierno condicionen las decisiones estratégicas de la empresa. El Gobierno de Urkullu, ya saliente, ha señalado en múltiples ocasiones que está estudiando posibles operaciones. Ya será el Gobierno de Pradales el que deberá concretarlas o materializarlas.
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