La Fiscalía superior del País Vasco se va a oponer a que Euskadi mantenga después del 9 de mayo, cuando acaba del estado de alarma, el confinamiento perimetral de ámbito autonómico y el toque de queda nocturno, como pretende el Gobierno de Iñigo Urkullu, al igual que confinamientos de ámbito más local en caso de que se supere una determinada tasa de incidencia considerada como de riesgo. Así consta en el informe emitido por el organismo dirigido por Carmén Adán al borrador de decreto elaborado por el Ejecutivo vasco, un texto cuyos detalles no se han dado a conocer pero que está desde este martes en poder del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para su validación previa. Lo único que era público es que esta nueva normativa tendrá una vigencia máxima de seis semanas.
La Fiscalía remarca que no caben limitaciones a derechos constitucionales como la libertad de circulación fuera del régimen excepcional que proporciona el estado de alarma. Según el documento, la normativa general sanitaria de 1986 no permite una “limitación de derechos fundamentales sin mayor concreción objetiva y subjetiva”. “Difícilmente puede amparar medidas restrictivas” que impidan la movilidad por horas o por territorios concretos por más que se vinculen a una tasa de incidencia concreta. De hecho, el texto de Urkullu accedía a levantar el toque de queda y los cierres perimetrales si la pandemia bajaba de 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. No se trata de “proporcionalidad” sino de “excepcionalidad”. “Este tipo de limitaciones debe considerarse reservado a este estado excepcional [el de alarma]. Si hay reserva de ley de estas limitaciones a los estados excepcionales, otra ley no puede saltarse esta reserva. En aplicación de una ley de sanidad de carácter general no pueden adoptarse medidas que limitan derechos fundamentales y que van dirigidas a un conjunto indeterminado de personas. Son medidas propias, con la legislación existente, de los estados excepcionales”, incide la Fiscalía, que con ello parece cerrar la puerta también a la ley antipandemia que tramita el Parlamento Vasco y que se prevé que entre en vigor en junio.
Lo que sí valida la Fiscalía es que se limiten las agrupaciones de personas a un máximo de cuatro. No se ve afectado el derecho de reunión, “más bien se trata de una previsión restrictiva a la participación de encuentros de un número determinado de personas tendente a la disminución del riesgo de contagio”. De hecho, ya en las últimas semanas se habían permitido agrupaciones de más personas cuando se trataba de actos políticos, sindicales o similares.
Esta postura no adelanta la resolución definitiva del tribunal, pero en varias ocasiones anteriores la sala de lo contencioso-administrativo del Superior vasco, presidida por el magistrado Luis Garrido, ya ha tumbado medidas autonómicas puestas en marcha para contener la expansión de la COVID-19 con argumentaciones similares, incluso dentro del estado de alarma. El ministerio fiscal, según indican fuentes jurídicas, mantendrá una posición homogénea en todas las comunidades autónomas y, de hecho, ya ha emitido un criterio desfavorable al toque de queda que había anunciado Baleares.
El plan se activaba con la tasa por encima de 200
Oficialmente, Urkullu no había confirmado que su intención era dejar cerrada Euskadi, que es la comunidad con mayor incidencia en la actualidad. Se encuentra en alerta roja, con cerca de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, 300 puntos por encima de la media española. En la UCI, además, la ocupación todavía hoy es la más alta de la toda la segunda fase de la pandemia, iniciada en el verano del año pasado. Sin embargo, este periódico pudo confirmar que las comunidades vecinas conocían ya los planes del Gobierno vasco. Incluso, no sin polémica y algunos desmentidos, el dirigente cántabro Miguel Ángel Revilla lo expuso públicamente.
El plan completo era el siguiente. Cuando la tasa superase los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días -un nivel del que no se ha bajada desde el verano pasado- se fijaba toque de queda a las 22.00 horas y hasta las 6.00 horas de la mañana siguiente, un límite de cuatro personas en reuniones sin contar convivientes y el cierre perimetral de la comunidad autónoma. A ello se le sumaba un semáforo municipal similar al actual en vigor: cuando el nivel pase de 400, esas localidades -si tienen más de 5.000 habitantes- quedarían también confinadas.
Sí había insistido en que la actual situación epidemiológica no permitía suavizar restricciones y que deseaba una prórroga del estado de alarma. Ante el 'no' del Gobierno de Pedro Sánchez, su 'hoja de ruta' pasaba por un decreto autonómico que salvara el máximo medidas actualmente en vigor. El texto inicial está en manos del Tribunal Superior de Justicia desde este martes y, como máximo, el viernes emitirá su dictamen escuchada la Fiscalía. Será ese día cuando Urkullu reunirá a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi, y firmará el decreto definitivo, previsiblemente sin sus puntos fuertes. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) lo recogerá en una edición extraordinaria este sábado y entrará en vigor a las 00.00 horas del domingo, inmediatamente después de que decaiga el estado de alarma.
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elDiario.es/Euskadi
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