La Fiscalía de Álava ha iniciado una doble preinvestigación penal a raíz de las dos denuncias del sindicato ESK por presuntas irregularidades en la parte del servicio de ambulancias de Osakidetza prestado por la contratista catalana Grup La Pau. En el primer caso, hay una doble imputación contra la empresa por uso indebido de dinero público al entender que han sido continuadas las anomalías en la prestación del servicio de transporte sanitario en Álava -del calibre de que algunos vehículos no hubiesen pasado la ITV en dos años- pero también contra el director de Aseguramiento y Contratación del Departamento de Salud, Frumencio Molinero, al entender que pudo incurrir en prevaricación al no atender las quejas previas a la vía judicial que fue recibiendo. En el segundo caso, la denuncia se refiere exclusivamente a los representantes de Grup La Pau por no haber cumplido con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Lo habitual es que estos procesos investigadores duren un máximo de seis meses tras su admisión a trámite y que, si se apreciaren indicios de delito, se eleve la causa a un juzgado de instrucción. No es la primera denuncia interpuesta por ESK en Osakidetza. El caso más relevante, también denunciado por LAB, fue el de las aparentes filtraciones en las oposiciones médicas de 2018. Por otro lado, Molinero, como alto cargo de la Administración vasca dentro del equipo de Gotzone Sagardui, deberá elevar un consulta a la Comisión de Ética para que analice su posición, aunque es criterio ya común que solamente en caso de celebración de juicio se fuerce un cese.
“Esperemos que inicien el proceso investigador lo antes posible”, ha confiado el portavoz de ESK en Osakidetza, Patxi Nicolau. Ha insistido en que, sobre este caso, el sindicato ya había denunciado “reiterados incumplimientos” en la contrata en vía administrativa -“con hasta nueve escritos”- antes de acudir a los tribunales y que el Gobierno vasco había hecho caso omiso a todos ellos. La central se había apoyado para esas quejas en informes de la Inspección de Trabajo, que ha impuesto sanciones por valor de “más de 100.000 euros”, según Nicolau. ESK ironiza que la “respuesta” de Salud a las quejas ha sido la de no solamente no rescindir la contrata en Álava -100 millones de euros en tres años- sino la de prorrogarla y sumarle zonas de Bizkaia -130 millones de euros-
Javier Acuña, delegado de ESK en Grup La Pau, ha hablado de que las irregularidades son tangibles y que ponen en “riesgo” la seguridad de trabajadores y pacientes. Ha asegurado que algunas ambulancias con problemas mecánicos “no se reparan” y que estuvieron dos años sin pasar la ITV. Nicolau, tras estas palabras, ha calificado a firmas como ésta de “empresas piratas” que gestionan un “servicio público”. Ha añadido también que la parte de Emergencias no externalizada ha sido “catastrófica” en este verano. “En el 80-90% está privatizado. Sigue siendo así que porque el PNV tiene muchos intereses en que esto siga siendo así”, ha agregado Nicolau, que ha recordado que incluso se contratan médicos extranjeros que por ley no podrían lograr una plaza en Osakidetza para atender algunos servicios.
Grup La Pau, que antes de que el 1 de agosto entrara en vigor la nueva contrata también había recibido críticas de la competencia, ha exhibido en un comunicado su “absoluta disposición” a colaborar con la Justicia. Ha pedido que se investigue “a fondo” para que se desechen las acusaciones falaces -según su criterio- de un sindicato “radical”. “La Pau no tiene nada que ocultar y recuerda que es una cooperativa de economía social sin ánimo de lucro que, en sus 40 años de trabajo, jamás ha cometido ni ha sido condenada por ningún tipo penal de los que la denuncia habla”, han argumentado. Destacan que en el concurso se impusieron a otras firmas que son o multinacionales o fondos de inversión. En julio, a preguntas de este periódico, sí admitió haber recibido sanciones de la Inspección de Trabajo.