La Fiscalía vasca, dirigida por Carmen Adán, denuncia en la memoria de 2023, hecha pública la pasada semana coincidiendo con la apertura del año judicial en Madrid, que a finales del pasado año “tuvo conocimiento oficioso” del desmantelamiento prácticamente total de la unidad especializada en la investigación de delitos ambientales de la Ertzaintza. Según los fiscales, de la “ya de por sí menguada” brigada -en 2020 se hablaba de apenas diez efectivos- salieron “todos sus miembros salvo dos de ellos”, “incluido el jefe”. Exhiben su “preocupación” por la “importancia” de la “especialización” para abordar tramas de alta complejidad, como son este tipo de investigaciones.
Indica la Fiscalía que las salidas se deben a “ascensos” y “concursos” y que en el momento de redacción de la memoria no se había producido “ninguna comunicación oficial o formal” de los cambios, “ignorándose el nombre y cargo del nuevo jefe, así como el número, estudios y formación de los nuevos integrantes”. En todo caso, se felicitan desde el ministerio público de que los ertzainas que actuaron de apoyo de las investigaciones judiciales abiertas tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar en 2020 continúen asignados a ellas aunque hayan dejado ya esta unidad.
Desde el Departamento de Seguridad, ahora dirigido por Bingen Zupiria pero que lo estaba por Josu Erkoreka en el momento de los cambios, quitan hierro a estas críticas y recalcan que “siempre” que la Fiscalía ha requerido algo a la Ertzaintza se ha colaborado de manera diligente. Indican también a este periódico que “los cambios se realizaron a finales de 2023” y que en 2024 “sí ha habido relación” con el ministerio fiscal.
Las pugnas con el Gobierno vasco en materia de Medio Ambiente son casi un clásico de las memorias anuales de la Fiscalía. En la de 2022, el organismo dirigido por Carmen Adán cuestionó la voluntad de colaboración del área de Medio Ambiente en algunas causas abiertas. La entonces responsable, Amaia Barredo, con rango de viceconsejera, acabó denunciada por la propia Fiscalía e investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación al conceder la autorización al proyecto Valogreene Paper en el municipio guipuzcoano de Bergara. Barredo es ahora consejera con Imanol Pradales, aunque no de Medio Ambiente, y al estar aforada esa causa ha pasado de un juzgado de Vitoria al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es el que continuará la investigación.
Y, en 2021, la Fiscalía lamentó también la falta de medios de la Ertzaintza para hincar el diente a este tipo de delitos hasta el punto de que mostró su preferencia por la Guardia Civil, que tiene desde años un grupo especializado llamado Seprona. Hay también colectivos ecologistas -y algunos de orientación claramente abertzale- que muestran su preferencia por el cuerpo estatal frente al autonómico. El asunto levantó gran polvareda política hasta el punto de que fue uno de los puntos del acuerdo del PNV con Pedro Sánchez para la investidura de 2023. En él, se acota que la Policía prioritaria y ordinaria será siempre la Ertzaintza en este tipo de delitos con la excepción de aquellas tramas de un ámbito superior al autonómico.
Un ejemplo claro de ello sería la investigación por el envío irregular de residuos desde Gipuzkoa hasta Navarra, en el que el cuerpo elegido como Policía judicial es la Guardia Civil. Pero no es el único. La Fiscalía indica que en Gipuzkoa, por “la circunstancia de ser región fronteriza” con Francia, “algunos de los asuntos más importantes” los gestiona el UCOMA, que es como se llama el equipo central de investigación del Seprona.
Adán insiste también, como cada año, en que también es necesario “dotar de mayores instrumentos a la investigación” de los delitos de corrupción. “Sigue siendo muy necesario”, explica en la memoria, recordando expresamente que es una apelación que hace año tras año. Además, pide que “por supuesto” se siga trabajando para ofrecer “una clara protección” a las personas que denuncian estos casos. “Sigue resultando obvia la dificultad para detectar comportamientos delictivos en el ámbito de la contratación pública”, lamenta.
La Fiscalía ha constatado un “creciente” número de denuncias anónimas sobre estos temas. “Generalmente” no vienen acompañadas de “documentación” y a veces llegan con “poca claridad expositiva” de los hechos denunciados. Así pues, el destino de la mayoría de esas comunicaciones es el archivo. En Euskadi no existe como tal una Fiscalía Anticorrupción, aunque sí un delegado para delitos económicos, José Manuel Ortiz, aunque en su ámbito de competencia hay más asuntos que la corrupción, ya que también asumen estafas, contrabando o casos similares. En Bizkaia hay cuatro fiscales, en Gipuzkoa dos y en Álava ni siquiera hay una sección especializada a pesar de que fue allí donde se originó la mayor trama hasta ahora conocida, el 'caso De Miguel', y es la capital y sede de las instituciones autonómicas.
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