La Fiscalía y el Ayuntamiento de Astigarraga batallan por abrir una investigación del “genocidio” franquista

El Ayuntamiento de Astigarraga, un municipio de unos 6.000 habitantes pegado a Donostia y gobernado por EH Bildu, y la Fiscalía de Gipuzkoa están peleando en los tribunales para que al menos se investiguen cuatro crímenes ocurridos en la localidad durante la Guerra Civil y la dictadura, a los que se suman dos casos de violencia parapolicial de la Transición. Según fuentes judiciales, está previsto que en las próximas semanas la Audiencia Provincial analice los dos recursos y decida si enmienda la decisión inicial de un juzgado de Donostia, que archivó la querella automáticamente a comienzos de 2024 y sin realizar ninguna actuación ni entrar al fondo por considerar que son hechos prescritos y que no hay responsables directos vivos que puedan ser investigados y, en su caso, condenados. Los hechos denunciados fueron tipificados inicialmente como “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” ya que implican “detención ilegal, asesinato, lesiones, torturas, violación o apropiación indebida” y, de abrirse una causa, sentaría un precedente para depurar en los tribunales la represión franquista. La denuncia original de EH Bildu en Astigarraga -citando un artículo de lo que califica como “nuestra Constitución”- recuerda que España está sometida a normas internacionales que obligan a “perseguir” este tipo de graves vulneraciones de derechos humanos.

Los casos que se pretenden investigar son media docena. Se menciona a Segundo Mendiguren, “desaparecido” en agosto de 1936, cuando los sublevados estaban procediendo “a sangre y fuego” a la toma de posiciones en Donostia y en el resto de Gipuzkoa. Natural de Ezkio/Itsaso, Mendiguren era vecino de Astigarraga. Salió hacia Donostia para visitar a una hermana y no regresó. Hay sospechas de que fuera fusilado en Oiartzun pero “hasta el día de hoy no ha aparecido ningún resto mortal” que coincida con las muestras de ADN que los familiares han entregado.

Leando Lujambio ingresó en las milicias republicanas el 20 de julio de 1936, es decir, justo tras el golpe de Estado. Fue detenido y enviado a un calabozo. Al cuarto día ya no estaba preso. Un alguacil, en euskera, le dijo a la familia “bereak egin du”, lo que interpretaron como que lo habían matado. “A los días siguientes había cuerpos en las cunetas de la carretera de Oiartzun. Mi padre, que era el más joven de sus hermanos y tenía 14 años, fue con su madre a ver si lo encontraban. La abuela daba vuelta a los cuerpos, que estaban la mayoría boca abajo. Pasaron horas buscándolo. Pero no lo encontraron. Todavía no ha desaparecido”, narra una sobrina viva. En 2011 localizaron al alguacil franquista vascoparlante, que se echó a llorar sin darles datos. Falleció al poco tiempo.

Rafael Boulandier era también combatiente del bando republicano. En su caso, fue fusilado unos meses después del final de la Guerra Civil, en agosto de 1939. La familia sospecha que las ejecuciones se realizaron en Galarreta y los entierros en Hernani. Por último, Sabino Barandiaran también fue combatiente y sus descendientes abogan por un esclarecimiento de lo que le sucedió.

Asimismo, a la querella se incorporan dos casos de la Transición. Se menciona a Tomás Alba, asesinado por la organización de extrema derecha Batallón Vasco Español (BVE) en 1979, es decir, ya con la Constitución aprobada y después de la amnistía general. Fue tiroteado a la salida de un restaurante en Astigarraga. Meses antes, en julio de 1978 -antes de la Constitución- hubo protestas en Donostia al calor del tiroteo de la Policía Armada franquista, aún operativa, en los Sanfermines de Pamplona, del que resultó fallecido el joven Germán Rodríguez. En una manifestación, un agente de paisano con un arma de fuego disparaba a los presentes. Otro agente también lo hacía, pero con ráfagas de metralleta. “La trágica consecuencia es que nuestro hermano resultó gravemente herido de bala”, lamenta la familia.

El relato de hechos del Ayuntamiento de Astigarraga, apoyado por historiadores, sostiene que el franquismo supuso un “abuso” generalizado para la población en forma de vulneración “sistemática” de sus libertades. Y añaden que la dictadura incluso hizo desaparecer el municipio como tal al anexionarlo en 1941 a Donostia. No se volvió a constituir como entidad independiente hasta bien entrada la democracia, en 1987. “El hecho de retirarle la identidad a Astigarraga, dejando de ser un municipio independiente, puede considerarse una muestra más de los excesos del régimen franquista”, sostienen. Como notas históricas, se reseña que la toma de Gipuzkoa fue comandada por tropas dirigidas por Emilio Mola, luego fallecido en un accidente de aviación durante la contienda, y no se oculta que PCE, UGT, CNT y otras fuerzas republicanas capturaron en un primer momento a 68 insurrectos y que “ejecutaron” a 53 en la cárcel de Ondarreta el 30 de julio de 1936. Astigarraga fue controlada por las autoridades ilegítimas el 13 de septiembre de ese año.

