La Fiscalía rebaja a tres años y medio la petición de cárcel en el primer juicio por corrupción de Alonsotegi

La Fiscalía ha rebajado a tres años y seis meses la petición de cárcel para los acusados en el primer juicio por corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi durante mandatos de tres alcaldes del PNV, que ha arrancado y quedado visto para sentencia este mismo martes. El fiscal, José Manuel Ortiz, ha retirado de la calificación la acusación de malversación, aunque mantiene para tres de los cuatro acusados - el arquitecto Alberto Zulueta, y los constructores Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra- los delitos de prevaricación, fraude de subvención y falsedad documental. Para Marta Novo, arquitecta del ayuntamiento, y que también se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados, el fiscal ha cambiado el criterio y ha pedido la absolución. De esta forma, se queda sola la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento que ahora gobierna EH Bildu, en su petición de de ocho años de cárcel -porque mantiene el delito de malversación- para los cuatro acusados que han llegado a juicio, ya que otros dos imputados han fallecido, uno de ellos el que fuera alcalde de Alonsotegi durante la época en la que sucedieron los hechos que se juzgan, José Luis Erezuma, que gobernó el que consistorio entre 2011 y 2015.

A Erezuma al haber fallecido, ya no se le pueden imputar responsabilidades penales pese a que su nombre ha sobrevolado toda la vista como el artífice de la trama. Otra cosa será si el tribunal entiende, cuando haya sentencia, que tiene responsabilidad económica, y que tendrían que asumir sus herederos. Estas responsabilidades se refieren a la devolución a la Diputación Foral de Bizkaia de los 600.000 euros que se otorgaron al Ayuntamiento de Alonsotegi como subvención para realizar unas obras que nunca se hicieron, más los intereses correspondientes, así como 63.277,36 euros al Ayuntamiento de Alonsotegi, en concepto de responsabilidad civil, petición a la que se suma la acusación que representa a la institución foral. La acusación popular eleva el dinero a reponer a 680.000 euros más los intereses -porque el Ayuntamiento arbitró una partida de 80.000 euros para estas obras- pero pide que sea el consistorio el receptor de la indemnización por considerar que es el que resultó perjudicado con la trama.

A la vista celebrada este martes en la Audiencia Provincial del Bizkaia se llegaba con tres de los acusados -el arquitecto Alberto Zulueta y los dos constructores de la empresa Laneder- que ya ha habían reconocido que recibieron entre los tres 680.000 euros del Ayuntamiento de Alonsotegi que en principio estaban destinados a unas obras que no se realizaron. De hecho, los tres, junto al alcalde fallecido, alcanzaron un preacuerdo para evitar la cárcel a cambio de devolver los 680.000 euros más 200.000 de intereses, aunque finalmente el acuerdo se rompió porque se incumplieron los calendarios de pagos y se retiró el pacto. Pero este reconocimiento de los hechos no ha evitado una maratoniana vista que se ha alargado hasta pasadas las cinco de la tarde con sólo dos pequeños recesos tras la petición de uno de los acusados y de un letrado para poder ir al baño. El juicio, que tenía como hora de inicio las 9.30 de la mañana, ha arrancado con unos cuarenta minutos de retraso por distintos motivos, como que se había colgado internet o no se podía grabar las intervenciones. “Se cae hasta la bandera”, ha ironizado el presidente de la sala Ángel Gil, cuando la enseña de España que presidía la sala se ha caído en un cúmulo de sucesos que parecía no augurar nada bueno en un juicio que se ha retrasado en múltiples ocasiones. Finalmente el juicio se ha celebrado sin más problemas y ha quedado visto para sentencia.

