La Fiscalía destaca el trabajo en delitos contra el medio ambiente de la Guardia Civil en Euskadi y avisa de “disfunciones” con la Ertzaintza

La Guardia Civil continúa ejerciendo en Euskadi funciones de Policía Judicial en investigaciones relacionadas con delitos de medio ambiente, un asunto que periódicamente solivianta a la Ertzaintza, que tiene la consideración de Policía “integral” y a la que competen de manera ordinaria todos los casos que no sean de ámbito superior al vasco. Así consta en la memoria de la Fiscalía, publicada esta semana, y que se corresponde con actuaciones del año 2020. Es más, el ministerio fiscal destaca algunas “investigaciones propias” del cuerpo estatal y la relación fluida que mantiene con sus agentes mientras lamenta algunas “disfunciones” con la Ertzaintza y a veces falta de comunicación, sobre todo a raíz del derrumbe en febrero de 2020 del vertedero de Zaldibar, que motivó una mayor carga de trabajo a la sección 'verde', compuesta por diez personas.

El texto, coordinado por la fiscal superior vasca, Carmen Adán, significa que “la Guardia Civil ha incrementado el número de intervenciones” en materia de delitos medioambientales. Se menciona que ha habido “derivaciones” por parte del poder judicial a este cuerpo pero también “investigaciones propias en múltiples áreas” como “patrimonio histórico, pesca ilegal de angulas, tratamiento inadecuado de gases fluorados de vehículos fuera de uso o vertidos a cauce, todos temas novedosos”. También se apunta a casos por “envenenamiento de animales con carbofurano” o tramas más complejas sobre la denominada chatarra electrónica que acaba enviándose a África en contendores marítimos.

La Fiscalía dice de la Guardia Civil que todos estos casos “han motivado reuniones muy frecuentes en las que se informaba al detalle del estado de la investigación y los resultados obtenidos, facilitando y dinamizando la tramitación de las diligencias de investigación, casi todas las cuales culminaron en interposición de denuncia en un breve espacio de tiempo”. Por el contrario, la valoración que se hace del trabajo de la unidad 'verde' de la Policía autonómica es diferente: “La sección de medio ambiente de la Ertzaintza ha asumido la labor de la investigación del derrumbe del vertedero. Ello ha provocado una serie de disfunciones en Bizkaia, dado que en un número considerable de asuntos que fueron investigados por las diversas comisarías la sección asesoró sin ulterior seguimiento de la investigación, lo cual ha provocado archivos un tanto precipitados. Se ha reducido el número de comunicaciones en las que se informaba a Fiscalía de los atestados confeccionados en las diversas comisarías, incluyendo aquellos que no se remitían por tratarse de autor desconocido, siendo ésta una valiosísima fuente de información que permite recabar atestado para investigar en diligencias de Fiscalía. Esta situación se ha puesto en conocimiento del jefe de la sección habiéndose detectado tras ello una mayor frecuencia en la información facilitada a Fiscalía”. La Fiscalía de Álava ha detectado también menos capacidad operativa de la Ertzaintza a raíz de lo ocurrido en Zaldibar.  

En este sentido, ya en 2021 uno de los acuerdos expresos en la Junta de Seguridad que sentó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, fue precisamente que la Ertzaintza gestionase en exclusiva estos asuntos. Se acordó en la misma cita en la que se permitió que la Policía vasca pudiera realizar investigaciones en Francia en pie de igualdad con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los gestores de Zaldibar sabían que había “numerosas grietas en el vertedero”

La memoria de la Fiscalía menciona también más detalles sobre la investigación de Zaldibar, que es doble. Por un lado, se analiza la vertiente medioambiental del caso y, por otro, el homicidio imprudente, esto es, la negligencia de los gestores de la empresa Verter Recycling que supuso que quedaran atrapados bajo un alud de residuos los trabajadores Joaquín Beltrán -cuyo cadáver no ha sido localizado- y Alberto Sololuze. La pasada semana trascendió un acuerdo entre el ministerio público, las familias de las víctimas y los tres acusados por el cual asumen su responsabilidad en lo ocurrido y aceptan una pena de prisión de dos años que, al carecer de antecedentes, les permitirá evitar un ingreso efectivo en la cárcel.

La memoria no recoge estas últimas novedades pero sí deja claro que los responsables de Verter Recycling, “dos días antes del derrumbe, tuvieron conocimiento de la existencia de numerosas grietas en distintos puntos del vertedero y de la advertencia de empresas especializadas a fin de paralizar las obras que se estaban realizando y no efectuar nuevos vertidos en el frente del vertedero”. “Pese a ello -añade el ministerio fiscal- no sólo no informaron a los trabajadores del riesgo existente, sino que permitieron que trabajadores de distintas empresas continuaran desarrollando su actividad laboral con absoluta y total normalidad, recibiendo camiones con residuos y continuando las obras de construcción que se estaban ejecutando hasta el instante mismo del colapso y derrumbe del vertedero”.

En el documento también se menciona la dificultad de perseguir los delitos de corrupción, ya esbozada en ejercicios anteriores. Según Adán, “es de esperar que la regulación nacional derivada de la directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión pueda tener un efecto positivo en la investigación y comprobación de estos delitos”. Se trata de una norma para dar cobertura a denunciantes o 'whistleblowers'. No hay referencias a casos concretos del último año pero el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, sí insiste en el problema con el control de los fondos de las pequeñas juntas administrativas de los concejos, que son instituciones de ámbito ultralocal y en las que en numerosas ocasiones han aparecido desfalcos. Hay un “constante goteo de nuevos procedimientos penales por irregularidades en su gestión”, insiste Izaguirre, que pide a la instituciones que no deleguen en la Fiscalía y asuman su labor “fiscalizadora”.