El asunto llegó a finales de 2023 a manos de la juez de Donostia María José Rua Portu. El 10 de enero de este año, sin embargo, ya decidió archivarlo. No hay menciones a la amnistía general acordada en la Transición pero sí a la imposibilidad de acometer siquiera una investigación. En un auto de siete folios, indicó que no se puede pretender aplicar las normativas internacionales que obligan a España a perseguir los crímenes de lesa humanidad porque esos preceptos tienen que estar asumidos y regulados internamente por el Estado y, desde luego, por un “principio de legalidad” y de garantías procesales no se pueden retrotraer a 1936 ó 1939. La “irretroactividad” es un pilar esencial del Estado de Derecho, argumenta la magistrada. Sobre los “desaparecidos”, indica que no se pueden presumir tampoco que sean hechos que se mantengan hasta la actualidad, por lo que no podrían ser investigados. Respecto de los casos de la Transición, apunta que ya fueron investigados y “sobreseídos” en su momento, por lo que no caben más indagaciones aunque en años recientes el Gobierno vasco sí ha aprobado una ley específica para indemnizar a este tipo de víctimas que no encajan ni en la ley del terrorismo ni en las de memoria histórica.

Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Astigarraga como la Fiscalía presentaron largos recursos y confían en que la Audiencia de Gipuzkoa no sólo reabra el caso y ordene una investigación sino en que se siente un precedente que sea válido para otros casos en Euskadi y en España. El ministerio fiscal, según explican fuentes conocedoras del caso, ha acordado el criterio de pelear al menos por abrir este tipo de procesos como un gesto de resarcimiento hacia las víctimas y sus familias. Entiende que no se puede desconocer que en 2022 se aprobó en España una nueva normativa de memoria que precisamente sitúa la sola apertura de las causas como un guiño y sostiene que el juzgado despachó este caso sin tener en cuenta ese cambio legislativo.

“Se observará que se trata de hechos especialmente graves, tales como asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y similares, hechos ejecutados siempre desde estructuras de poder organizadas dentro del Estado o desde una organización afín, estructuras que son aprovechadas por los autores tanto para facilitar la ejecución de los hechos como para procurar su intimidad y, específicamente dirigidos a una persecución y/o represión efectiva de determinados colectivos sociales [...]. La ley de memoria democrática impone una expresa obligación legal de investigar. [...] La jurisprudencia anterior a esa ley menciona en la resolución [inicial de la magistrada de Donostia] corresponde a un marco jurídico bien distinto del actual. [...] También se encuentra implicado el derecho a la verdad”, argumenta la fiscal María Inmaculada Garate.

De su lado, las alegaciones de Astigarraga mencionan que los hechos denunciados “nunca” han sido investigados en España, lo que es “absolutamente impropio” de una democracia. Apuntan también que hay que valorar la “inaplicabilidad” de la amnistía de 1977 porque ponerla encima de la mesa sería tanto como anular las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. “Equivaldría a sostener que toda medida legislativa aprobada con un apoyo más o menos amplio por un Parlamento democrático automáticamente sería internacionalmente 'lícita', aunque su contenido incurriera en contradicción flagrante con las obligaciones internacionales del Estado”, sostienen los letrados municipales, encabezados por Aratz Estomba.

Astigarraga, en todo caso, también interpuso la querella en Argentina, donde en los últimos años se han revisado allí algunos casos como el tiroteo del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde la Policía Armada irrumpió en una asamblea de trabajadores en huelga y dejó cinco asesinados. En 2021, por unanimidad, el pleno -con presencia también de PNV y PSE-EE- acordó adoptar medidas para resarcir a las víctimas locales del franquismo y abrió una oficina para recoger testimonios, que es de donde salieron precisamente los casos ahora denunciados.

Se de la circunstancia de que en Euskadi hubo otro intento reciente -aunque previo a los cambios legislativos- en el que se quiso investigar crímenes de la Guerra Civil. En concreto, en el marco del octogésimo aniversario, se denunció el bombardeo de Durango, cometido en la primavera de 1937 por la aviación de la Italia fascista, que operaba al servicio de los sublevados franquistas al igual que la Alemania nazi. Dejó 336 víctimas. Inicialmente, se abrieron diligencias por tipos penales como “genocidio” o “crímenes de lesa humanidad” pero un magistrado, Javier García, la cerró poco después a pesar de tener una lista con nombres y apellidos de pilotos italianos participantes. Despachó el asunto asegurando que eran “indicios o datos difusos”.