La Fiscalía ha urgido esta semana a la magistrada de Vitoria María Elena Rodríguez Molpeceres para que inicie de una vez la investigación por las supuestas irregularidades en la concesión de autorización por parte del Gobierno vasco al proyecto de revalorización de residuos papeleros Valogreene Paper de Bergara, en Gipuzkoa. Una preinvestigación del ministerio público a raíz de una denuncia de Ekologistak Martxan estimó el pasado año que la entonces viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Amaia Barredo, y el todavía director del mismo área, Javier Agirre Orcajo, habían podido cometer un presunto delito de prevaricación -que no está penado con cárcel en ningún caso pero sí con inhabilitación- al dar luz verde a un proyecto cuando, aparentemente, en la tramitación habían cambiado de raíz los planes iniciales de los promotores, que sí hicieron que el Ayuntamiento local, de EH Bildu, modificara radicalmente su postura.
La existencia de esta investigación se conoció en julio de 2023. El caso trascendió en el momento en que Barredo fue nombrada para ser diputada de Medio Ambiente de Álava. No había informado de su imputación ni al diputado general, Ramiro González, ni al PNV cuando le propusieron el cargo y accedió a él con normalidad, como informó en su momento este periódico y más tarde ella mismo acabaría confirmando. Sin embargo, ya entonces Barredo repetía que no tenía conocimiento alguno del estado de las diligencias judiciales, residenciadas en el juzgado de instrucción 3 de Vitoria a raíz de la denuncia de la Fiscalía. Ahora, más de medio año después, no se ha movido un solo papel de este sumario, que ha recibido el código 615/23.
Fuentes judiciales añaden que esta sala tiene en cola más de mil asuntos, cinco veces más que lo normal. El caso de Bergara no es el único de relevancia pendiente de tramitación o de resolución y el malestar entre los operadores judiciales está muy extendido con el funcionamiento del juzgado. Estas mismas fuentes indican que Rodríguez Molpeceres, natural de Segovia, ya ha pedido el traslado a Valladolid. Antes ha estado en Galicia y Asturias. Su caso más conocido fue el procesamiento del histórico presidente del Deportivo y dirigente del PP gallego Augusto César Lendoiro. En Vitoria, fue la responsable de la investigación contra la exportavoz de EH Bildu en Vitoria, Miren Larrion, que acabó aceptando una condena por usurpación de identidad de una colega para la apertura de una cuenta bancaria, un caso en el que se tuvieron en cuenta sus problemas de salud mental.
El escrito de la Fiscalía, en el que se demanda un “impulso” al expediente, es ya el segundo en estos meses. Y ambos se expresan en el mismo sentido. Existe también un profundo malestar en Ekologistak Martxan, que formalizó a la vuelta del verano una ampliación de la información de que disponía con nuevos datos sobre el proyecto Valogreene Paper y que en ningún momento ha recibido tampoco respuesta alguna. En concreto, plantean que se analice también la inclusión de este proyecto en Bergara en los listados de planes candidatos a recibir fondos europeos Next Generation EU, concretamente 17,5 millones de euros.
Valogreene Paper, muy en líneas generales, es un proyecto de tratamiento de lodos de papelote y de depuradora para su aprovechamiento. En un inicio, recibió luz verde urbanística del Ayuntamiento de EH Bildu en la localidad guipuzcoana, pero el alcalde, Gorka Artola, revocó después la licencia. El PNV de Gipuzkoa opinó entonces que lo hizo “bordeando peligrosamente la prevaricación administrativa”, el mismo delito del que ahora está acusada Barredo. Este tipo penal consiste en dictar una resolución administrativa a sabiendas de que es ilícita. Barredo, por el contrario, ha insistido públicamente en que ella en todo momento se fundamentó en el criterio de los técnicos para autorizar el proyecto.
En su momento, Barredo recibió el visto bueno de la Comisión de Ética del Gobierno vasco para seguir como viceconsejera hasta que, en su caso, se llegara a juicio. Es criterio consolidado de este foro que una investigación o una imputación no baste para la dimisión, salvo que el delito revista una gran alarma social o que sea flagrante. También el órgano equivalente de la Diputación se expresó en el mismo sentido unos meses después, cuando cambió de institución.
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