Aunque la web oficial del Gobierno vasco ha titulado este mismo viernes que el vicelehendakari Mikel Torres considera “muy bueno” el proyecto de presupuestos del Ejecutivo para 2025, la realidad es PNV y PSE-EE, a las pocas horas, han autoenmendado el proyecto de presupuestos conocido en octubre y plantean 34 modificaciones por valor de 15 millones e introducir otras dos disposiciones de relevancia legislativa pero sin contenido económico en el articulado. A diferencia de las centenares de enmiendas registradas por la oposición, estas medidas serán aprobadas sí o sí dada la mayoría absoluta de ambas formaciones en el Parlamento.
Las enmiendas económicas implicarán la compra de furgonetas de la Ertzaintza o inversiones sanitarias como el prometido nuevo PAC de Vitoria, que sustituirá al cerrado en los últimos años en San Martín. Pero también duplicarán las subvenciones de los centros regionales de comunidades como Extremadura o Galicia. En cuanto a los nuevos artículos, buscan ampliar la cobertura de las ayudas Emantzipa, los 300 euros para jóvenes que apenas han movilizado en su primer año el 15% de los 53 millones habilitados, y también dar cobertura legal a ocupaciones temporales o incluso expropiaciones de suelo para ejecutar proyectos de “utilidad pública”.
Un tercio de los 15 millones adicionales van para Vivienda. Son 2 millones más para compra de suelo, 1,5 para obra nueva destinada a jóvenes y 1,5 para reforzar el “alquiler asequible”. Salud acapara otros 3,3 millones. Ahí va el incremento de 0,75 millones para Vitoria, con el segundo PAC de la capital y el nuevo ambulatorio del Casco Viejo como destino. Hay también 0,4 para el hospital de Mendaro y 0,75 para el de Usansolo. Se reserva otro millón para nuevas tecnologías y 0,4 para una unidad para pacientes con COVID-19 persistente en el hospital de Basurto.
La cartera de Educación mejorará su dotación en 0,85 millones para tres programas, uno de “refuerzo” en matemáticas y lectura en las aulas, otro llamado Eraldatzen y un tercero para subvencionar al centro formativo de Otxarkoaga para la atención de menores migrantes. En Seguridad sube el presupuesto en 2,37 millones. Se prevé comprar seis nuevas furgonetas y vehículos de Intervención. Son 620.000 euros para ello. El resto es para un “software de apoyo en inteligencia e investigación criminal”.
Otras partidas van destinadas a personas sin hogar, para viviendas intergeneracionales, a favor de la emancipación en zonas rurales, para llevar fármacos a personas mayores en zonas aisladas de Bizkaia y Gipuzkoa, para un programa piloto de llevar comida preparada a personas con incapacidad para cocinar o para el relevo generacional en el campo. Simbólicamente, se crea una partida de 0,1 millones para el “compromiso” de “fomentar” un SMI más alto por la vía de la negociación colectiva. Hay también 0,5 millones para inserción laboral de migrantes, 1,75 millones para euskera -incrementando las ayudas a los medios de comunicación en lengua vasca, por ejemplo- o para entidades como Fundación Cita Alzhéimer. Se han duplicado, igualmente, las partidas para los colectivos extremeño, andaluz, castellanoleonés y gallego, de 10.000 a 20.000 euros.
Se aprobarán también -y aquí han dado el visto bueno igualmente EH Bildu y Sumar- dos ayudas simbólicas para la causa saharaui (0,23 millones) y para apoyar la defensa de Pablo Ibar, el vasco encarcelado en Estados Unidos. Es habitual que ambas enmiendas sean acordadas cada año por estas fechas.
Sin embargo, PNV y PSE-EE han introducido también vía enmiendas dos importantes cuestiones que no figuraban en el articulado original y que también saldrán adelante. Por un lado, el Ejecutivo mejora ya las condiciones de acceso a Emantzipa, los 300 euros mensuales para jóvenes de hasta 30 años y que no han terminado de funcionar como se preveía. Se va a meter una disposición adicional que flexibiliza los requisitos de modo que se sube de 28.000 a 30.000 euros el máximo de renta anual para pedirla en el caso de solicitantes individuales y de 34.000 a 36.500 para las parejas. Como justificación, PNV y PSE-EE indican que había un plazo para hacer la modificación a la luz de la ley general de subvenciones sino se querían problemas jurídicos el 1 de enero de 2025.
Y, por otro lado, se plantean medidas ejecutivas que pueden llegar a la expropiación para proyectos “en materia de investigación agraria, ganadera, acuática, pesquera, alimentaria y ambiental financiados con cargo a los créditos para inversiones”. PNV y PSE-EE los declaran “de utilidad pública” y si hay una “necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes”, tendrá cobertura legal la “expropiación”, la “ocupación temporal” o la “imposición o modificación de servidumbres”. “Se considera esencial para garantizar el interés general y facilitar la ejecución de proyectos que son tundamentales para avanzar en el desarrollo de proyectos de investigación que fomentan el uso eficiente de los recursos naturales, la adaptación a los cambios climáticos y la implementación de tecnologías avanzadas, lo que resulta relevante para el desarrollo del sector agrario. Además, redundará en la generación de empleo y fortalecimiento de las capacidades locaras, contribuyendo al bienestar y progreso socioeconómico de las comunidades rurales”, argumentan los partidos del Gobierno en su enmienda.
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