La acusación ejercida por la Fiscalía considera que ha quedado probado que el alcalde Erezuma utilizó la subvención recibida desde la Diputación Foral de Bizkaia, de 600.000 euros destinada a realizar obras de reparación ocasionados por unas inundaciones en tres puntos del municipio -el sótano del ayuntamiento, el muro de una carretera y el del ambulatorio-, para saldar una deuda por casi idéntica cantidad que Ayuntamiento mantenía con la empresa Laneder, que en esos momentos se encontraba a punto de entrar en suspensión de pagos. Además, se usó la cantidad restante para pagar al arquitecto Zulueta -que también figura como imputado en los otros dos juicios relacionados con el Ayuntamiento de Alonsotegi y que están por celebrar- con el que el consistorio tenía deudas pendientes. Es decir, que el dinero no se usó para el fin que estaba destinado, pero sí para solventar la deuda del propio Ayuntamiento, por lo que el fiscal no aprecia malversación.

Sí aprecia el delito de fraude en la subvención por usar el dinero de la Diputación, que era una subvención finalista para unas obras concretas, para otras cuestiones. Y alude a los de prevaricación y de falsedad documental en los tres acusados como colaboradores necesarios del alcalde.

Uno de los constructores, Francisco Javier Bediaga, ha vuelto a reconocer en su declaración de este martes que el alcalde Erezuma le ofreció cobrar una deuda de 600.000 euros por sus trabajos en el ambulatorio del pueblo haciendo tres nuevas facturas con cargo a otros tres trabajos que dio por hecho que no se iban a realizar. “Necesitaba cobrar, me propusieron esto después de tres años de sufrimiento”, ha relatado en el juicio insistiendo en que lo que quería era que le pagasen porque la empresa estaba en una situación crítica y no se lo pensó más. “Me dijeron que la única forma de cobrar era que hiciera esas tres nuevas facturas y es lo que hice”, ha indicado. Eduardo Ibarra, el otro socio en la empresa, sólo se ha ratificado en su declaración en la instrucción reconociendo los hechos porque se le ha eximido de declarar por problemas de salud.

Al contrario de los constructores, el arquitecto Zulueta ha señalado en su declaración que en todo momento pensó -y afirma que el alcalde así se lo dijo- que se iban a realizar las obras y que sólo se retrasaban. Y que el dinero se estaba adelantando para hacer las obras con posterioridad y para dar salida a la empresa. En este sentido, ha señalado que Erezuma se encontró con muchas deudas en el Ayuntamiento cuando llegó al cargo, y era consciente de que el dinero que se debía a la empresa Laneder por parte del consistorio era lo que había llevado a la compañía a la crisis y “quería darle margen para que se recuperara”.

Zulueta fue el encargado de elaborar los informes sobre los daños de las inundaciones que sirvieron de base para que la arquitecta del ayuntamiento elaborara el escrito que se remitió a la Diputación solicitando la subvención y que el alcalde pidió a Novo “de un día para otro” por lo que no comprobó si los daños declarados eran ciertos y se fio de lo que le pedía el alcalde y del informe de Zulueta. El fiscal ha solicitado su absolución.

En la vista han declarado como testigos a petición de la acusación popular el actual alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que entonces, en febrero de 2012, era diputado de Presidencia en la Diputación foral de Bizkaia. Aburto ha reconocido su firma en la autorización de la subvención, pero ha señalado que no recuerda haber firmado “esa subvención en concreto”, porque “cada semana firmaba cientos de órdenes forales”. La acusación particular, que ha interrogado también a varios de los funcionarios que participaron en el informe para conceder la subvención, ha intentado demostrar con sus preguntas que la concesión del dinero estaba dirigida independientemente de los daños de las inundaciones, pero todos han señalado que se concedió el dinero conforme a la normativa y no recibieron ningún tipo de consigna.

Por su parte, los testigos citados que eran funcionarios del Ayuntamiento relacionados con la contabilidad han ratificado que en el Ayuntamiento no figura ninguna deuda contable por pagar a Laneder pero tampoco está registrado en ningún sitio que se haya pagado. También han declarado como testigos los concejales de EH Bildu que realizaron la denuncia al intuir que la obras no se habían llegado a realizar. Este partido gobierna desde 2023 en el pueblo al haber ganado las elecciones.