La fiscal superior, Carmen Adán, se ha felicitado de que poco a poco esté calando la idea de que quienes son testigos de una agresión sexual o de un caso de 'bullying' sin ayudar a la víctima y oponerse a ello son cómplices también del delito. Adán, citando el ejemplo de las violaciones en manada, ha afirmado que “el que está en el grupo contribuye de manera eficaz” a intimidar a la víctima y facilitar los hechos. Y también ha desterrado la idea de que “la actitud pasiva” en un aula “no tiene consecuencias”. “Todo el grupo tiene que ser partícipe” contra el acoso, ha explicado.
Adán ha hecho una panorámica este lunes en el Parlamento Vasco de la situación delincuencial en Euskadi. En medio de la eterna duda en torno a si el aumento de casos conocidos supone que hay más criminalidad o simplemente que se denuncia más, ha hablado de cuestiones más vinculadas con las instituciones, como el Medio Ambiente o la corrupción, pero también de cambios sociales. “Es evidente que falta de educación sexual o el acceso a la pornografía en edad temprana hace que cada vez haya más autores menores que no tienen conciencia de estar cometiendo un delito de agresión sexual”, ha puesto como ejemplo. “Hacen lo que han visto en la televisión o en las redes”, ha añadido.
La fiscal superior vasca se ha referido también a la “esencial” e “importante” coordinación policial para combatir la violencia de género, que presenta “cifras demasiado elevadas”. Ha señalado que “es muy grave” que todavía hoy no estén interconectadas las bases de datos de la Ertzaintza, EBA, y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el denominado Viogen. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, prometió recursos en los presupuestos de 2024 para acometerlo, pero la Fiscalía insta ya “a superar los obstáculos”. Este mismo año, en mayo, una mujer con el máximo nivel de protección en Valencia vino a Vitoria, su localidad natal, y no tuvo custodia porque ella misma manifestó que la rechazaba. El caso acabó con el asesinato de esta joven, que estaba embarazada y que tenía otro menor a su cargo que fue testigo de los hechos. Precisamente sobre los menores, Adán ha indicado que ya no va a ser necesario que sean testigos visuales de la violencia contra sus madres, sino que bastará con que “lo oigan” o lo “perciban” para que sea un indicio más en la investigación.
En todo caso, Adán ha indicado que la Justicia sí es más ágil con la violencia hacia las mujeres, la seguridad vial y los delitos contra el patrimonio que en otras ramas. Como cifra, ha asegurado que en 2022 se suspendieron 3.600 juicios, el equivalente a un 20% de los 20.000 programados. Ha recalcado, igualmente, que el centenar de efectivos que componen el ministerio público en Euskadi es insuficiente para cubrir todas sus funciones y también que sigue habiendo algunas carencias de tipo material. Y ha destacado que un elevadísimo número de casos se cierran con acuerdos de conformidad, es decir, con los acusados asumiendo el delito a cambio de una rebaja de la condena. Son entre el 40% y el 50% en Bizkaia pero entre el 75% y el 85% en Álava y en Gipuzkoa.
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