Garamendi acota la transferencia de Migración a lo laboral pero el Gobierno vasco dice no renunciar a la acogida

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha informado al Parlamento Vasco de que la posible transferencia de las competencias en materia de Migración, ahora en manos del Estado, estaría acotada a la gestión de “autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena” y a la “participación de Euskadi en la gestión del contingente de trabajadores extranjeros en lo que se refiere a trámites de carácter laboral”. De las negociaciones habría quedado fuera otro punto que figuraba en documentos anteriores y que hacía referencia expresa al “acogimiento y atención socio-sanitaria y orientación de las personas inmigradas a la comunidad autónoma de Euskadi, política de integración de las personas inmigradas, integración social y económica, lingüística y cultural”. Sin embargo, otras fuentes del Ejecutivo insisten en que sobre la mesa hay “más cosas que los permisos de trabajo” y que así se lo trasladaron en noviembre al ministro José Luis Escrivá tanto Garamendi como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

La respuesta parlamentaria, enviada a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, coincide con el debate abierto en torno a la propuesta del Gobierno central de reabrir la antigua Clínica Arana de Vitoria para reconvertirla en centro para refugiados. Las cifras iniciales que se barajaban eran 350 plazas y unos 14 millones en inversiones. La parte del PNV del Gobierno vasco, así como de la Diputación de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria, habían criticado el “macrocentro” porque podría generar “guetización” y lo habían contrapuesto con el “modelo vasco” de acogida. Además, era un argumento recurrente que estaba en negociación un traspaso de esta competencia, lo que hacía imprescindible que se pactara el proyecto con las instituciones locales.

Sin embargo, la sola lectura de la respuesta de Garamendi mostraría que la acogida de extranjeros no cambiará de gestor en caso de transferencia y que el Gobierno de Iñigo Urkullu lo daría por bueno. Otras fuentes recalcan que no es así y se remiten a documentos anteriores en los que se describen claramente las funciones de acogida como uno de los pilares de la negociación. El área de Artolazabal, que tiene ya una dirección de Migración y Asilo, ha insistido en ello especialmente en las últimas semanas en relación con el debate de la Clínica Arana. Históricamente, Euskadi ha reclamado estas materias como desarrollo natural de sus atribuciones en materia de Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Vivienda. Las fuentes consultadas recalcan que Catalunya, que llegó a un acuerdo con el Estado, gestiona más servicios que las autorizaciones de trabajo. “Lo que aparece en la respuesta es correcto pero incompleto”, abundan sobre lo enviado a la Cámara.

Desde el Gobierno vasco, de hecho, se designó un grupo de trabajo para “avanzar” en este sentido. Se trataba de un equipo negociador conformado por un alto cargo de Presidencia, Jonan Fernández, por la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, por el directo de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, y por la directora de Autogobierno del equipo de Garamendi, Begoña Pérez de Eulate. A pesar de la literalidad del documento enviado al Parlamento, desde el Ejecutivo recalcan que “claramente” es un deseo que la transferencia incorpore los puntos relacionados con la acogida. Lo que se asume desde la parte autonómica es que lo relativo a documentación -como ocurre con el DNI y pasaportes de los nacionales- y solicitudes internacionales seguirá siendo sí o sí competencia exclusiva del Estado.

En todo caso, recoge Garamendi que las negociaciones se están retrasando en demasía. “Como es público, en el cronograma de negociaciones de los traspasos pendientes, la materia de Inmigración se encuentra [...] con una previsión de materialización de la transferencia de octubre de 2021. Si bien es patente que tal expectativa temporal ha quedado incumplida, esta consejera viene manteniendo contactos con el Gobierno del Estado con el objeto de cumplimentar el citado traspaso”, explica la titular de Gobernanza Pública y Autogobierno a la Cámara. Desde Euskadi apuntan también a que Escrivá va ya por el sexto director en la materia. También se han sucedido los cambios al frente del Ministerio que gestiona las relaciones con las comunidades y los traspasos, el de Política Territorial.