El vídeo dura 129 segundos, está editado y tiene música de fondo. Arranca con una imagen de la entrada del hospital Santa Marina de Bilbao y recoge la vacunación de sus profesionales desde la llegada de las dosis en un envase de Bexen Medical, la empresa que las conserva, hasta el propio pinchazo. En el minuto 1.09, aparece la única persona de todas las que la reciben que viste traje y corbata. Detrás de la mascarilla está José Luis Sabas, arquitecto de profesión y gerente del centro hospitalario. El montaje ofrece la sensación de que fue algo planificado y deliberado.
Sabas, antes de dirigir Santa Marina, un centro en el que la COVID-19 ha tenido mucha incidencia por el perfil de sus pacientes, fue responsable del administrador de infraestructuras ferroviarias de Euskadi (ETS) y antes todavía concejal del PNV en Bilbao. Desde que se conoció que él y el gerente del otro hospital bilbaíno, el también exconcejal Eduardo Maíz, se sumaban a otros cargos políticos o militares de España que se habían saltado la cola, Sabas se ha esforzado por tierra, mar y aire en hacer ver que su vacunación no era irregular y que, incluso, tenía el visto de la mismísima consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que este miércoles se verá forzada a dar explicaciones en el Parlamento ante el fuego amigo. Tan es así que ha cerrado una entrevista en una televisión local para contraprogramar a Sagardui, quien también fue edil en Bilbao aunque en una época posterior.
El entorno de Sabas esgrime una conversación por Whastapp con Sagardui en la cual, siempre según su versión, la máxima responsable de la Sanidad vasca le dio el visto bueno a que se vacunara él y toda la plantilla de Santa Marina. La consejera lo ha negado ya públicamente y lo volverá a hacer en el Parlamento. Frente a la sugerencia de algunos grupos de la oposición de que debería dimitir, cuenta con el respaldo explícito del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien públicamente ha expresado su "rabia" y "tristeza" por lo ocurrido. La versión de los hechos es que nadie puede interpretar que cuando Sabas planteó la inmunización de todo el hospital se incluyera a los gestores. “En ese protocolo no entran los cargos directivos”, ha subrayado Urkullu preguntado por este asunto en una rueda de prensa compartida este martes con Sagardui.
El segundo caso es el de Maíz. En un inicio se explicó que la situación más sencilla era la de Sabas, porque había dimitido 'motu proprio' tras hacerle ver la irregularidad cometida. El gerente de Basurto se vacunó el 3 de enero a las 22.00 horas. Era domingo. Por aquel entonces el plan de vacunación de los sanitarios ni siquiera estaba diseñado. Se inmunizó con 'culillos' de las dosis de Pfizer para las residencias vascas, donde han muerto casi 1.000 personas y donde han seguido apareciendo brotes ya iniciada la campaña de vacunación. Se resistió a dejar el cargo. Por fechas, este fin de semana ha tenido que recibir la segunda dosis. Sagardui ha explicado que a nadie se le negará el suero, sea o no irregular el primer pinchazo, pero Osakidetza no confirma que haya sido así con Maíz por motivos de “confidencialidad” de los actos médicos.
LAB presenta una denuncia en el juzgado: “La vacuna es un bien escaso”
Entretanto, el sindicato LAB ha presentado un denuncia en el juzgado de guardia de Bilbao para que se investigue si esta vacunación irregular puede ser constitutiva de delito. Cita en concreto la prevaricación o incluso la malversación. “Es un bien escaso, inaccesible para los particulares sin la intervención suministradora de la Administración, y de extraordinario valor”, alega el sindicato, que incide en que no se trata del valor exacto de lo que ha pagado el Estado por cada dosis sino de la incidencia social de lo ocurrido.
LAB también denunció las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza de 2018 y sigue personado en la causa, de la que se ha convertido uno de sus principales impulsores. Asegura que acuden a la Justicia ordinaria porque de aquel caso salieron sin “confianza” de que la anunciada investigación interna llegue hasta el final. “Exigimos una investigación imparcial que aclare cómo han ocurrido los hechos, que depure todo tipo de responsabilidades y que aclare si esta práctica se ha producido en otras OSI [Organizaciones Sanitarias Integradas]”, inciden desde la central en un comunicado.
Según Sagardui, Osakidetza investigará todas las vacunas administradas a sanitarios para comprobar si se ajustan a los protocolos fijados. En primer lugar, se estableció que la recibirían los profesionales de equipos de “primera línea” contra la COVID-19, tales como las dotaciones de UCI. Tanto el lehendakari como la consejera -“por respeto al Parlamento”- no han dado detalles de este análisis a los medios de comunicación y se prevé que sea en la Cámara cuando Sagardui informe de los datos recabados.
elDiario.es/Euskadi
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