La Fiscalía, al igual que EH Bildu, estudia también la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia en la que absuelve de todos los cargos a las cuatro personas que fueron juzgadas por las facturas abonadas en la localidad de Alonsotegi entre 2011 y 2015 por obras que no se realizaron. Otros dos de los investigados, entre ellos el entonces alcalde por el PNV, José Luis Erezuma, han fallecido ya. Como acusación, el ministerio fiscal sostuvo que esos movimientos económicos eran constitutivos de un delito, aunque al término del juicio se accedió a retirar el cargo de malversación de caudales públicos aunque mantuvo los de falsedad o prevaricación y demandó condenas de unos tres años de cárcel para tres de los cuatro procesados.
Son tres las causas judiciales que se han abierto por la gestión de Alonsotegi entre 1999 y 2005 como son tres los regidores imputados, todos ellos consecutivos. Los hechos fueron denunciados por EH Bildu, entonces en la oposición, pero la Fiscalía ha compartido siempre la existencia de graves irregularidades. El ministerio público ha dado máxima prioridad a este caso y situó como fiscal responsable al delegado en Euskadi para delitos económicos, a José Manuel Ortiz, la figura más similar a la de un fiscal anticorrupción.
El fallo, conocido este miércoles, ha generado una gran sorpresa en las acusaciones ya que los procesados, incluido Erezuma antes de fallecer, habían reconocido los hechos y llegaron a acceder a reembolsar unos 900.000 euros por el quebranto económico causado. Son 680.000 euros en dinero abonado a la empresa Laneder por unos trabajos que no hizo -que salieron de subvenciones de la Diputación en gran medida- más los intereses. Los empresarios de Laneder, de hecho, explicaron que no hicieron las obras por las que cobraron tanto en la fase de instrucción como en el juicio.
La sentencia, que argumenta que no hubo daño para las arcas públicas porque los 680.000 euros eran una deuda de otros trabajos previos, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es lo que analizan ahora tanto la Fiscalía como EH Bildu. Fuentes judiciales no ocultan las dudas de que pudiera prosperar una apelación pero se da la circunstancia de que el segundo de los juicios de Alonsotegi está ya muy próximo y se analizan hechos muy similares -si no idénticos- durante el mandato de Aitor Santisteban, de 2007 a 2011. Entonces también se abonaron facturas a Laneder y a otra firma, Pabisa, por obras que no se realizaron. El tercero de los sumarios, donde decidirá un jurado, es diferente y afecta a la gestión de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.
Una novedad de cara al segundo juicio es que se suma como acusación la Abogacía del Estado. Como la Fiscalía, pide siete años de cárcel. El Estado entra porque los fondos para abonar facturas de trabajos inexistentes salieron también del Gobierno central en aquella época, en concreto del denominado 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, se captaron 1.783.009,17 euros para la Diputación de Bizkaia, 230.068,82 y 231.000 euros del Estado y 24.303,10 y 28.946,13 del propio Ayuntamiento de Alonsotegi.
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