La Fiscalía da por bueno el cierre de la investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas de la Sanidad vasca

La Fiscalía ha decidido dar finalmente por bueno el cierre de la investigación seguida en un juzgado de Vitoria por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), celebradas en el año 2018, y no ha presentado recurso contra el auto conocido en julio de la cuarta magistrada que ha tenido el caso, Blanca Ester Díaz Pulido, que entendió que no había motivos para una nueva prórroga. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía, que precisan que, además, ha habido un cambio en el fiscal asignado a la causa. El titular es ahora Álvaro Delgado, teniente de Carmen Cotelo, la fiscal-jefe. Ha sustituido a Josu Izaguirre, que asumió temporalmente este expediente antes del verano ante la baja de la titular, Cristina Vicente Briansó.

Aunque la decisión no está tomada, todo apunta a que el sindicato ESK, personado como acusación popular, tampoco va a recurrir el cierre de un proceso iniciado en buena medida por las denuncias de tres de sus afiliados, los anestesistas del hospital de Arrasate-Mondragón Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez. Lo de julio se vio como “un paso” y ahora, en septiembre, interpretan que la batalla ha de mantenerse no tanto en el plano jurídico como en el ámbito sindical y político. “Las prórrogas sólo han servido para que corra el tiempo. No podemos estar así 'sine die'. Hay que cambiar de estrategia”, afirma Patxi Nicolau, portavoz de ESK. La central recuerda que, en su momento, se prometieron medidas de mejora de las OPE y el objetivo ahora es que sean efectivas para acabar con una práctica clientelar que -entienden- no fue excepcional en 2018.

Así las cosas, cerrados los plazos de recurso, solamente LAB -también acusación popular- mantiene la necesidad de que continúe la investigación. Nada más conocerse la resolución de la juez Díaz Pulido ya emitió un comunicado en el que consideraba que se había producido un “cierre en falso” y que esta resolución solamente podía “agradar” a los imputados y nunca a las otras dos acusaciones. “Rechazar la petición de prórroga” supone “renunciar al esclarecimiento de los hechos”, interpretó LAB, que además mantiene que las imputaciones no han de limitarse a opositores y miembros de tribunales de la docena de categorías médicas bajo sospecha de irregularidades, sino que han de alcanzar a la cúpula del Departamento de Salud de la época. La tercera de las magistradas del caso, Cristina Rodríguez Ruiz, rechazó citar al exconsejero Jon Darpón, y cuestionó incluso la utilidad de revisar los exámenes sospechosos de haber sido filtrados cuando los pocos que se han conocido han mostrado indicios de anomalías. “Cerrar en este punto la investigación afianza importantes espacios de impunidad para los filtradores y para la dirección de Osakidetza que impulsa y protege estas filtraciones para mantener el control de la institución mediante una red clientelar que premia con plazas de empleo público a quienes se pliegan ante los planes de la dirección de Osakidetza”, argumentó LAB.

A efectos prácticos, que haya uno, dos o tres recursos es indiferente. La pelota pasará igualmente al tejado de la Audiencia Provincial y se tendrá que pronunciar. LAB alega que tiene pedidas numerosas diligencias y declaraciones y considera que tocaría reabrir la causa para sustanciarlas. De no atenderse su petición, la magistrada instructora deberá emitir un auto motivo en el que explique qué hará con las pruebas recopiladas hasta ahora y con los veinte imputados. Una opción es sobreseer el expediente por no apreciar indicios de delito y la otra es enviar a juicio a todos o a parte de los investigados.

La OPE se celebró en mayo de 2018. Las denuncias se conocieron el 1 de junio, el mismo día en que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Inicialmente, hubo una investigación interna en Osakidetza que estimó que no había “elementos objetivos” para probar la existencia de irregularidades. Después, la Fiscalía abrió otra pieza en la que sí vio indicios de delito y envió el expediente al juzgado de instrucción 2 de Vitoria, por el que han pasado en este tiempo Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta, Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido. En estos años se ha comprobado que la investigación interna de Osakidetza recabó testimonios que apuntaban a la existencia de “tongo” y que no las envió a la Fiscalía. La investigación ordinaria acabó en julio de 2021 y se acordaron dos prórrogas de seis meses hasta julio de 2022, si bien en ninguna de ellas se han producido grandes avances. Entretanto, la asignación de plazas en las especialidades judicializadas sigue parada cautelarmente, como se recordó este lunes en el Parlamento Vasco.