Funcionarios de la sede central del Gobierno vasco, en Vitoria, van a hacer un parón este viernes para protestar por lo que ellos consideran una “doble vara de medir” que conduce al Ejecutivo a propugnar el teletrabajo y alentarlo entre las empresas privadas como fórmula ideal para hacer frente a la ola de COVID-19 en la que se encuentra inmersa Euskadi y, al mismo tiempo, no prorrogarla entre los propios trabajadores de la Administración. “La conciliación y la salud no tienen interrupción, son necesidades continuas”, se quejan, por ejemplo, desde el sindicato LAB ante la vuelta a la presencialidad completa que ha llegado con el final de la última prórroga a comienzos de febrero.
La duración del teletrabajo y su distribución a lo largo de la semana viene definida por un decreto de 2012 que también establece 'cadencias' de un mínimo de seis meses entre periodos de teletrabajo. “Excepcionalmente, por razones de urgencia y necesidad de la prestación de servicio que lo justifiquen, se podrán autorizar nuevos periodos de teletrabajo antes de que haya transcurrido este tiempo mínimo, de una duración no superior a dos meses”, apostilla. Ahora, sin embargo, se está negociando una modificación del decreto que, según fuentes del Ejecutivo, prevé recoger “las actualizaciones necesarias del texto anterior correspondientes tanto a un análisis pormenorizado de puestos susceptibles de prestarse en modalidad no presencial como a nuevas situaciones que pudieran surgir en el desempeño del servicio”.
Según los datos del Gobierno vasco, la última convocatoria, la de 2020, tuvo carácter anual por la pandemia y, tras iniciarse el 8 de noviembre de ese año y pese a que finalizaba el 7 de noviembre de 2021, se prorrogó hasta el 31 de enero de 2021. Esos mismo datos elevan a 800 el número de trabajadores que se beneficiará a partir de febrero de una nueva convocatoria.
Interinok Taldea, una agrupación nacida en 2019 al calor de la alta temporalidad en la Administración, denuncia que ha quedado excluida de las negociaciones para dar forma a ese nuevo decreto y señala la “hipocresía” y el “doble rasero” de un Gobierno que defendió el teletrabajo para hacer frente a la ola de COVID-19 que propició la variante ómicron y que ahora, en cambio, no permite a sus trabajadores extender en el tiempo esa modalidad. “Hay trabajos que se pueden hacer en remoto, con escasa o puntual presencia en las oficinas, y eso puede ayudar a sobrellevar el pico de la pandemia”, señaló la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, en enero. “Cuando el confinamiento [en los primeros meses de 2020], la mitad de la plantilla estuvo teletrabajando y el trabajo salió”, sostiene Izaskun Fernández, de LAB, que pone esa etapa como ejemplo de que es una modalidad viable y que puede ajustarse a las circunstancias.
Mendia, aun así, pertenece al ala socialista del Gobierno, mientras que al frente del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, del que dependen estos trabajadores, está la 'jeltzale' Olatz Garamendi. Sindicatos que sí han estado presentes en estas negociaciones, como LAB, aseguran que desde el Gobierno se propuso un trueque —un “chantaje”, en sus palabras— entre dos puntos del mismo artículo 8 del decreto actual: a cambio de reducir esas 'cadencias' y permitir que sean más breves entre periodos de teletrabajo, se proponía —siempre según una versión de LAB que no ha sido ni confirmada ni desmentida por el Departamento de Garamendi— reducir de tres a dos el número de días de teletrabajo a la semana. “Si en el mismo borrador del nuevo decreto se prevé reducir los periodos de cadencia, ¿por qué no se hace ya?”, se pregunta Fernández. “Hay mucha falta de planificación y también de voluntad para adoptar el teletrabajo como algo normal”, se queja. Las negociaciones, aun así, se rompieron y desde ambas partes se señala que están a la espera de retomarlas.
Tanto LAB como Interinok se quejan también de que las comunicaciones han sido siempre de última hora y sin apenas margen. “Las decisiones se toman siempre a última hora para ponernos en una situación muy difícil y tratar de romper la cuerda”, protestan desde Interinok. Y LAB secunda esta idea, pues señala que, según se iba a acercando el final de la convocatoria en noviembre, desde el Gobierno vasco no se confirmaba la prórroga y no fue hasta cuando faltaba apenas un mes que les llegó la primera propuesta.
Fernández asegura, además, que desde el Gobierno vasco se llegó a alegar que, dado que las solicitudes de los trabajadores habían sido tardías, no había margen ni medios para brindar los portátiles necesarios a aquellas personas que se fuesen a acoger a esa modalidad de trabajo. “La Administración tiene los portátiles correspondientes a las personas que tengan que teletrabajar en cada momento de acuerdo con su solicitud. Los y las teletrabajadoras dispondrán de un portátil para la fórmula de teletrabajo en el momento en que comiencen a prestar servicios en esta modalidad”, se zanja, sin embargo, desde Gobernanza Pública y Autogobierno, que matiza también que “no debe confundirse” el teletrabajo con el trabajo no presencial. Y lo ilustra con un ejemplo: “Si las condiciones sanitarias lo aconsejaran de manera excepcional (por ejemplo, si Osakidetza mandara a todos a trabajar a casa a trabajar excepcionalmente), se propondría un trabajo no presencial, que es muy diferente al concepto de teletrabajo como fórmula laboral organizada y coordinada para la que se requiere una formación específica”.