La Fiscalía pide siete años de cárcel por delitos “continuados” de malversación y falsedad para el exalcalde del PNV en Alonsotegi Aitor Santisteban

La Fiscalía de Bizkaia, en un escrito firmado por el especialista en delitos económicos José Manuel Ortiz, pide siete años de cárcel para el exalcalde de Alonsotegi por el PNV entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban, por la presunta comisión de delitos “continuados” de malversación y falsedad documental, así como por prevaricación y fraude en las subvenciones. El ministerio público da por probado que se falseó la ejecución de obras para cobrar más de dos millones de euros en subvenciones, tanto forales como estatales.

La cantidad consta en el apartado de responsabilidades civiles, detalladas en 1.783.009,17 euros para la Diputación de Bizkaia, en 230.068,82 y 231.000 euros para el Estado y en 24.303,10 y 28.946,13 para el propio Ayuntamiento de Alonsotegi. Habrán de afrontarlas, en caso de acreditarse, todos los acusados de manera “solidaria”.

“Las obras aparentemente ejecutadas fueron las que se indican a continuación y para crear dicha apariencia e incorporar a su patrimonio los fondos indicados, tramitaron expedientes a los que dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad y uniendo los correspondientes decretos de Alcaldía dictados por el señor Santisteban”, se puede leer en el documento, al que ha tenido acceso este periódico pero que data del 24 de enero. Indica la Fiscalía que en el exregidor concurre el “agravante” de que que se “prevalió” de su cargo público para cometer los delitos.

Serán juzgados también Alberto Zulueta (se pide para todos ellos también siete años de prisión), Roberto Fernández, Javier Bediaga, Eduardo Ibarra y Saúl Fonseca. Son empresarios o asesores implicados en las irregularidades denunciadas. Otro imputado, Juan Torrontegui, falleció durante la investigación, por lo que se extingue toda su responsabilidad.

Entiende la Fiscalía que el alcalde, el asesor municipal a través de la mercantil Arkideiak, Alberto Zulueta, la empresa Pabisa (en la actualidad Campezo) y la empresa Laneder, “puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, decidieron aparentar la ejecución de una serie de obras en el municipio” para cobrar subvenciones. Se trata de un plan para imprevistos de la Diputación de Bizkaia y el conocido como Plan E de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, según detalla el fiscal Ortiz, los expedientes irregulares serían unas obras de arreglo a causa de unas inundaciones en el camino de Artiba y en el campo de fútbol de Basteita, la reforma de los servicios sociales en el mismo recinto deportivo y la urbanización del eje urbano de Loibe. El escrito describe cómo Santisteban firmó numerosos decretos para garantizar la tramitación de estas obras, incluidos los pagos por las obras aparentemente certificadas.

La presente es la segunda de las causas por corrupción en la pequeña localidad vizcaína de Alonsotegi. Está pendiente el primer juicio, relativo a la etapa 2011/2015, pero con el cambio de que falleció el exalcalde entonces, José Luis Erezuma. En este proceso, en el que tanto Erezuma como los empresarios estuvieron a punto de confesar los hechos, el 'modus operandi' fue muy similar, con certificaciones aparentemente ficticias para ingresar subvenciones. Hay una tercera pieza, más lenta, que afecta a la etapa de otro exalcalde peneuvista, Gabino Martínez de Arenaza, en el cargo entre 1999 y 2007.